Independientemente del retraso que pueda llevar la puesta en marcha del primer programa derivado de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, está claro que nadie podría oponerse a la aplicación de medidas que pretenden mejorar la calidad de vida en el medio rural, como la superación de deficiencias en servicios básicos e infraestructuras, la mejora del patrimonio o el fomento de nuevas actividades económicas.
 
Dentro de esas medidas, se contempla el uso de Contratos Territoriales de Explotación como una forma de apoyar a la agricultura territorial. Es necesario señalar que estos contratos, en caso de aprobarse la norma en tramitación, no serían obligatorios para los agricultores, y tampoco tienen nada que ver con los requisitos medioambientales de la condicionalidad que deben cumplir aquellos que reciben ayudas de la PAC, por lo que no supondrían un aumento de obligaciones.
 
Compromiso con la conservación

Según estas organizaciones esta herramienta busca apoyar a aquellos agricultores y ganaderos que de forma voluntaria suscriban compromisos para la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad, el paisaje, la lucha contra el cambio climático o un mayor avance en la multifuncionalidad de su actividad.

A cambio, tendrían preferencia o prioridad para ciertas ayudas o incluso una remuneración por la producción de estos bienes públicos, no compensados por el mercado, lo que favorecería, además, la fijación de la población en el territorio y la creación o mantenimiento del empleo agrario, especialmente en aquellas zonas donde esta actividad tiende a ser menos productiva o rentable pero posee un alto valor ambiental y social. Además, pueden ser una forma de simplificar la gestión y aplicación, para todas las partes, de un conjunto de medidas con objetivos similares, disminuyendo los trámites burocráticos a los que hacen frente los agricultores y ganaderos en su quehacer diario
 
Asimismo, conviene recordar que ya el pasado 16 de febrero se lanzó otro comunicado firmado como ahora por unas 20 organizaciones, entre ellas, las organizaciones agrarias, UPA y COAG, los sindicatos CCOO y UGT, numerosas organizaciones ambientales, asociaciones de mujeres del medio rural, la Red Española de Desarrollo Rural y otras organizaciones territoriales, manifestando su apoyo a estos contratos.
 
Referente europeo

En Francia ya se pusieron en marcha estos contratos en 1999 y, junto con las enseñanzas de estos años, aún se mantienen. Según un informe del propio ministerio francés, en 2003 se subscribieron 50.000 contratos, el 12% de las explotaciones agrícolas, lo que representa una buena acogida por parte del sector.

Los expertos afirman que han incidido notablemente en una mayor consideración del componente ambiental, han ayudado al desarrollo de signos de calidad y han permitido una apertura del mundo agrario a otros actores del territorio como las organizaciones ambientales, instituciones públicas locales y sociedad civil en general, algo que el mundo rural español necesita igualmente. De hecho, también en España se pueden encontrar casos de aplicación de este tipo de contratos, en distintas fases y/o escalas, como en Baleares, Asturias o Cataluña, y el proyecto de Real Decreto ya en trámite reconoce expresamente la posibilidad de que estos contratos previos puedan seguir manteniéndose una vez aprobada la norma nacional.
 
Por último, los firmantes piden al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y al Gobierno, que se hagan eco del gran apoyo que tienen estos contratos desde la mayor parte de sectores del medio rural, principalmente los propios agricultores, y no dilate más la aprobación un Real Decreto que no supone ninguna amenaza a la agricultura ni a los agricultores, como se plantea desde algunas organizaciones, si no que más bien pretende mejorar el apoyo a aquéllos que aportan más a la sociedad en su conjunto, en términos de paisaje, biodiversidad y cultura. Además, les permitiría prepararse para las nuevas orientaciones de la Política Agraria Común, hacia un mayor compromiso con el medio ambiente y la cohesión territorial.
 



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