La legislación europea exige el establecimiento de un registro público con la localización exacta de las variedades transgénicas que se cultivan en cada Estado miembro. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación sólo da a conocer, año tras año, una estimación de las hectáreas cultivadas por provincias.

Según Greenpeace, esta actitud del Gobierno va contra la directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (OMG). Asimismo, incumple la aplicación de la Directiva 2003/04/CE del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental.

El Gobierno Español es consciente de que ha de cumplir con esta obligación de información, y prueba de ello es que en el año 2011 el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino ya estaba tramitando un proyecto de Real Decreto para crear un registro público de parcelas de cultivo. Así figura en el acta de la reunión número 89 de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB) que se celebró el 13 de julio de 2011, en la que se hizo referencia a que se estaba tramitando un Real Decreto con esa finalidad y cuyo último borrador conocido es de julio de 2011.

El Gobierno, en respuesta escrita al Congreso de los Diputados con fecha de 29 de febrero de 2012, indicaba que "existe un borrador de Real Decreto para la creación de un registro público de parcelas cultivadas con Organismos Modificados Genéticamente, que se encuentra en fase de tramitación." Sin embargo, pasado ya más de un año desde entonces, este Real Decreto sigue sin ver la luz.

"España es el único país de la UE que permite el cultivo de variedades transgénicas a gran escala, y lo lleva haciendo desde 1998 sin ninguna transparencia" ha declarado Luís Ferreirim, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace España.

"Greenpeace espera que con esta queja se obligue a España a cumplir la legislación europea y se cree un registro público con la localización exacta de las parcelas donde se cultivan variedades transgénicas. El público tiene el derecho a conocer esta información y el Ministerio de Agricultura está obligado a ofrecerla. Además, es vital para sectores como la agricultura ecológica y la apicultura, donde España es el exponente máximo de la UE", ha concluido Ferreirim.



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