Las emisiones aumentaron en Cataluña
un 37%, más del doble de lo que permite el
Protocolo de Kioto
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido
de carbono (CO2) equivalente en España han
aumentado un 45,6% entre 1990 y 2004, y en Cataluña
un 37%. El aumento del año 2004 fue muy grande
en España, debido al mayor consumo de energía
primaria y al mal año hidráulico, ya
que la producción hidroeléctrica fue
inferior a la del año 2003, y consecuentemente
las centrales de carbón y ciclo combinado funcionaron
más horas.
Las fuentes básicas para elaborar los datos
aquí presentados son la Agencia Europea del
Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio
de Economía, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, el Instituto Nacional
de Estadística, el IDAE, CORES, Repsol, Gas
Natural, UNESA, Iberdrola, Endesa y REE, y diferentes
anuarios estadísticos. La metodología
en parte está descrita en el manual titulado
“Método CORINE-AIRE para la elaboración
del inventario nacional de gases de efecto invernadero
y precursores de ozono” y en el manual Revised
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
Reporting Instructions, elaborado por el IPCC, con
las revisiones posteriores, tanto del Método
CORINE-AIRE, como del IPCC.
Las emisiones de Cataluña representan el 12,9%
del total de España, mientras que la población
es el 15,77% y el PIB el 18,29%. El menor porcentaje
por habitante de Cataluña responde sobre todo
a que dos tercios de la electricidad se genera en
tres centrales nucleares (que por otra parte crean
otros problemas más graves, como los residuos
radiactivos), la ausencia de centrales termoeléctricas
de carbón (sólo hay una, Cercs, que
emite 0,4 Mt de CO2) y la menor presencia de industrias
intensivas en emisiones y consumo de energía.
Las nuevas centrales de ciclo combinado, que en el
año 2005 incrementarán la potencia en
1.620 MW en Cataluña, supondrán un importante
aumento de las emisiones (cerca de 3 Mt de CO2 adicionales).
Las centrales nucleares de Vandellós II, Ascó
I y Ascó II en 2004 produjeron 24.345 millones
de kWh. Si esta electricidad fuera sustituida por
centrales de ciclo combinado de gas natural, se emitirían
otros 8,5 Mt adicionales de CO2, y las emisiones catalanas
aumentarían un 16%. Los peligros de seguridad,
los costes, el tratamiento de los residuos radiactivos
y la proliferación nuclear, convierten a la
energía nuclear en la peor opción energética
posible, pero si no es sustituida en el futuro por
eólica y otras energías renovables,
las emisiones aumentarán. Y de ahí la
necesidad de impulsar con decisión la eólica
en tierra y en el litoral, así como el resto
de las energías renovables, si se quiere cumplir
Kioto y cerrar paulatinamente las centrales nucleares.
Dadas las consecuencias del cambio climático
en España (inundaciones y sequías, desaparición
de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo,
la agricultura, la salud y a la diversidad biológica),
es de esperar una política más beligerante
por parte de la Administración. Esta situación
es especialmente grave en Cataluña, dada la
extrema vulnerabilidad de los ecosistemas mediterráneos
debida a la baja tasa de renovación del suelo
y del agua en gran parte de la región. El cambio
climático agrava los procesos de desertificación
y erosión, la escasez de recursos hídricos
debida a la deforestación, la sobreexplotación
de acuíferos y una pérdida generalizada
de biodiversidad en las zonas húmedas y en
los bosques.
En la ola de calor del año 2003 en Barcelona
murieron 1.674 personas más en los meses de
julio y agosto (un 27% más que en el mismo
periodo de 2002), en Girona 113 personas (un 13,15%
más que en 2002), en Lleida 49 (un 7,63% más)
y en Tarragona no hubo cambios apreciables. El gobierno
del PP retrasó y ocultó los datos de
las muertes reales por la ola de calor y la contaminación
por ozono troposférico, para evitar un debate
como el generado en Francia, donde murieron 15.000
personas más en el verano de 2003.
Los daños a la agricultura por la sequía
actual, según las organizaciones del sector
(UPA, COAG y ASAJA), ascienden a más de dos
mil millones de euros. Las pérdidas ocasionadas
por los incendios forestales han sido igualmente cuantiosas
en varias regiones, como Cataluña, y el consumo
de electricidad aumenta todos los veranos a causa
del mayor uso de las instalaciones de aire acondicionado.
El cambio climático es una realidad, que obliga
a adoptar políticas serias para reducir las
emisiones y mitigar sus consecuencias. El coste de
no actuar será muy superior al de las inversiones
necesarias para reducir las emisiones de gases de
invernadero y prevenir los efectos.
El gobierno español, como demuestra el aumento
de las emisiones, tiene por delante una difícil
tarea para cumplir los compromisos adquiridos con
la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno
de la Unión Europea, compromisos que establecen
un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Lo
mismo puede decirse del tripartito en Cataluña,
y desde luego el borrador de Plan Energético
es un mal camino. Tanto en España como en Cataluña
el cumplimiento del Protocolo de Kioto es un compromiso
electoral y de gobierno. La realidad, tan tozuda,
dirá, y ya haremos el oportuno inventario para
“examinar” los resultados.
