El consejero de Medio Ambiente cántabro, Francisco Martín, presidió hoy en Santander la reunión en la que finalmente se ha aprobado el documento de posición común que las comunidades autónomas presentarán en el próximo Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se celebrará los próximos 4 y 5 de diciembre.

Martín, que acompañará al Consejo a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, defenderá este documento de posición común que se ha centrado en los temas que la Comisión Europea considera prioritarios, como son el Paquete de Energía y Cambio Climático y la Prevención y control integrados de la Contaminación (IPPC), informó el Gobierno regional.

Respecto al Paquete de Energía y Cambio Climático, las comunidades han considerado que la directiva relativa a perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), supone una ampliación del ámbito de aplicación de la misma, incluyendo nuevos tipos de instalaciones, otros gases como los PFC´s y N2O, y una simplificación respecto a las pequeñas instalaciones.

Además se modifica el sistema de asignación de derechos, desapareciendo los Planes Nacionales e implantándose gradualmente un sistema de subasta. También plantea destinar un 50 por ciento de los ingresos por subasta de derechos de emisión en actuaciones de mitigación y adaptación.

NUEVOS COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES

En este paquete también se incluye el reparto de esfuerzo entre los estados miembros para reducir las emisiones de los GEI. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Bali se acordó el establecimiento en 2009 de nuevos compromisos de reducción de emisiones de gases para los países industrializados, incorporándose sectores difusos y no regulados actualmente por el comercio de derechos, por lo que las comunidades españolas consideran que se deben implantar nuevas medidas legislativas.

Para ello se establece un compromiso de reducción de emisiones del 20 por ciento en 2020 (respecto al año 1990), y un compromiso adicional de reducción entre un 60 y un 80 por ciento para 2050, incidiendo de manera importante sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética.

El último punto de este paquete se refiere a la directiva sobre la captura y almacenamiento de carbono, que establece los requisitos básicos para la seguridad del confinamiento y las medidas de control de fugas. Las comunidades españolas apoyan a la UE al considerar la captura y almacenamiento de carbono como importante medida de mitigación, apoyando el 4º informe del IPCC que considera claves estas tecnologías en las plantas generadoras de electricidad, de gas, biomasa y carbón, para ser implantadas antes de 2030.

PAQUETE LEGISLATIVO DE LA DIRECTIVA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN

Las comunidades también apoyarán la propuesta de directiva relativa a las emisiones industriales (modificación de la Directiva IPPC), que pretende la convergencia y armonización de la legislación existente, repartida en diferentes normativas sobre grandes instalaciones de combustión, emisión de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes, IPPC e industria del dióxido de titanio.

También se propone un Reglamento Europeo estableciendo normas de emisión de CO2 de vehículos ligeros, con vistas a un objetivo de emisión medio de 120 g/km para 2012. También se apoya el fomento del desarrollo de nuevas tecnologías en el sector de la automoción, como son los vehículos eléctricos e híbridos y la utilización de combustibles alternativos.

Otro de los puntos del orden del día del Consejo de Ministros es la deforestación. En la reunión se planteará reducir la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo (no integrantes de la UE), y la gestión sostenible y mejora de los sumideros de carbono en los mismos.

Para ello se consideran necesarias ayudas financieras estimadas por la Comisión entre 15 y 25 billones de euros por año, que se deberán obtener a partir de las subastas de derechos de emisión de instalaciones industriales y del 15 por ciento de los derechos subastados para el sector de la aviación.

Las comunidades autónomas también plantearán la elaboración de una directiva por la que se establezca un marco para la protección del suelo, ya que no existe ninguna disposición europea en vigor dirigida específicamente a este tipo de protección, aunque en España se dispone del Decreto sobre suelos contaminados. Además de los aspectos de contaminación del suelo, se abordarán aspectos de erosión y pérdida de las capacidades de uso del suelo, entre otros.



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