Casi un tercio de la superficie de España tiene graves problemas de desertificación. Ecologistas denuncian que en nuestro país no hay aún un Plan de Lucha contra la Desertificación. 2006 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de los Desiertos y de la Desertificación.
Este año España organizará la VII Conferencia Mundial de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.

Ecologistas en Acción considera prioritario y urgente la elaboración del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, teniendo en cuenta que el 40 por ciento del suelo español está amenazado por procesos de desertificación y la velocidad con que avanza este fenómeno es alarmante. Para esta asociación ecologista, las principales causas de la degradación del suelo hay que buscarlas en la mala gestión de los recursos hídricos, una inadecuada actividad agraria, la construcción de grandes infraestructuras y el descontrolado desarrollo urbanístico en las costas, informó la organización en un comunicado de prensa.

La desertificación no es el aumento de extensión de los desiertos existentes, sino el proceso de degradación de las tierras en superficies áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Es un proceso gradual de pérdida de productividad del suelo y de adelgazamiento de la cubierta vegetativa por efecto de las actividades humanas y de las variaciones climáticas.

Casi un tercio del Estado español está gravemente afectado por la desertificación, concretamente el 11,09 % tiene un grado de afección muy alto y el 20,41% con un grado de afección alto, sumando ambas mas de 160.000 kilómetros cuadrados.
Estos datos convierten a la desertificación en uno de los principales problemas ambientales de nuestro país.
A nivel mundial el avance de este fenómeno es también escalofriante. Ya son entre 3,5 y 4 millones de hectáreas la superficie
que anualmente se degrada por la desertificación, y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) estima que mil millones de personas ven comprometida su subsistencia por este fenómeno que afecta a 3.500-4.000 millones de hectáreas. En Europa es precisamente nuestro país el mas afectado.

Debido a la magnitud mundial de los efectos de la desertificación en 1996 entró en vigor la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación, que precisamente celebrará en España durante 2007 la Octava Conferencia de las Partes (COP-8) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Esta decisión fue adoptada en la clausura de la COP-7, celebrada del 17 al 28 de octubre de 2005, a propuesta del Gobierno español.

Falta de conciencia
Además 2006 ha sido el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, declarado por las Naciones Unidas, cuyo objetivo ha sido incrementar la conciencia sobre el tema de la desertificación y generar acciones públicas y privadas para hacerle frente. La Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Estados Miembros a establecer comités nacionales dedicados a coordinar las actividades de celebración y generar iniciativas. Lamentablemente esta iniciativa ha pasado demasiado desapercibida en el Estado español ante el escaso interés demostrado por el Ministerio de Medio Ambiente.

Ecologistas en Acción considera muy grave que ante la grave afección que tiene la desertificación en nuestro país, la celebración en 2006 del Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación y la próxima organización en España de la Convención de Lucha contra la Desertificación las administraciones competentes, especialmente el Ministerio de Medio Ambiente, no hayan adoptado medidas extraordinarias para difundir esta problemática y adoptar medidas para frenar la desertificación.

Ecologistas en Acción considera que la celebración en España de la COP-8 de desertificación en 2007 es una gran oportunidad para nuestro país, y solicita a todas las administraciones competentes, especialmente a los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura, así como las administraciones autonómicas y locales, que se impliquen en la adopción de medidas concretas y eficaces para frenar los procesos de desertificación existentes en el Estado español.