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Certificación energética de edificios: Cómo transformar una oportunidad en un problema

La aprobación el pasado 5 de abril del Real Decreto 235/2013 sobre el procedimiento básico de certificación de la eficiencia energética de los edificios, extendía a losexistentes sometidos a venta o alquiler un mecanismo que hasta la fecha sólo alcanzaba a los de nueva construcción. Se acababa así con un retraso de 4 años en la transposición de las obligaciones que sobre este tema había establecido la Unión Europea en su Directiva 2002/91 y se aumentaba exponencialmente la base de ciudadanos que podrían beneficiarse de un mejor conocimiento del comportamiento energético de sus viviendas. Tres meses después de su entrada en vigor, lo que se presumía como una gran oportunidad para el ciudadano y el país en su conjunto ha sido recibido por la opinión pública con rechazo o, en el mejor de los casos, indiferencia.

Por Alberto Coloma Campal
Gerente de la Fundación La Casa que Ahorra
www.lacasaqueahorra.org
gerente@lacasaqueahorra.org

Historia de un retraso y sus consecuencias

El ciudadano percibe que tiene una obligación más que cumplir, que no sabe cómo cumplirla, y se enfrenta además a un mercado de oferta de certificación absolutamente descontrolado.

Empecemos por… el principio:

“Los Estados miembros velarán por que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se ponga a disposición del propietario o, por parte del propietario, a disposicióndel posible comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de eficiencia energética. La validez del certificado no excederá de 10 años.”

El texto no es reciente; forma parte de la Directiva europea 2002/91relativa a la eficiencia energética de edificios. En ella se establecía además la obligatoriedad de los países miembros de transponerla a sus respectivos ordenamientos jurídicos “a más tardar el 4 de enero de 2006”. En caso de escasez de especialistas cualificados o acreditados “los Estados miembros podrán disponer de un periodo adicional de tres años”. En nuestro país Real Decreto 47/2007 aprobó el procedimiento básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción. Y no es hasta este primero de junio de 2013 que se apruebala certificación de los existentes sometidos a venta o alquiler.

Alguien debió de decidir, allá por los inicios de 2006, que no teníamos en este país suficientes especialistas cualificados, por lo que debíamos acogernos a ese periodo adicional de 3 años que permitía la directiva. Vencido el periodo extra y llegado el 1 de enero de 2009, alguien (probablemente “otro alguien”) debió pensar que ni con esas, que no estábamos preparados y que necesitábamos más tiempo.Sin duda nos hemos tomado más tiempo; hemos rebasado en 4 años y medio el límite más permisivo que había fijado la directiva.

Actuando de forma conjunta en la comunidad de propietarios y certificando globalmente el edificio nos costará mucho menos y además podremos contratar el servicio a especialistas cualificados que garanticen su calidad

Hoy sin embargo decimos que cualquier ingeniero o arquitecto de este país, además de otros profesionales que acrediten la experiencia necesaria, puede llevar a cabo la certificación. Como resulta difícil asumir que en pocos años la materia haya sido incluida en los planes de estudio de todas y cada una de las titulaciones habilitadas, habría que pensar que quien en 2006 decidió que no teníamos suficientes especialistas se equivocaba. O por el contrario, que ahora hemos abierto demasiado la mano.

Por otro lado, pese a saber que la implantación efectiva de la certificación energética de edificios era competencia de las comunidades autónomas y obligatoria desde 4 de enero de 2009, 4 años y medio después, vencidos todos los plazos habidos y por haber, no han sido pocas las que se han quejado de la urgencia con la que el gobierno ha aprobado, este primero de junio, el RD de certificación.

Véase como ejemplo nota del gobierno de Aragón comunicando que no es viable la creación a tiempo del registro de certificados energéticos de edificios

Las razones del retraso son casi tan numerosas como las Comunidades que se han retrasado, pero hay una que se repite en algunas de ellas y que no me resisto a destacar:¿la certificación es un asunto de la Consejería de Vivienda, en tanto que trata de edificios o de la de Industria ya que se ocupa de temas energéticos?¿Galgos o podencos?

¿Resultado? Prisas regulatorias, creación a la carrera de registros autonómicos, debate en los medios de comunicación sobre las tasas de estos registros, ausencia casi general de procedimientos adecuados y fiables de inspección y verificación.

En definitiva, todo menos anunciar al ciudadano la buena nueva de que, a partir de ahora, podrá conocer el comportamiento energético de su vivienda, su seguro despilfarro de energía, las razones de que pase en ella tanto frío o tanto calor, si es que no se encuentra en una situación aún más dramática de pobreza energética y un conjunto de acciones de mejora que le van a poder permitir reducir su factura energética y mejorar su confort.

En su lugar el ciudadano ha percibido que tiene una obligación, una más, que cumplir, que no sabe cómo cumplirla, cómo asegurarse de que el profesional que contrata es suficientemente competente y se enfrenta además a un mercado de oferta de certificación absolutamente descontroladoante el que, me temo que puede fácilmente caer en la tentación de cumplir el trámite, de la forma más barata que pueda y sin mayores complicaciones

Se multiplican las ofertas de certificaciones

Se multiplican las ofertas de certificaciones a
precios que difícilmente pueden cubrir el coste del
servicio que anuncian

Para completar el cuadro, organizaciones de consumidores quejándose de que tras lo aprobado se esconde una nueva maniobra recaudatoria: La OCU denuncia los abusos hacia los propietarios de viviendas - Certificado energético, una excusa para recaudar dinero