Las emisiones, en unidades de CO2 equivalente, considerando
los seis gases de efecto invernadero, han aumentado
en un 45,6% en España entre 1990 (año
base) y 2004, cifra que triplica al 15% al que se
ha comprometido el gobierno de España en la
Unión Europea, aumento que en su momento fue
ampliamente criticado por considerarlo excesivo. En
Cataluña el aumento asciende al 37%, y duplica
con creces lo permitido en el Protocolo de Kioto.
Se ha criticado, con toda la razón, a Estados
Unidos por su negativa a ratificar el Protocolo de
Kioto y por el aumento de las emisiones, y sin embargo
en Estados Unidos las emisiones han aumentado mucho
menos que en España y en Cataluña, mientras
que en Alemania se han reducido en un 19%, y en el
conjunto de la UE disminuyeron un 4%. La evolución
de las emisiones de gases de invernadero es el mejor
indicador del compromiso de un gobierno con el medio
ambiente. Los datos aquí presentados no dejan
lugar a dudas.
Emisiones de dióxido de carbono
(CO2) en Cataluña y España
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en España entre 1990 y 2004, sin incluir los
sumideros, han aumentado un 51,35%, pasando de 228,4
millones de toneladas en 1990 (año base) a
345,7 millones de toneladas en 2004. En 2004 representaron
el 83% de las emisiones brutas de gases de invernadero
en España, sin incluir los sumideros. En Cataluña
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentaron
en un 48,24%, representan el 78% del total de los
seis gases y el 13% de las emisiones españolas.
Emisiones de metano (CH4) en Cataluña
y España
En 1990, año base, se emitieron en España
un total de 27.846.758 toneladas de metano en unidades
de CO2 equivalente, mientras que en 2004 se llegó
a 37.243.681 toneladas en unidades de CO2 equivalente,
con un aumento del 33,75%, cifra muy considerable
y que demuestra que la administración no ha
hecho lo suficiente para reducir las emisiones.
El metano representó en 2004 el 8,88% de las
emisiones brutas de los seis gases de invernadero,
en dióxido de carbono equivalente sin incluir
los sumideros. En Cataluña las emisiones de
metano aumentaron en un 61,13%, representan el 12,9%
del total de los seis gases y el 16,72% del total
de España.
En 2004, la fermentación entérica ocasionó
el 40,2%, la gestión del estiércol el
23,4%, los vertederos el 20%, la minería del
carbón el 2,7%, el petróleo y el gas
natural el 2,2%, y las aguas residuales el 5,5%. Los
cultivos de arroz emitieron sólo el 0,8%. Las
emisiones de metano podrían reducirse fácilmente
en una proporción importante, con medidas poco
costosas y necesarias, como la recuperación
de metano y aprovechamiento del metano generado en
vertederos y depuradoras de agua, o el tratamiento
de los purines y el estiércol, produciendo
biogás.
Emisiones de óxido nitroso
(N2O) en Cataluña y España
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España
en 1990, año base, ascendieron a 24.251.880
toneladas en unidades de CO2 equivalente, y representaron
el 6,7% de las emisiones de gases de invernadero en
España en 2004, sin incluir los sumideros.
En 2004 las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes
aplicados a los suelos agrícolas (66%). El
sector energético emitió en 2004 el
14,4%, la industria química el 7%, la gestión
del estiércol el 5,7% y las aguas residuales
el 4%.
En Cataluña las emisiones de óxido
nitroso (N2O) han aumentado un 13,24% entre 1990 y
2004, representan el 5,08% del total de los seis gases
y el 9,6% de las emisiones españolas.
En 2004 las mayores emisiones se debieron a los fertilizantes
aplicados a los suelos agrícolas (63%). El
sector energético emitió en 2004 el
21%, la industria química el 6%, la gestión
del estiércol el 5% y las aguas residuales
el 3,4%.
Emisiones de carburos hidrofluorados
(HFC) en Cataluña y España
Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la
capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos
de refrigeración y aire acondicionado, extintores
de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan
la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero.
Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª,
HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año
base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron
4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras que
en 2004 las emisiones fueron 5.024.320 toneladas de
CO2 equivalente, con una importante reducción
a partir de 2001, por la recuperación de HFC
en determinados procesos industriales. Al igual que
en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir
los HFC, productos fácilmente sustituibles.
En 2004 representaron el 1,2% de las emisiones totales
brutas de gases de invernadero en España (sin
incluir los sumideros). Las emisiones de HFC en Cataluña
representan el 38% del total de España.
Emisiones de carburos perfluorados
(PFC) en Cataluña y España
La práctica totalidad de las emisiones de
carburos perfluorados se debe a la producción
de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8
y C4F10. En 1995, año base para los compromisos
adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron
en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas
de C2F6 (832.510 toneladas de CO2 equivalente). Las
emisiones desde entonces han disminuido, siendo equivalentes
a 269.030 toneladas de CO2 equivalente en 2004. En
2004 representaron el 0,06% de las emisiones totales
brutas de gases de invernadero en España, y
el 0,016% en Cataluña.
Emisiones de hexafluoruro de azufre
(SF6) en Cataluña y España
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos
eléctricos. En 1995, año base para el
Protocolo de Kioto, se emitieron 106.010 toneladas
de CO2 equivalente, y en 2004 las emisiones aumentaron
hasta llegar a 304.560 toneladas de CO2 equivalente.
