Su envío al parlamento durante los 100 primeros días del gobierno de la presidenta Bachelet fue además un compromiso de campaña. Sin embargo, diversas hebras de la complejidad de un tema que mezcla intereses económicos, laborales y estratégicos para el estado chileno arriesgan con alargar su tramitación:

¿Con qué presupuesto?Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Pese a los recientes anuncios de Chile en la Cumbre del Clima de la ONU, el aumento para la CONAF en el Presupuesto Público 2015 es sólo de un 1%.  Según señaló a La Segunda el ministro de Agricultura, Carlos Furche, esto se debe a que los servicios que reemplazarán a la CONAF (Biodiversidad y Forestal) aún no se crean. De acuerdo a la SINAPROF, que agrupa a los trabajadores profesionales de CONAF, la entidad ya afronta un déficit importante de dinero, ya que cuenta con 1 dólar por hectárea protegida, mientras países de la región como Argentina invierten 8. Potencias turísticas como Costa Rica se empinan a los 18 dólares por hectárea.

¿Quiénes protegerán la biodiversidad?

“No estamos disponibles para trabajar en este proyecto en las condiciones en las que está”. Así se expresó el presidente de los trabajadores de la CONAF, Erry Leiva, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado para manifestar la molestia de guardaparques, ingenieros y funcionarios públicos de la repartición con su exclusión del trabajo pre-legislativo y de la comisión técnica para el nuevo SBAP. “Han desperdiciado el conocimiento específico acumulado en 44 años”, agregó. A esto se suman puntos como la incertidumbre en cuanto al traspaso de grados administrativos y derechos laborales o que la CONAF ya funciona con un tercio del personal que realmente necesita para cumplir sus funciones.

 ¿Qué sucede con el Convenio 169 OIT?

Dentro del proyecto de ley no se consideran los contratos de asociatividad que ha firmado la CONAF con distintas comunidades indígenas a lo Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidaslargo del territorio chileno. Por añadidura, muchas de las hectáreas que serán incluidas bajo la jurisdicción del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas deben pasar primero por un proceso de Consulta Indígena, de acuerdo al Convenio 169 OIT ratificado por el estado chileno, instrumento que hasta ahora no ha sido incorporado en la “Ley SBAP”.

¿Cuál será su relación con el mundo privado?

Una de las críticas más hondas al proyecto tiene que ver con su nula incidencia en los sistemas de producción extractiva intensiva, como son las industrias minera, pesquera o forestal. De acuerdo al informe elaborado por la OCDE para Chile en 2011, estas actividades tienen incidencia directa en el empobrecimiento de la biodiversidad por su acción sobre áreas como el fondo marino, la composición del aire, el uso de aguas o la degradación de suelos. Sin embargo, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas no contempla esta compleja arista, creando incertidumbre tanto en las organizaciones ambientalistas como en futuros inversionistas.

El proyecto, ingresado el 18 de junio de 2014 al Senado, ya lleva doce sesiones en la Comisión de Medio Ambiente, y solo en esta última Ignacio Walker, quien preside la instancia pidió que se constituyera una comisión con trabajadores de CONAF y Ministerios de Medioambiente y Agricultura.  A los retrasos planteados, se suma el  paso que debe dar en la Cámara de Diputados, donde se ve un difícil proceso de tramitación hasta que, finalmente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tenga luz verde para funcionar.



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