Los pescadores ilegales lo tendrán más difícil a partir de este nuevo tratado. Un grupo de 91 países miembros de la FAO (Organización para la alimentación y la agricultura), han elaborado un escrito que pretende cerrar los puertos pesqueros a las embarcaciones involucradas en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocida como INDNR. Así lo ha informado la ONU (Organización de Naciones Unidas).

Evitar la comercialización de pescado ilegal

Este acuerdo se trata del primer tratado a nivel mundial centrado de forma específica en el problema de la pesca INDNR. La finalidad de esta iniciativa es impedir que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional. De esta manera, se podrá eliminar un importante incentivo para los pescadores que se dedican a prácticas ilegales.

Principales puntos del compromiso

Los países firmantes del tratado se comprometen a tomar una serie de medidas con el fin de terminar con la pesca ilegal. Entre ellas, los países deberán realizar inspecciones regulares de documentación y de aparejos de pesca. Por otra parte, los barcos extranjeros que pretendan atracar estarán obligados a solicitar permiso con antelación en una serie de puertos especialmente designados, transmitiendo información sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo. De esta forma, las autoridades tendrán oportunidad de detectar las actividades ilícitas de forma anticipada.

En el caso de que a una embarcación se le niegue el acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicamente y las autoridades nacionales del país de pabellón del navío deben tomar las medidas oportunas.

Opiniones sobre el tratado

La pesca INDNR “daña la productividad de las pesquerías”, o lleva incluso “a su colapso”, señala Ichiro Nombra, director de la FAO para Pesca y Acuicultura. Además, advierte que es “un grave problema para la gente que depende de ellas (pesquerías) como fuente de alimentos y de ingresos".

Por su parte, David Doulman, experto de la FAO en materia pesquera, recalca que la eficacia de las medidas del Estado rector del puerto “dependen en gran medida de lo bien que las apliquen los países". En cuanto a los objetivos a conseguir, añade que se debe asegurar que los países dispongan de los medios y los conocimientos necesarios para cumplir lo acordado”. Y añadió un dato importante: el acuerdo prevé "ayudar a los países en desarrollo" para que puedan "implementar estas medidas".

Ratificación a nivel nacional

Para poder entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado a nivel nacional. Una vez que lo hayan hecho 25 Estados, entrará en vigor en un plazo de 30 días.  El cumplimiento se vigilará de forma regular y está prevista una revisión a fondo cuatro años después de la entrada en vigor del acuerdo.