En 2004 representaron el 0,07% de las emisiones totales
brutas, y el 0,07% en Cataluña.
Emisiones totales en dióxido
de carbono (CO2) equivalente en Cataluña y
España
Las tablas 1 y 2 y los gráficos muestran la
evolución de las emisiones de gases de efecto
invernadero en España y en Cataluña
entre 1990 y 2004. Los datos dejan poco lugar a dudas,
y son sin duda el peor indicador de la situación
del medio ambiente en España y en Cataluña.
Tabla 1 -España-Emisiones
de gases de invernadero en España en miles
de toneladas de CO2 equivalente
Tabla 2 - Evolución de las
emisiones en Cataluña
Fuente: Elaboración
propia. El año base se compone de las emisiones
de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995
de los carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados
(HFC) y hexafluoruro de azufre).
Por sectores, las emisiones totales
en dióxido de carbono (CO2) equivalente en
España entre 1990 y 2004 han sido las siguientes
La evolución en Cataluña
está reflejada en la Tabla 3.
Fuente: José Santamarta
El Protocolo de Kioto
Tras la ratificación de Rusia, el Protocolo
de Kioto entró en vigor el pasado 16 de febrero.
En el año 2001 el presidente George W. Bush
decidió no ratificar Kioto. Hay que tener en
cuenta que EEUU, con el 4,7% de la población
mundial, es responsable de cerca del 25% de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI).
El Protocolo de Kioto permite que los países
industrializados puedan vender y comprar derechos
de emisión, tomando como referencia el año
base 1990. En 1990 aún existía la URSS,
con unos consumos energéticos enormes, y unas
emisiones igualmente elevadas. La implosión
posterior cambió radicalmente la situación,
y Rusia, Ucrania y el resto de los países de
la antigua URSS, podrán vender “derechos
de emisión” a otros países industrializados
que superen los límites marcados por el Protocolo
de Kioto. De hecho Rusia esperaba vender esos “derechos
de emisión” (el llamado “aire caliente”)
a Estados Unidos, pero la negativa de la Administración
de Bush a ratificar el Protocolo de Kioto, por ahora,
le ha dejado sin comprador, y el precio al que venderá
su “aire caliente”, sin EE UU, será
muy inferior, por la simple razón de que habrá
menos demanda de toneladas de CO2. También
por esa misma razón el coste de cumplir Kioto
será mucho menos grave de lo que se ha dicho
por algunos sectores. El coste de la tonelada de CO2
posiblemente no superará los 10 euros.
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó
con la adopción de un acuerdo de reducción
de emisiones de gases de invernadero por los 38 países
industrializados. El compromiso obliga a limitar las
emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O,
carburos perfluorados (PFC), carburos hidrofluorados
(HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las del
año 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones
diferentes según el país: reducción
de un 8% para el conjunto de la Unión Europea,
un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania,
la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen
a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción
global acordada es de un 5,2% para el conjunto de
países industrializados. El Protocolo no obliga
en una primera fase a los países en desarrollo,
dadas sus reducidas emisiones por habitante.
¿Pero hay voluntad política
para cumplir el Protocolo de Kioto?
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido
de carbono (CO2) equivalente en España han
aumentado un 45,61% en el año 2004 respecto
a 1990. El aumento de las emisiones de los seis gases
y para todos los usos en el año 2004 (3,55%)
ha sido superior al del año 2003, debido a
que fue un mal año hidráulico, ya que
la producción hidroeléctrica fue un
23,3% inferior a la del año 2003, y consecuentemente
las centrales de ciclo combinado de gas natural y
las de carbón funcionaron más horas
(el consumo de carbón aumentó un 3%
respecto al año 2003, y el de gas natural un
15,5%). El consumo de energía primaria aumentó
un 3,7%, y las emisiones de CO2 por usos energéticos
crecieron un 4,2% en 2004.
España es el país industrializado donde
más han aumentado las emisiones. Con este escenario,
incumpliría gravemente el Protocolo de Kioto,
el principal acuerdo para proteger el medio ambiente
y el clima. Según los escenarios contemplados
en los diversos planes energéticos, elaborados
en la anterior legislatura, para el periodo 2008-2012
las emisiones en España podrían ser
superiores en un 58% a las del año base. Con
el nivel alcanzado por las emisiones actuales, esta
cifra podría superarse ampliamente.
El Plan Nacional de Asignación de emisiones
de CO2 derivado de la aplicación de la Directiva
Europea de Comercio de Emisiones, elaborado por el
gobierno socialista, contempla un escenario de crecimiento
de las emisiones del 24% para ese mismo periodo, es
decir muy por debajo de la tendencia señalada,
lo que haría posible el cumplimiento del Protocolo
acudiendo a los mecanismos de flexibilidad, pero no
está aún acompañado de la correspondiente
corrección de los planes energéticos,
ni de un plan de aplicación de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética, ni de una
estrategia española sobre cambio climático
y para la aplicación del Protocolo de Kioto,
por lo que tal objetivo podría no alcanzarse.
El consumo de energía primaria en España
ha pasado de 88 Mtep (millones de toneladas equivalentes
de petróleo) en 1990 a 141,56 Mtep en el año
2004 (un 61% de aumento). En 2004 la dependencia energética
alcanzó el 77%, a pesar de que en la producción
nacional se incluye la energía nuclear. El
grado de dependencia energética fue del 66%
en 1990. El documento del Ministerio de Economía
titulado Planificación de los sectores de electricidad
y gas 2002-2011, elaborado en la época del
PP, estimaba que el consumo de energía primaria
será de 175 Mtep en el año 2011, con
un crecimiento anual del 3,09% para el periodo 2000-2011.