Si no teníamos ya suficientes motivos de tensión en nuestras reuniones de comunidades de propietarios ahí va uno más. Me permito fantasear: Pepe el del 5ºA quiere alquilar su vivienda y propone certificar todos-a-una el edificio, Manoli la del 4º B no olvida que Pepe no quiso pintar la escalera de su mano…en fin, ¡qué bonito es ser propietario! Y lo triste es que estamos hablando de una certificación que, realizada conjuntamente, podría suponer un gasto por vecino, en una comunidad de más de 10 viviendas, de 40 o 50 euros en el peor de los casos. Y que va a dar lugar a una buena bronca. No digamos ya si algún propietario, en un ataque de ingenuidad y/o audacia sugiere aprovechar el movimiento para acometer obras de rehabilitación y mejorar las prestaciones térmicas del edificio.

certificación energética

La certificación energética:
una oportunidad para el ahorro
doméstico. Fuente Fundación LCQA

En resumen, una buena noticia, una gran oportunidad para que el ciudadano se sensibilice con el despilfarro energético de su vivienda y conozca la forma de reducirlo mejorando al mismo tiempo su confort, una medida en el camino de la reducción de nuestra elevada tasa de pobreza energética, una ocasión para reducir el consumo energético y las emisiones de CO2 del sector de la edificación y de paso disminuir nuestra enorme dependencia energética… todo eso, convertido en una iniciativa non gratapor mor de retrasos de difícil justificación, una comunicación escasa y pobre yun sector en crisis que se ve obligado a lanzarse de cabeza sobre cualquier oportunidad de trabajo que se le presenta.

Y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a la situación? ¿Cómo conseguimos que el ciudadano perciba los beneficios de la certificación energética y que ésta se constituya en una herramienta verdaderamente útil para mejorar la eficiencia energética del sector de la edificación? ¿Cómo transformar el problema en una oportunidad? Me permito sugerir algunas ideas.

Propuestas para mejorar la certificación energética de edificios

1º Realizar campañas adecuadas e intensas de información y concienciación ciudadana.

¿Y qué debemos decir a los ciudadanos? :

  • Que nuestras viviendas, son un auténtico desastre desde el punto de vista energético y medioambiental, no debido a prácticas irresponsables de profesionales sin escrúpulos, sino porque la reglamentación bajo la cual se han construido, en su inmensa mayoría la norma básica de edificación NBE-CT-79, establecía unas exigencias mínimas en materia de aislamiento de la envolvente, tanto ciega como acristalada.
  • Que la certificación energética puede representar un gasto mínimo y ofrece un servicio de gran valor. Sería fantástico que los administradores de fincas informaran en ese sentido a sus comunidades administradas. Les ofrezco algunos argumentos: antes o después todos nos veremos obligados a certificar nuestra vivienda, ya que incluso si no la vendemos o alquilamos llegará un momento en el que sea preceptivo someterla a un Informe de Evaluación del Edificio, que es como se conoce a la nueva ITE que ha creado la reciente Ley de Rehabilitación. Además, actuando de forma conjunta en la comunidad de propietarios y certificando globalmente el edificio nos costará mucho menos y además podremos contratar el servicio a especialistas cualificados que garanticen su calidad,aunque puedan ser un poco más caros que los profesionales anónimos que se esconden tras ofertas imbatibles en internet.
  • Que una vivienda con una buena certificación energética vale más, tanto en el mercado de venta como en el del alquiler, que otra más deficiente en este sentido. Véase en este punto el estudio del gobierno británico sobre los aumentos medios de precio entre viviendas clase G y superiores, que pueden representar hasta un 14%

precios de venta de viviendas en Inglaterra

La mejor certificación energética repercute en los precios
de venta
de viviendas en Inglaterra hasta en un 14%

2º Establecer mecanismos adecuados de control e inspección de los certificados emitidos

Resulta paradójico que la ley haya establecido ya un régimen sancionador para incumplimientos en materia de certificación energética de edificios y no haya fijado unos mínimos en lo que se refiere a las necesarias tareas de control e inspección de los certificados que se realicen. En un mercado en el que escasea de forma brutal el trabajo ponga usted en marcha una nueva actividad profesional, permita que casi cualquiera con un título técnico relacionado con la cuestión pueda ofrecer este servicio al precio que quiera y deje claro que no tiene recursos para comprobar que lo que se hace se haga bien. El hambre aprieta, no será uno el que censure al hambriento. Es absolutamente imprescindible que en todas las comunidades autónomas se inspeccionen los certificados registrados. Entiendo que no pueden ser todos, pero si aquellos que obtengan mayor calificación, porque en definitiva están otorgando un mayor valor a la vivienda o edificio certificado. Y ¿de dónde sacar los recursos necesarios para esta inspección? Pues…de las tasas; para eso deberían estar, ¿para qué sino?

3º Unificar procedimientos en todas las comunidades autónomas.

Ya sé que hablo de una entelequia. Pero también puede parecerlo que la Unión Europea esté trabajando para conseguir la certificación única europea. Si tratan de ponerse de acuerdo 28 países, ¿por qué no pueden hacerlo 17 comunidades autónomas?

En resumen: hacer las cosas tarde y con prisas es la mejor manera de convertir una oportunidad en un problema. Este país no conseguirá cumplir con los compromisos internacionales de eficiencia energética y reducción del impacto medioambiental del sector de la edificación sino lleva a cabo labores intensas y adecuadas de información y sensibilización ciudadanas, puesto que son los ciudadanos al fin y al cabo los realmente competentes para decidir lo que hacen o dejan de hacer en sus viviendas. Y la certificación energética de los edificios es una herramienta de enorme potencial para conseguir esta sensibilización ciudadana. Si no hemos logrado comunicarlo así en su lanzamiento, deberíamos actuar rápido para hacerlo mejor a partir de ahora.

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