En uno de los casos que mejor refleja la importancia de la labor de las ONG integrantes del Programa Antídoto, creado a finales de los años noventa para afrontar la lucha contra los cebos envenenados, un coto de caza del término municipal de Medranda (Guadalajara) ha sido sancionado con 25.000 euros de multa y la suspensión de la actividad cinegética por dos años. 

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha resuelve así el expediente sancionador abierto contra este coto, tras el hallazgo en su interior de algunos de los veinte animales muertos en un caso de envenenamiento masivo ocurrido hace dos años en una zona protegida por la Red Natura 2000: el LIC “Valle del río Cañamares”.

Uno de los cadáveres encontrados en este coto era el de un águila de Bonelli o perdicera que portaba un emisor para su seguimiento. La señal emitida por este dispositivo permitió el hallazgo de este ejemplar y dio la pista para que los Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, con la ayuda imprescindible de una patrulla de perros especializados, diesen con el resto de los animales muertos, la mayoría buitres leonados y otras aves rapaces.

Se da la circunstancia de que otro coto colindante con el anterior, pero en el término municipal de Castilblanco de Henares (Guadalajara), también se encontraron animales muertos por el mismo episodio de envenenamiento e incluso los cebos utilizados para envenenarlos. Algunos de estos cebos se localizaron en la boca de madrigueras de zorro, lo que indica un uso típicamente cinegético, dirigido a eliminar, de manera masiva y delictiva, posibles depredadores de piezas de caza. El coto de Castilblanco de Henares ya había sido objeto de una sanción administrativa meses atrás, que igualmente incluyó la suspensión de la caza por dos años, además de la multa correspondiente.

Posteriormente se confirmó que tanto cebos como cadáveres tenían carbofurano, plaguicida altamente tóxico y cuya comercialización como fitosanitario está prohibida en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que tanto en el coto de Medrana como en el Castilblanco de Henares, los procedimientos sancionadores ya resueltos se abrieron a sus respectivos titulares no por ser los causantes directos del envenenamiento, sino por ciertos incumplimientos de la ley regional 9/99 de Conservación de la Naturaleza: en el primer caso por no informar a las autoridades de la aparición de animales muertos y en el segundo, donde aparecieron los cebos envenenados, por no aplicar en el coto las medidas necesarias para impedir esta práctica ilegal.

Gran relevancia de las ONG

El águila de Bonelli cuyo envenenamiento destapó este caso era objeto de seguimiento por una asociación integrante del Programa Antídoto, GREFA, en cumplimiento de lo previsto en LIFE+ Bonelli, el proyecto subvencionado por la Unión Europea con el que varias comunidades autónomas están intentando la recuperación en España de esta especie amenazada. “Cada vez cobra más relevancia el seguimiento de especies amenazadas que se lleva a cabo desde proyecto como LIFE+ Bonelli para combatir las principales amenazas a nuestra biodiversidad”, explica Ernesto Álvarez, presidente de GREFA.

 WWF España, otra de las ONG integrantes del Programa Antídoto, se ha personado como parte interesada en los procedimientos administrativos que han dado lugar a la sanción de los cotos. Según Luis Suárez, responsable del Programa de Especies de WWF España, “es muy importante que las administraciones apliquen todos los recursos legales a su disposición para perseguir el uso del veneno”, como ha ocurrido en esta ocasión. “Lamentablemente este tipo de sanciones se están produciendo en muy pocos casos en Castilla-La Mancha por culpa de la desidia de la Consejería de Agricultura ante este tema”, concluye Suárez.

 En relación a este caso, GREFA y WWF España agradecen la colaboración de otras ONG como Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife y destacan el buen funcionamiento de todo el engranaje de la lucha contra el veneno, desde los Agentes Medioambientales, la Unidad Canina de detección de venenos de Castilla-La Mancha y el SEPRONA hasta el laboratorio toxicológico del IREC. Además ha sido clave el trabajo jurídico de los instructores de los expedientes y los informes de los técnicos de biodiversidad de Guadalajara.

 Las ONG pedirán a la Junta de Castilla-La Mancha que notifique la firmeza de la resolución a los agentes de la autoridad para que realicen un adecuado seguimiento y garanticen el cumplimiento de la suspensión de la actividad de la caza por el tiempo establecido. En lo que se refiere al envenenador o envenenadores que causaron esta mortandad masiva de fauna silvestre, hay actualmente una causa judicial abierta por vía penal y la fiscalía lo está investigando. 



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