El consumo de carbón disminuiría de
21,1 Mtep en el año 2004 (14,9% del consumo
de energía primaria) a 14,4 Mtep en 2011 (8,2%),
el de petróleo pasaría de 70,8 Mtep
en 2004 (50%) a 83,4 Mtep en 2011 (47,6%), el gas
natural de 24,55 Mtep (17,3%) a 39,3 Mtep (22,5%),
la energía nuclear se mantendría en
términos absolutos (de 16,55 Mtep a 16,6 Mtep)
y disminuiría en términos relativos
(del 11,7% en 2004 al 9,9% en 2011), las energías
renovables deberían alcanzar el 12% previsto
en el año 2010, algo difícil con el
desarrollo actual, pues sólo la eólica
va a buen ritmo (en teoría se pasaría
de 8,87 Mtep en 2004, incluida la hidráulica,
a 21 Mtep en 2011), y el resto corresponde al saldo
de la electricidad.
Si se cumplen estas previsiones del anterior Gobierno
del PP, las emisiones de dióxido de carbono
de origen energético aumentarán entre
un 78% entre 1990 y 2012 (según se deduce del
Plan citado), y un 58% en el escenario más
favorable de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética aprobada en 2003, lo que haría
difícil cumplir el Protocolo de Kioto, y obligaría
a adquirir cerca de 100 millones de toneladas de CO2
equivalente al año, unos 500 millones de toneladas
durante el periodo 2008-2012.
El consumo de energía primaria, con la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética, pasará
de 141,56 Mtep (Millones de toneladas equivalentes
de petróleo) en el año 2004 a 165 Mtep
en el año 2012, lo que supone un incremento
del 16,6%. El consumo final pasará de 104,4
Mtep en el año 2004 a 126 Mtep en el año
2012, un aumento adicional del 20,7%. Entre 2000 y
2012 el consumo final en la industria crecerá
un 35,4% (la industria consumirá 46,5 Mtep
en 2012), el transporte un 48,8% (consumirá
48 Mtep en 2012) y los usos diversos un 33,2% (consumirán
31,5 Mtep en 2012). El Plan de Acción que elabora
actualmente el IDAE podría y debería
mejorar este escenario.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal en
el mejor de los casos se podrían ahorrar el
2,5% adicional de las emisiones actuales, y un 7,5%
para el año 2030. De hecho, el Plan Nacional
de Asignación prevé un 2%, cifra realista
y alcanzable.
Urge revisar tanto la planificación de los
sectores de electricidad y gas 2002-2011 como la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética, tal y como
pidió en su día el propio PSOE en la
oposición. También conviene recuperar
el borrador de la Estrategia Española Contra
el Cambio Climático, elaborado por consenso
en el Consejo Nacional del Clima en la pasada legislatura,
pero revisándolo para complementar la Estrategia
con un calendario y una financiación, como
demandaron en su momento los representantes de las
comunidades autónomas de la oposición,
las organizaciones ecologistas y los sindicatos.
Las consecuencias del Cambio Climático
El cambio climático global es uno de los problemas
más graves a los que se enfrenta el mundo,
y Cataluña en particular, con sus secuelas
de olas de calor, muertes directas por hipertermia
y por agravamiento de otras dolencias, incendios forestales,
subida del nivel del mar, sequías y fenómenos
meteorológicos extremos, como la gota fría
y las inundaciones, con graves daños a la agricultura,
los bosques, los ecosistemas marinos y terrestres,
el turismo, los seguros y las infraestructuras. El
cambio climático agrava los procesos de desertificación
y erosión, la escasez de recursos hídricos
debida a la deforestación, la sobreexplotación
de acuíferos y una pérdida generalizada
de biodiversidad en las zonas húmedas costeras
y en los bosques.
La temperatura media anual ha subido una media de
1,5º C en el periodo 1970-2000 en España,
según datos del Instituto Nacional de Meteorología,
y se prevé un descenso medio de las precipitaciones
del 10%, un aumento de la evapotranspiración,
un descenso del 33% de la humedad del suelo y una
subida del nivel del mar, lo que acarreará
graves trastornos ecológicos, sanitarios, económicos
y sociales. Un reciente estudio científico
sobre las consecuencias del cambio climático
en España ha sido presentado recientemente
corroborando los efectos adversos de la alteración
del clima.
Tales efectos tendrán costes económicos
inconmensurables, pero en todo caso muy elevados,
algo que conviene recordar cuando se analizan los
posibles costes de cumplir con el Protocolo de Kioto.
El coste de no actuar sería muy superior.
La herencia recibida
De 1996 a 2004 las emisiones aumentaron un 36%. Los
gobiernos del PP dejaron una grave herencia que sin
duda ha dificultado la elaboración del Plan
Nacional de Asignación de Emisiones y dificultará
el propio cumplimiento de las obligaciones españolas
dentro de la Unión Europea.
