Para la Comisión Europea estos planes asegurarán tanto las poblaciones de peces como el sustento de los pescadores de cara al futuro y pondrán fin a la sobrepesca y al agotamiento de las poblaciones pesqueras. La reforma introducirá un planteamiento descentralizado en relación con la gestión científica de las pesquerías por región y cuenca marítima, además de mejores normas de gobernanza en la UE e internacionalmente gracias a acuerdos de pesca sostenible.

Al presentar sus propuestas, Maria Damanaki, Comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, aseguró que “tenemos que tomar medidas ahora para recuperar el estado saludable de nuestras poblaciones de peces para preservarlas para las generaciones de ahora y del futuro. Sólo con esta condición, los pescadores podrán seguir pescando y ganándose la vida decentemente con su trabajo. Esto supone que gestionemos cada población sensatamente, capturando lo que podamos manteniendo el estado saludable y productivo de las poblaciones de cara al futuro. Esto tendrá como resultado mayores capturas, un medio ambiente sano y un abastecimiento de alimentos seguro. Si acertamos con esta reforma, los pescadores y las comunidades costeras saldrán beneficiados a la larga. Y todos los europeos tendrán un mayor surtido de pescado fresco, tanto silvestre como de explotación acuícola”.

Por el contrario, organizaciones como WWF creen que la propuesta de la Comisión carece de una clara visión para reducir la sobrecapacidad de la flota europea, propone una prohibición no efectiva de los descartes y falla en las expectativas sobre la participación de los actores interesados a escala regional y en el liderazgo de la UE en las pesquerías internacionales.

Dicha organización también muestra su preocupación por el énfasis mostrado en la propuesta en la promoción de la acuicultura, instando a garantizar el acceso al espacio costero a nuevas instalaciones acuícolas.  WWF sostiene que cualquier referencia a la acuicultura en la propuesta debería limitarse a su regulación, más que a su desarrollo.  Y  recuerda que el engorde de atún rojo en granjas del Mediterráneo, que ha contribuido notablemente a la sobreexplotación de la especie, se incluiría en la nueva definición de acuicultura, cuando en realidad la capacidad de engorde debería reducirse, si queremos recuperar su población.

Por otro lado, la organización ecologista reconoce que existen puntos positivos como la intención de la Comisión de poner fin a la práctica de los descartes. No obstante, esta prohibición de los descartes, que permite la comercialización de juveniles y capturas fuera de cuota, es una opción nefasta para un problema acuciante. Esta propuesta alentaría a los pescadores a pescar de manera menos selectiva (al existir un nuevo mercado para los descartes), en vez de adoptar artes y técnicas más selectivas, cierres espaciales y otras medidas más eficaces para reducir este problema.

Preocupación en el Ministerio

Por otra parte, La ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, señaló que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas observan con "preocupación" la propuesta inicial de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) que ha presentado la comisaria de Pesca y Asuntos Marítimos, María Damanaki.

Y añadió que "la sostenibilidad, como seña de identidad de la futura PPC, debe ser definida desde el ámbito económico, social y medioambiental". Igualmente, ha considerado que el Rendimiento Máximo Sostenible de las pesquerías que la propuesta de la Comisión Europea fija en 2015 debería aplicarse "en el horizonte de la Estrategia Europea 2020".

En relación con los descartes, Rosa Aguilar ha destacado la necesidad de un "tratamiento singularizado" para que "no se dañen las oportunidades de pesca de la flota".

La ministra también ha resaltado la necesidad de una mayor definición de las líneas generales expuestas en la propuesta inicial de reforma de Bruselas así como su inquietud por el impacto que pueda tener la misma en el empleo.

El nuevo paquete se presenta al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción por el procedimiento legislativo ordinario (codecisión). La Comisión pretende que la adopción y la entrada en vigor de la nueva normativa se produzcan antes del 1 de enero de 2013.  Más adelante este año, la Comisión tiene previsto presentar un nuevo mecanismo de financiación de la política pesquera y marítima que se ajuste al marco financiero plurianual.



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