Domingo Berriel, detalló, en la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el número de explotaciones que han pedido al departamento que dirige su regulación y las especies animales que atienden por islas. Así, Fuerteventura, con 161 solicitudes, es la isla que ocupa el primer puesto de peticiones, seguida de Lanzarote (125), Tenerife (70), La Palma (28), Gran Canaria (25), La Gomera (11) y El Hierro (1).

Respecto a los animales que están en estas granjas, 281 explotan ganado caprino, 218,  ovino; 101, vacuno; 89, porcino y 85, equinos. Mientras el ganado caprino constituye el mayoritario, las granjas que explotan camellos (6) y que se dedican a la apicultura (5 solicitudes) y a la avicultura (2) representan la minoría.     

Podrán optar a subvenciones

El responsable autonómico subrayó que las 421 solicitudes "han sido notificadas recientemente a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), con el fin de paralizar la tramitación de cualquier procedimiento sancionador para la legalización provisional o definitiva en su caso, con el establecimiento de los plazos y condiciones de ejecución".

Berriel informó de que la empresa pública GESPLAN es la encargada de realizar el estudio y gestión de las peticiones remitidas a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo autónomo. Este trabajo permitirá determinar el suelo en el que se ubican las instalaciones dedicadas a la actividad agropecuaria, la antigüedad de las mismas y si procede la exigencia de una evaluación de impacto ambiental, además de establecer las medidas correctoras que fueran necesarias.

Domingo Berriel hizo hincapié en que esta nueva normativa no sólo posibilita la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas, sino que además, una vez regularizada su situación, pueden optar a las subvenciones. "Estas ayudas son necesarias para mejorar las infraestructuras y así poder adaptarse a la normativa vigente, sobre todo,  en materia de higiene y bienestar animal". La ley también permite una nueva vía de regularización, a través de las calificaciones territoriales.

El consejero resaltó que las regularizaciones realizadas hasta la fecha tendrán un efecto de llamada que servirán para legalizar muchas de las miles de explotaciones ganaderas que se encuentran ahora mismo en estado de ilegalidad.