Los gobiernos del PP no elaboraron ningún
plan para cumplir los compromisos adquiridos con la
firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno
de la Unión Europea, compromisos que establecen
un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Tampoco
elaboraron el Plan Nacional de Asignación,
incumpliendo los plazos, y dado el aumento de las
emisiones, han dejado un margen de actuación
muy pequeño al nuevo gobierno, que deberá
recuperar los ocho años perdidos, para poder
cumplir los compromisos de España en el marco
del Protocolo de Kioto y el reparto de la carga en
el seno de la Unión Europea, que fue ratificado
por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Se afirma, no sin razón, que las emisiones
por habitante en España en 2012 sin la aplicación
del Protocolo de Kioto serán inferiores a la
media de la Unión Europea de 15 países,
pero hay que recordar que la media española
es muy superior, más del doble, de la media
mundial. El aumento en España es muy superior
al del resto de los países europeos, y nuestro
sistema energético es cada año menos
eficiente, necesitando más energía,
y emisiones de gases de invernadero, para producir
la misma unidad de PIB. España es el país
de la UE de los 15 que más se aleja de sus
compromisos dentro del Protocolo de Kioto. España
ya se acerca a la media de emisiones europea y si
sigue la tendencia superará en pocos años
la media de emisiones per cápita de la UE 15.
La economía española ha registrado
los peores índices de intensidad energética
y de emisiones de la Unión Europea, lo que
perjudica nuestra competitividad y agrava el déficit
exterior, a causa de la subida del precio del petróleo
y del gas natural, importados en su práctica
totalidad.
Si en 1996 España partía de una situación
similar en cuanto a la intensidad primaria respecto
a la UE (220 kilogramos equivalentes de petróleo
por cada 1.000 euros de 1995 en España frente
a 211 en la UE-15), en el año 2002 España
había aumentado su intensidad energética
hasta 229 kilogramos equivalentes de petróleo
por cada 1.000 euros de 1995, mientras que la UE la
había reducido a 191, datos que demuestran
la pérdida de eficiencia energética
en España respecto a la UE.
Las políticas europeas se orientan hacia desacoplar
el crecimiento de la actividad económica del
consumo de energía, tanto final como primaria,
lo que permite aumentar el PIB y el empleo, disminuyendo
al mismo tiempo el consumo de energía y las
emisiones.
Ha habido una ausencia de políticas de ahorro,
eficiencia energética y promoción de
la movilidad sostenible, y las políticas existentes
han incentivado los consumos energéticos, con
lo que esto tiene de pérdida de competitividad
de nuestra economía, situación que habrá
que subsanar en el futuro. Nuestra obligación
es invertir la tendencia sin dañar el nivel
de actividad y la competitividad, y aprovechar Kioto
como una oportunidad de modernización para
nuestra economía.
Dadas las consecuencias del cambio climático
en España (inundaciones y sequías, desaparición
de playas, incendios forestales, daños al turismo,
la agricultura, la salud y a la diversidad biológica)
el Gobierno ha iniciado una política encaminada
a frenar las emisiones, minimizar el impacto del cambio
climático en España y jugar un papel
activo dentro de la Unión Europea, aunque dicha
política requiere aún de un completo
desarrollo para ser efectiva y corregir la tendencia
dominante que se ha mantenido a lo largo de 2004 y
sigue el mismo curso en los primeros meses de 2005,
sin que aún se pueda observar corrección
alguna de tendencia.
Con el escenario actual, España incumpliría
gravemente el principal protocolo para proteger el
medio ambiente y el clima. Lo razonable no es lanzar
una campaña alarmista sobre los costes, multiplicando
por diez su incidencia en el PIB, sino poner los medios,
las políticas y los presupuestos para cumplir
el Protocolo de Kioto, lo que significa promover las
energías renovables, la eficiencia energética
y el transporte colectivo. Esa es una estrategia de
ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena en
términos ambientales (menos emisiones), tecnológicos
(innovación), económicos (mayor competitividad,
menor déficit comercial, menos compra de derechos)
y sociales (más empleo).
El Plan Nacional de Asignación
de Emisiones (PNA)
El PNA apuesta por la eficiencia energética
y las energías renovables, parte de la voluntad
de cumplir el Protocolo de Kioto, afecta a todos los
sectores emisores (incluidos los “difusos”,
como transporte y usos residenciales), implica a todos
los agentes sociales (Administraciones, empresas,
sindicatos y ONG) y a las diversas administraciones
(diversos Ministerios, Comunidades Autónomas
y Municipios), y abre un proceso participativo.
Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto
van a jugar un papel importante (el 7% de las emisiones
del periodo 2008-2012), por la dificultad de conseguir
las reducciones deseadas sin afectar al empleo y a
la actividad económica. El PNA hace hincapié
en el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), dada la
presencia de empresas españolas en Latinoamérica.
El periodo base para el PNA son las emisiones de los
años 2000, 2001 y 2002, y afecta a unas 1.000
instalaciones.
Las emisiones tienen su origen tanto en las actividades
industriales, como en los sectores difusos (agricultura,
sector comercial y los consumos de energía
de los ciudadanos). El Gobierno exigirá de
las empresas industriales el esfuerzo correspondiente
de limitación de sus emisiones, pero asume
que no es la industria quien debe hacer frente al
exceso de emisiones “difusas”. El esfuerzo
de cumplimiento debe basarse en el principio de “quien
contamina paga”, y el Gobierno debe poner los
medios para que dicho principio se aplique de forma
equitativa.
