El Consejo de Ministros de Agricultura de la UE reunido el lunes en Bruselas, alcanzó un acuerdo político sobre las propuestas legislativas de la Comisión Europea relativas a la comercialización de productos fitosanitarios. El Consejo acepta finalmente el criterio de peligrosidad para excluir sustancias activas, lo que provocará la salida del mercado de productos que hasta hoy habían sido utilizados para proteger nuestros cultivos con totales garantías de de seguridad.

En palabras de Carlos Palomar, Director General de AEPLA, ‘Este acuerdo tendrá un impacto muy negativo sobre la producción de muchos cultivos claves en Europa. El hecho de que un producto contenga componentes con alguna peligrosidad no significa que su uso lo sea. Es necesario considerar las condiciones reales de uso y la dosis utilizada. Consideremos como ejemplo que la cafeína y el alcohol son peligrosos a dosis elevada, mientras un consumo moderado de café y vino no supone riesgo para la salud’. Y añadió, ‘en un momento en que la población mundial está preocupada por el incremento de precios de los alimentos, la presente propuesta hará más difícil para nuestros agricultores producir alimentos frescos suficientes, de calidad y asequibles para todos’.

Recientemente, institutos independientes y organizaciones gubernamentales como el Institutos Nomisma en Italia, Foro Agrario en España y el Pesticide Safety Directorate (PSD) en Gran Bretaña, han evaluado las graves consecuencias que esta normativa podría generar, entre otros, el impacto sobre la seguridad alimentaria, la presión del suelo destinado a la producción agrícola, el incremento en el precio de los alimentos, etc. ‘Por esa razón, esperamos que la Comisión decida finalmente desarrollar su propia y completa evaluación, basada en aspectos científicos y no meras percepciones, antes de decidir de manera definitiva sobre el establecimiento de estos criterios de exclusión’ señaló Palomar.

La industria fitosanitaria continuará trabajando junto a las instituciones y agricultores de la UE, con el objetivo de que la propuesta legislativa final responda a la sensibilidad de los consumidores europeos y permita el mantenimiento de soluciones necesarias para desarrollar una agricultura sostenible bajo criterios de producción integrada.



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