A las radiaciones electromagnéticas de telefonía y de otros orígenes se les atribuyen daños hacia la salud de las personas.

En los últimos años no se ha llegado a una conclusión clara y a una evidencia científica de estos daños, pero se ha avanzado algo en cuanto al establecimiento de normativas que, de algún modo, reducen y controlan estas radiaciones.

Los datos estadísticos señalan evidencias de estos daños, pero lo cierto es que existe muy poca información científica que los refrende. Vivimos inmersos en un mar de ondas electromagnéticas radio, televisión, microondas, etc. Tendidos eléctricos, redes de comunicación y telefonía, equipos industriales de todo tipo, electrodomésticos y multitud de otras fuentes son el origen de estas radiaciones lo que da a estos fenómenos una amplitud y proliferación de muy difícil control.

Las radiaciones de menor frecuencia no son capaces de originar cambios detectables en nuestro organismo, pero estos equipos han evolucionado hacia la

utilización de alta y media frecuencia, lo que unido a su gran cantidad llega ya a limites de peligrosidad.

La profundidad de penetración en los tejidos de la radiación de frecuencia menor a 1 megahercio, es capaz de generar corrientes eléctricas dentro del organismo que estimula células nerviosas

y musculares y si son elevadas es posible que produzcan efectos perjudiciales para nuestra salud. También hay evidencias de acciones sobre el crecimiento e las células, modificación en los comportamientos de enzimas, etc. Estas modificaciones afectan nuestro organismo pero no es fácil evaluar con rigor científico sus consecuencias.

La contaminación electromagnética existe y su riesgo, aunque poco evaluado, es una realidad, lo que hace prudente introducir, con la mejor base científica disponible, cautelas de tipo jurídico, operativo y en los hábitos personales, para reducir estos riesgos.

Lo cierto es que, desde un punto de vista legal, la realidad ha ido muy por delante que las medidas de control. En España tenemos mas de 30.000 antenas de telefonía móvil que se han instalado en ausencia de la mínima normativa legal que limitase sus parámetros de diseño y colocación. Desde hace muy poco tiempo existen leyes, muy poco operativas que, como mínimo establecen un marco de actuación. Estas leyes deben complementarse con la revisión de las instalaciones ya existentes que emiten