El PNA ha asignado derechos de emisión a 146
instalaciones. En 2005 la central termoeléctrica
de carbón de Cercs podrán emitir 0,43
Mt de CO2, y en 2007 0,34 Mt de CO2. Las 4 centrales
de ciclo combinado podrán emitir 2,3 Mt de
CO2 en 2007. Las 2 refinerías de petróleo
de Tarragona podrán emitir 2,93 Mt de CO2 anuales
entre 2005 y 2007 y las 6 fábricas de cemento
podrán emitir 6,3 Mt de CO2. El transporte
representa el 26,8% del total de las emisiones de
Cataluña, habiendo experimentado un aumento
de más del 36% entre 1990 y 2004; el 25% del
aumento experimentado en Cataluña se debe al
transporte.
Las emisiones, con el PNA, aumentarán un 24%
en el periodo 2008-2012 respecto al año base
1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales,
que parten de 1995). Ello supone una reducción
del 22% respecto a las emisiones de 2004 (46%) y del
30% respecto a las emisiones tendenciales según
los planes dejados por el anterior gobierno del PP.
Alcanzar tal objetivo no va a ser una tarea fácil,
y sólo se podrá lograr con un gran consenso
de la sociedad española, las diferentes administraciones
públicas (gobierno, Comunidades Autónomas
y municipios) y las empresas, que deben tomarse el
cambio climático en serio, y comprender que
la reducción de emisiones, más que un
sacrificio, es una oportunidad de modernización
y de equidad generacional.
La diferencia entre ese 24% y el 15% se cubre con
sumideros (2%) y la adquisición de derechos
en el exterior merced a los mecanismos de flexibilidad
(7%, 20 Mt anuales). Los mecanismos citados son la
Aplicación Conjunta (proyectos de reducción
entre países industrializados), el Mecanismo
de Desarrollo Limpio (proyectos en los países
en desarrollo) y el comercio de emisiones. El coste
de adquirir ese 7% irá de 100 a 200 millones
de euros anuales, aunque todavía es muy pronto
para hacer estimaciones fiables, pero tal cantidad
es asumible y muy inferior, por ejemplo, al incremento
del precio del petróleo.
Aumentar la eficiencia y la participación
de las energías renovables ayudará tanto
a reducir las importaciones energéticas, como
las emisiones. Los instrumentos actualmente en vigor
son la Planificación de los Sectores de Electricidad
y Gas 2002-2011, el Plan de Fomento de las Energías
Renovables de 1999 y la Estrategia de Eficiencia y
Ahorro Energético en España (E4). El
IDAE contempla nuevos objetivos al alza de las energías
renovables, y un Plan de Acción que complemente
la E4.
Para abordar anticipadamente tanto los efectos sociales
adversos como las oportunidades que puede representar
para cada uno de los sectores afectados por la aplicación
del PNA se han constituido una Mesa General y sendas
Mesas Sectoriales, de carácter tripartito,
que son un instrumento de diálogo básico
para cumplir con el Protocolo de Kioto con el necesario
consenso social y de forma socialmente responsable.
Políticas para frenar el
cambio climático
Las diversas administraciones deben establecer planes
claros para reducir las emisiones, incluyendo instrumentos
fiscales (impuestos sobre las energías no renovables,
incentivos a las renovables y a la eficiencia), supresión
de las subvenciones a los combustibles fósiles
y los presupuestos para llevarlos a cabo. Entre otras
medidas se deben reducir los incendios forestales
y la emisión de gases de invernadero, como
el metano y el óxido nitroso, así como
la producción y consumo de cemento, una de
las principales fuentes de emisión de CO2,
agravada por la construcción de autovías,
carreteras y otras infraestructuras. Cada tonelada
de cemento consumida causa la emisión de 498
kilogramos de CO2.
Una política de repoblaciones forestales con
especies autóctonas de árboles y arbustos,
en las zonas adecuadas, retiraría de la atmósfera
grandes cantidades de CO2, frenaría la erosión,
las inundaciones y las sequías, dado el efecto
esponja de los bosques. Pero los bosques y los mares,
aún actuando como sumideros, son incapaces
de retirar la cantidad actual de CO2 emitida anualmente.
La reducción del consumo de carne, del empleo
de fertilizantes, de las fugas de metano en la minería
de carbón y en la red de gasoductos, y de la
cantidad de residuos, y una política forestal
que reduzca la superficie afectada por incendios forestales,
permitirá cumplir los objetivos de reducción
de CH4 y N2O. La fabricación de nailon y la
de ácido nítrico son responsables de
gran parte de las emisiones antropogénicas
de óxido nitroso.
La eliminación de los HFC no plantea ningún
problema, pues hay alternativas viables y baratas,
como el butano y propano (tecnología greenfreeze).
Residuos
Las emisiones de metano son las más importantes.
La reducción de la producción de residuos,
el reciclaje, la prohibición de la incineración,
el aprovechamiento de la materia orgánica para
producir compost y el aprovechamiento del metano,
son algunas de las medidas de una política
de residuos adaptada al cambio climático.
