La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró hoy en el Senado que el Gobierno, en materia de agua, está desarrollando una “política abierta al diálogo, la negociación y el consenso sin dogmatismo y sin descartar a priori ningún tipo de solución, con la búsqueda del apoyo de todas las administraciones públicas y los agentes sociales”.

En todo caso, defendió la modernización de los regadíos, la reutilización de aguas y la desalinización para paliar el déficit hídrico en las regiones del Mediterráneo. En este último punto, recordó que España es el quinto país del mundo que cuenta con mayor número de plantas desalinizadoras. “Queremos agua al servicio de los ciudadanos y queremos que la ciudadanía también se comprometa con los recursos hídricos”, aseguró.

Por otro lado, se refirió a la protección de los recursos marítimos con la creación de nuevas áreas marítimas protegidas (Islas Columbretes, Cabo de Creus, Canal de Menorca, Isla de Alborán y Banco de Galicia). Asimismo, para garantizar la conservación del litoral, aseguró que se continuará con el deslinde del dominio público marítimo-terrestre hasta su total delimitación, así como con los programas de adquisición de fincas, con un “escrupuloso” respeto a la legislación vigente.

Concretamente, explicó que hasta el momento se ha deslindado el 83 por ciento de la costa de España y aventuró que el proceso final se ralentizará debido a que hay muchas actuaciones sometidas a reclamación judicial.

En todo caso, indicó que el ministerio está promoviendo acuerdos con las comunidades autónomas para pactar todas las actuaciones del deslinde del domino público marítimo terrestre. Hasta el momento, se han suscrito con Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia y Valencia y se están negociando con País Vasco, Andalucía, Murcia y Cataluña.

ESTUDIO EN LA BAHÍA DE ALGECIRAS

Espinosa también destacó que desde la nueva división para la lucha contra la contaminación marina, se van a poner en marcha nuevas líneas de trabajo, como la elaboración de un mapa de sensibilidad y riesgo del litoral español y el estudio de la vulnerabilidad de la Bahía de Algeciras y su entorno frente al derrame de hidrocarburos.

Respecto a la lucha contra el cambio climático, la ministra insistió en que el objetivo del Ejecutivo es el cumplimiento de los escenarios planteados en el Protocolo de Kioto, es decir, que España no supere el 15 por ciento de aumento de emisiones de gases de efecto invernadero en 2012 respecto a los niveles de 1990.

Por su parte, el senador del PP José Valín Alonso reclamó a la ministra que revele cuál es “realmente” su política en materia de trasvases y el modelo energético por el que va a apostar para las desaladoras. “Entiendo que este país necesita criterios en ese sentido. Criterios más o menos firmes porque hay que tener en cuenta que cuando se plantean crisis hidráulicas, son muy graves y no hay tiempo para actuar”, subrayó.

NO QUIERE RECORDAR EL PRESTIGE

Mientras, su compañero de filas, José Luis Ramón Torres Colomer preguntó a la ministra si el Gobierno podría hacer frente en la actualidad a una catástrofe similar a la del Prestige. En este punto, la ministra pidió, como gallega, que no le recuerden lo que “hizo llorar a muchos españoles”, la catástrofe del Prestige. “No me refiero a la accidente, que entiendo que se pudo haber producido, sino a la mala gestión del PP”, recalcó.

Finalmente, desde CiU, el senador Joan María Roig, reclamó que el Gobierno ponga en marcha medidas “valientes y sin complejos” para proteger el Delta del Ebro. Roig también se refirió a la necesidad de avanzar en el estudio de la viabilidad del trasvase del Ebro.



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