Miguel Ángel Duralde Rodríguez es el director de proyectos de la empresa
Ceifra. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid
y especializado en silvopascicultura, ha profundizado luego en la
defensa contra incendios y en infraestructura de jardín. El mundo
de la enseñanza le es muy querido y familiar: profesor de "Evaluación
y control de la erosión y desertificación" en el Máster de Ingeniería
Geológica y Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid; responsable
de la Escuela Taller de la Casa de Campo y en la formación de vigilantes
de incendios forestales de la Comunidad de Madrid.
¿Situación del sector forestal en España?
Si tuviéramos que definir con una palabra esta situación podríamos
elegir la de "precaria". Es un sector que está todavía por definir.
Desde hace unos quince años la Administración comenzó a sacar a licitación
pública los trabajos forestales, |
lo que supuso el nacimiento de un sector de empresas privadas para
la realización de servicios forestales. Son estas empresas las fundadoras
de ASEMFO (Asociación Nacional de Empresas Forestales), asociación
a la que pertenezco. Cuando se habla del sector forestal no existe
aún consenso sobre su alcance, y por lo tanto el volumen económico,
la incidencia en el empleo, etc.
¿Retos más importantes?
Digamos que, de puertas adentro, la propia definición del sector
y su cuantificación. No se puede estar hablando del sector forestal
si los agentes sociales, la Administración y los propios protagonistas
no están de acuerdo o simplemente no saben qué es el sector forestal;
eso hace que el diálogo sea imposible. Y, desde el punto de vista
medioambiental, son dos los retos básicos que tiene que afrontar
el sector:
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Lo
forestal, aún lo indefinido.
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completar el marco legal y aumentar y consolidar la inversión.
¿Está acabado el marco legal del sector forestal?
No es fácil hablar de un marco legal acabado, puesto que todo evoluciona
y la legislación tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias.
Pero no es éste el caso con el sector forestal. La Ley de Montes
vigente data de 1957.
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