Política de transportes
El Plan Estratégico de Infraestructuras de
Transportes (PEIT) contradice los esfuerzos iniciados
para intentar cumplir el Protocolo de Kioto por parte
del gobierno socialista. En el 2010 el transporte
supondrá cerca del 40% de las emisiones de
CO2, frente al 30% actual. Las medidas en el sector
del transporte en España son sólo cosméticas,
pues la política real sigue siendo la de favorecer
el transporte por carretera de mercancías y
de viajeros y el uso del automóvil y el camión.
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos,
y algunos programas para emplear gas natural, hidrógeno
y biocombustibles en algunos autobuses urbanos, sólo
reducirán en un pequeño porcentaje el
aumento previsto de las emisiones. La reducción
de los consumos unitarios de los vehículos,
actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos,
es necesaria pero insuficiente. Tanto o más
importante es la reorientación hacia los modos
más eficientes, como el ferrocarril, el transporte
público y los modos no motorizados, y las actuaciones
encaminadas a la gestión de la demanda y la
moderación de la movilidad.
El gobierno español no contempla una política
encaminada a traspasar mercancías de la carretera
a otros modos más eficientes como el ferrocarril.
Los AVE no permiten el tráfico de mercancías,
pero sus consumos específicos por viajero/km
son inferiores a los del automóvil privado
y el avión, como demuestran los datos de RENFE
sobre el corredor Madrid-Sevilla.
La política municipal debe ir encaminada a
reducir la demanda, promoviendo la ciudad mediterránea
densa, compacta y con mezcla de actividades, con barrios
donde viviendas, trabajo y servicios estén
próximos en el espacio, aminorando la segregación
espacial y social de las ciudades, y limitando el
crecimiento de las grandes áreas metropolitanas.
El planeamiento urbanístico y territorial debe
ir encaminado a promover la mezcla de actividades,
y no la segregación, y a posibilitar la movilidad
en transporte público, evitando los crecimientos
urbanos y turísticos que consumen gran cantidad
de espacio.
El ferrocarril debería elevar su participación,
hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías
y el 25% de viajeros antes del año 2010. Tal
participación puede alcanzarse, pero para ello
se requiere una clara voluntad política, materializada
en las inversiones necesarias para mejorar el conjunto
de la red, la seguridad, la gestión y los servicios,
elevando las tarifas en una proporción inferior
al del Índice de Precios al Consumo. Una política
decidida, clara y bien estructurada, para reducir
la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad,
y para orientar la demanda hacia los modos más
eficientes de transporte, significaría una
sensible reducción del consumo de energía,
de la contaminación atmosférica y del
ruido, menor ocupación de espacio, reducción
del tiempo empleado en desplazarse, menor número
de accidentes, inversiones más reducidas en
la infraestructura viaria y una mejora general de
la habitabilidad de las ciudades.
Ahorro y eficiencia energética
Hasta la propia Agencia Internacional de la Energía,
en sus informes sobre España, ha criticado
los resultados y los escasos esfuerzos del gobierno
español para aumentar la eficiencia energética,
y para ello no hay más que analizar el escaso
grado de cumplimiento del PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética) en el pasado, o la insuficiente
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
La eficiencia energética es la obtención
de los mismos bienes y servicios energéticos,
pero con mucha menos energía, con la misma
o mayor calidad de vida, con menos contaminación,
a un precio inferior al actual, alargando la vida
de los recursos y con menos conflictos. Al requerirse
menos inversiones en nuevas centrales y en aumento
de la oferta, la eficiencia ayuda a reducir la deuda
externa, el déficit público, los tipos
de interés y el déficit comercial. La
eficiencia energética debería incrementarse
en un 2,5% anual.
Las tecnologías eficientes, desde ventanas
aislantes o lámparas fluorescentes compactas
a vehículos capaces de recorrer 100 kilómetros
con tres o menos litros de gasolina, o la cogeneración,
permiten ya hoy proporcionar los mismos servicios
con la mitad del consumo energético, a un coste
menor.
La cogeneración (producción simultánea
de calor y electricidad), la mejora de los procesos
y de los productos, el reciclaje y la reorientación
de la producción hacia productos menos intensivos
en energía, con mayor valor añadido,
menos contaminantes, generadores de empleo y socialmente
útiles, deben ser desarrollados. Las tecnologías
hoy ya disponibles permitirán a la industria
ahorrar entre el 10% y el 27% de su consumo actual
de energía, según sectores, con una
media del 16%.
Los ahorros posibles en los usos domésticos
y en los servicios podrían reducir a la mitad
los consumos, con medidas como el aislamiento térmico,
electrodomésticos más eficientes y las
lámparas fluorescentes compactas.
Para aumentar la eficiencia es necesario que los
precios energéticos reflejen todos sus costes,
lo que no sucede en la actualidad. La implantación
de ecotasas, cuya recaudación se destine a
mejorar la eficiencia y el empleo de energías
renovables, es una necesidad acuciante. La imposición
de un etiquetado energético obligatorio de
los aparatos eléctricos, y la reforma de las
normas de edificación para mejorar el aislamiento
térmico, pueden reducir el consuno de energía
en el sector residencial.
Se deben promover los programas de Gestión
de la Demanda, encaminados a aumentar la eficiencia
y a prestar los mismos servicios con un consumo menor,
más negavatios y menos kilovatios. La Planificación
Integrada de Recursos, o Planificación al Menor
Coste, tiene como fin evitar el crecimiento del consumo
energético al tiempo que se satisfacen los
servicios que precisa la sociedad, y se debe implantar
de forma real, especialmente en el sector eléctrico.
