La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destacó ayer, en el Senado, que España instó el martes, 24 de junio, en el marco del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, a la Comisión Europea, a que adoptara medidas de urgencia y estructurales para paliar la situación actual del sector pesquero y asegurar la actividad y la viabilidad de la flota.

Elena Espinosa ha explicado que España, Francia, Portugal, Italia, Grecia, Eslovenia y Malta presentaron el pasado día 17 en Venecia un documento en el que se solicita a la Comisión Europea la utilización de fondos comunitarios así como la cofinanciación por parte del Fondo Europeo de la Pesca para adoptar medidas de urgencia y acompañamiento social y medidas estructurales ante el incremento de los costes de producción.

La Ministra ha señalado que España ha reiterado a la Comisión Europea la urgencia de estas medidas para que puedan ser adoptadas en el Consejo de Ministros de la UE del próximo mes de julio.

Elena Espinosa ha hecho hincapié en la voluntad del Gobierno de seguir trabajando con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y la patronal CEPESCA con el objetivo de buscar medidas que permitan paliar la situación actual por la que atraviesa el sector.

En este sentido, ha hecho referencia a las reuniones mantenidas entre el Secretario General del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, con las empresas Repsol y Cepsa para analizar la comercialización del gasóleo pesquero y medidas que permitan un mejor precio para los pescadores.

La Ministra ha indicado que las empresas se han comprometido a enviar semanalmente información de la evolución de los precios del combustible pesquero así como a establecer un precio beneficioso para la pesca, como grandes consumidores.

Asimismo, Elena Espinosa ha explicado que, en el transcurso de los últimos cuatro años, el Gobierno ha aprobado medidas de gran repercusión económica para el sector pesquero con el fin de paliar los efectos del encarecimiento del gasóleo por un importe superior a los 44 millones de euros en ayudas directas (mínimis) y más de 535 millones de euros en préstamos con una bonificación de intereses de casi 100 millones.



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