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Se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE RESPUESTA ANTE LA CONTAMINACIÓN MARINA

Se aprueba el SISTEMA NACIONAL DE RESPUESTA ANTE LA CONTAMINACIÓN MARINA, por el Real Decreto 1695/2012, publicado en el BOE el 15 de enero de 2013

Por Inmaculada Biezma
redaccion@ambientum.com

El Real Decreto 253/2004, por el que se establecen medidas de prevención y lucha contra la contaminación en las operaciones de carga, descarga y manipulación de hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario, ha constituido la normativa fundamental aplicable a nivel nacional en el ámbito de la contaminación, si bien, como su denominación manifiesta, circunscrita al ámbito de los hidrocarburos, sin contemplar ni regular aquellos supuestos en que la causa de la contaminación venga dada por otras sustancias distintas de los mismos.

Para suplir esta limitación, el presente Real Decreto proporciona los mecanismos de respuesta ante los sucesos e incidentes derivados de la contaminación marítima y de la ribera del mar, mediante la creación de los órganos precisos y el desarrollo de los sistemas de relación y coordinación de las diversas administraciones públicas competentes en la materia, a efectos de garantizar una actuación eficaz respecto de los supuestos de contaminación.

El nuevo marco normativo que establece este Real Decreto se configura como un medio complementario de los instrumentos de planificación y salvaguarda derivados del mandato de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino y del establecimiento de las estrategias marinas que dicha ley regula.

• EL presente Real Decreto aprueba el SISTEMA NACIONAL DE RESPUESTA ante la contaminación marina, que tiene por objeto establecer, ante un suceso de contaminación marina, un marco general de actuación integrado por planes de contingencias de distinto rango y con el fin de:

El Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación marina será de aplicación a todos aquellos casos de contaminación marina accidental o deliberada.

  • Definir las líneas generales de actuación, de acuerdo con los requerimientos del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 1990 (OPRC 90), su Protocolo sobre sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (OPRC-HNS 2000) y demás normativa internacional aplicable a la prevención y lucha contra la contaminación marina.
  • Definir las pautas de activación de los planes en función de unas situaciones de emergencia establecidas de acuerdo con la gravedad del suceso.
  • Establecer fórmulas de coordinación para los supuestos en que se encuentren activados varios planes de forma simultánea.
  • Establecer un protocolo de comunicación de la activación de los planes.
  • Definir las actuaciones de las diversas administraciones públicas competentes, así como de otras instituciones públicas y privadas, en la utilización de medios aplicables en la lucha contra la contaminación marina.
  • Adecuar la coordinación y colaboración entre todas las administraciones públicas competentes y entidades públicas y privadas, que dispongan de medios de lucha contra la contaminación (art. 1 del SNR).

El Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación marina, que se adjunta a este Real Decreto, será de aplicación a TODOS aquellos casos de contaminación marina accidental o deliberada, cualquiera que sea su origen o naturaleza, que afecte o pueda afectar tanto a las aguas marítimas sobre las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción como a las costas españolas (art. único).

• A los efectos de lo dispuesto en este Sistema Nacional de Respuesta, se entiende por:

  • SUCESO DE CONTAMINACIÓN MARINA: un acontecimiento o serie de acontecimientos del mismo origen que supongan la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o energía que provoquen o puedan provocar efectos nocivos (como riesgos para la salud humana, perjuicios a los recursos vivos y a los ecosistemas marinos o costeros, incluida la pérdida de biodiversidad, los obstáculos a las actividades marítimas, especialmente a la pesca, al turismo, a las actividades de ocio y demás usos legítimos del mar, una alteración de la calidad de las aguas marinas que limite su utilización y una reducción de su valor recreativo, o, en términos generales, un menoscabo del uso sostenible de los bienes y servicios marinos) y que exijan medidas de emergencia u otra respuesta inmediata.
  • COSTA: la ribera del mar y de las rías, tal como se define en el artículo 3 de la Ley 22/1988,  de Costas, así como aquellos elementos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre susceptibles de ser afectados por la contaminación marina (acantilados, islotes, accesiones, etc.) y que se definen en el artículo 4 de dicha ley.
  • INSTALACIONES MARÍTIMAS: recintos o estructuras situadas en los puertos, en la costa o mar adentro, provistos de los medios necesarios para llevar a cabo actividades comerciales o industriales con riesgo de producir sucesos de contaminación marina por hidrocarburos o productos químicos, así como aquellas otras que, en su caso, determine la administración marítima.
  • TERMINAL DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS: aquella instalación marítima destinada a realizar la transferencia de mercancías entre los modos marítimo y terrestre, o en el modo marítimo, que puede incluir superficies anejas para depositar mercancías y elementos de transporte.
  • PLAN DE CONTINGENCIAS: instrumento jurídico y técnico por el que se regulan los procedimientos de organización y actuación de las administraciones públicas y entidades públicas y privadas, comprensivo de la estructuración, disposición de medios personales y materiales y la dirección y seguimiento de las operaciones ante un suceso de contaminación marina.
  • ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS: espacio afectado, o con riesgo de ser afectado, por un suceso de contaminación en el que se ejecutan las actuaciones previstas en los distintos planes. En los puertos, el ámbito de aplicación quedará definido por su zona I o interior de las aguas portuarias en el caso de puertos de interés general, o por la zona interior de sus aguas portuarias, delimitada por sus diques de abrigo o elemento geográfico equivalente, en el caso de puertos autonómicos. En las instalaciones o terminales, el ámbito de aplicación será el espacio de agua que bordee la instalación o terminal y cuya anchura será el doble de la eslora del mayor buque que pueda operar en la misma y en todo caso como mínimo 100 metros de radio, salvo en las plataformas petrolíferas en cuyo caso la anchura será de un radio de una milla.
  • MEDIDAS DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA: decisiones y actuaciones que tienen por objetivo la prevención y evitación de nuevos daños y la reparación de los ya producidos.
  • PELIGROSIDAD: capacidad intrínseca de una sustancia o potencialidad de un suceso de contaminación marina para ocasionar, directa o indirectamente, daños a las personas, perjuicios materiales y deterioro del medio ambiente.
  • ZONA ESPECIALMENTE VULNERABLE: aquella que por sus valores naturales, su ubicación geográfica, o los intereses generales a proteger, precise de un especial grado de protección, y así se encuentre clasificada en el plan territorial de la comunidad autónoma correspondiente o de las ciudades de Ceuta y Melilla, o en el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar.

Las autoridades dependientes de la Administración General del Estado responsables de la aprobación de los planes deberán disponer del mismo en el plazo más breve posible.

• El ARTÍCULO 3 del Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación marina aprobado por este Real Decreto establece que dicho Sistema Nacional de Respuesta contempla DOS SUBSISTEMAS, cuyos ámbitos de actuación serán las aguas marítimas y la costa, respectivamente.

1) El subsistema MARÍTIMO está integrado por los siguientes planes de contingencias:

  • PLAN MARÍTIMO NACIONAL: plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a las aguas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, en el marco del artículo 264 del Real Decreto Legislativo 2/2011, que aprueba el texto refundido de la Ley 27/1992, de puertos del Estado y de la marina mercante.
  • PLAN INTERIOR MARÍTIMO: plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina que se produzca dentro de su ámbito de aplicación, en un puerto, un terminal marítimo de manipulación de mercancías, una plataforma marina de exploración o explotación de recursos naturales en el mar, así como cualquier otra instalación marítima situada en zonas donde España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción.

2) El subsistema COSTERO está compuesto por los siguientes planes de contingencias:

  • PLAN ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LA RIBERA DEL MAR contra la contaminación: plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a la costa y que requiera la intervención de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y, en su caso, del Ministerio del Interior, atendiendo a los criterios de activación previstos en los artículos 7 y 8 de este real decreto.
  • PLANES TERRITORIALES de comunidades autónomas y de ciudades de Ceuta y Melilla de protección de la ribera del mar contra la contaminación: plan de contingencias ante un suceso de contaminación marina que afecte o pueda afectar a la costa de una comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta y Melilla.
  • PLANES LOCALES de protección de la ribera del mar contra la contaminación: plan de contingencias ante un suceso de contaminación que afecte o pueda afectar al ámbito territorial de una entidad local costera.

* Es interesante destacar la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA del Real Decreto, según la cual:

Las autoridades dependientes de la Administración General del Estado responsables de la aprobación de los planes, así como cualquier entidad privada que, de acuerdo con este Real Decreto, deba elaborar y aplicar un plan de contingencias por contaminación marina, deberán disponer del mismo en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente norma.

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