A un coste medio de 0,04céntimos de euro por
kWh se puede ahorrar hasta el 65% de la electricidad,
proporcionando los mismos servicios, aunque con equipamientos
más eficientes. La electricidad debe ser utilizada
sólo en aquellas aplicaciones en las que resulta
insustituible, como la iluminación y los electrodomésticos,
y en el resto de los usos se debe emplear gas o energía
solar.
Energías renovables
Las energías renovables podrían solucionar
muchos de los problemas ambientales, como el cambio
climático, los residuos radiactivos, las lluvias
ácidas y la contaminación atmosférica.
Las energías renovables podrían cubrir
algo más de un tercio del consumo de electricidad
en el 2010, y a largo plazo permitirán reducir
las emisiones de dióxido de carbono, avanzando
hacia un modelo energético “descarbonizado”.
El potencial de las energías renovables en
España, aún con las limitaciones actuales
de tecnología y costes económicos, es
muy elevado. En el año 2010 se debe llegar
a 23.000 MW eólicos y 1.000 MWp fotovoltaicos.
Emisiones de contaminantes en la
producción de electricidad: todo el ciclo de
combustible (toneladas por GWh)
Fuente: US Department of
Energy, Council for Renewable Energy Education y José
Santamarta.
TR: trazas. Las emisiones de la biomasa presuponen
la regeneración anual de la cantidad consumida,
lo que raras veces sucede. La hidráulica y
la biomasa tienen graves consecuencias para la diversidad
biológica, y los residuos radiactivos plantean
graves problemas de seguridad durante más de
200.000 años. Otros impactos son la minería
a cielo abierto en el caso del carbón, los
vertidos de petróleo y la seguridad de las
centrales nucleares.
Cuando se aborda el impacto ambiental de una fuente
de energía debe estudiarse el ciclo completo
y analizar todas las repercusiones. Entre todas las
fuentes energéticas, la eólica, junto
con la solar directa, es la menos dañina para
el medio ambiente. Los impactos sobre el paisaje y
la avifauna son pequeños. Los grupos conservacionistas,
que con tan buena voluntad critican el desarrollo
de la eólica, harían bien en destinar
sus esfuerzos a otros enemigos infinitamente más
dañinos para el medio ambiente.
La colisión de algún ave contra un
aerogenerador, no es nada comparada con los afectos
de las lluvias ácidas, el ozono troposférico
y el cambio climático en la avifauna, por no
hablar de otras especies y los propios seres humanos,
efectos que la eólica ayuda a mitigar. El California,
donde existen 7.300 aerogeneradores, sólo se
registra la muerte de un ave por molino cada 26 años.
La mortandad mayor en Tarifa se debió a que
un parque estaba situado junto a un vertedero, y en
menor medida al paso de aves migratorias. Las aves
se acostumbran rápidamente a los aerogeneradores,
y hasta las aves migratorias desvían su trayectoria.
En cuanto al paisaje, depende de gustos, igual que
con los molinos de La Mancha o de Holanda. La eólica
es la vía más clara para reducir las
emisiones y frenar el cambio climático. Tratar
de frenarla en nombre de la defensa del medio ambiente,
es un contrasentido.
La reducción del impacto ambiental del sector
energético se logra de varias maneras. En primer
lugar reduciendo el despilfarro y el consumismo, adoptando
un modelo menos intensivo en energía. En segundo
lugar aumentando la eficiencia y el ahorro energético.
En tercero abandonando y clausurando las centrales
nucleares, sin lugar a dudas la peor de todas las
fuentes energéticas, a la vez que se paralizan
proyectos sin sentido, como el ITER (reactor internacional
de fusión nuclear). En cuarto limitando, en
este orden, la aportación del carbón,
el petróleo y el gas natural, causa del cambio
climático. En quinto, frenando la construcción
de grandes embalses para producir electricidad, y
los proyectos de monocultivos energéticos,
que pueden tener graves repercusiones en la diversidad
biológica, clausurando las plantas de incineración
de residuos. Y en sexto, desarrollando la eólica,
la geotérmica y todos los usos directos de
la energía solar, como la fotovoltaica y la
solar térmica, con el debido cuidado ambiental.
La eólica es parte de la solución, no
del problema.
La producción de hidrógeno es un proceso
aún inmaduro tecnológicamente y cuya
viabilidad económica es necesario demostrar,
lo que requerirá enormes inversiones en investigación;
cuando se logre producir hidrógeno comercialmente,
a precios competitivos, y a partir de dos factores
tan abundantes como son el agua y la energía
solar, los problemas energéticos y ambientales
quedarían resueltos, pues el hidrógeno,
a diferencia de otros combustibles, no es contaminante.
En cualquier caso en las próximas décadas
entraremos en una economía basada en el hidrógeno
como combustible secundario. El hidrógeno servirá
para almacenar la energía solar y eólica
cuando no haya sol o no sople el viento, y alimentará
a las pilas de combustible hoy en desarrollo, y que
en un futuro no muy lejano puede llegar a ser una
importante fuente de producción descentralizada
de electricidad a pequeña escala, sin apenas
impactos ambientales. Las pilas de combustible también
sustituirán a los motores de combustión
interna de los automóviles.
