Entrecanales, Presidente de Acciona, ha defendido en la Cumbre del Clima que se celebra en Copenhague un conjunto de líneas maestras que los acuerdos internacionales y las legislaciones nacionales tienen que tener en cuenta para movilizar a las empresas en la lucha contra el cambio climático.

“Nuestro papel, como empresas privadas, es recordar a los legisladores que sin movilizar al sector privado y, particularmente, a las compañías, no se conseguirán los objetivos necesarios para combatir el cambio climático. Los acuerdos internacionales y las legislaciones nacionales son esenciales para ello”, afirmó Entrecanales.

Las empresas más importantes participaron en el Business Day organizado por el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, organismo de cuyo Comité Ejecutivo forma parte y que aglutina alrededor de 200 compañías de todo el mundo con el objetivo y misión común de aportar desde el ámbito empresarial soluciones y propuestas para impulsar el desarrollo sostenible.

Existió un grupo de trabajo con los primeros ejecutivos de un numeroso grupo de empresas lideres mundiales, en las sesiones paralelas para enriquecer el COP15 con la visión del sector privado.

Entre los representantes allí congregados, destacaron: José Manuel Entrecanales, Presidente de Acciona; Ditlev Ángel, presidente y CEO de Vestas; Gérard Mestrallet, Presidente y CEO de GDF-Suez; Pierre Gadonnaix, Presidente y CEO de EDF; James Rogers, Presidente y CEO de Duke Energy; Ignacio Sánchez Galán, Presidente y CEO de Iberdrola; Anne Lauvergeon, CEO de Areva; Bruno Lafont, Presidente y CEO de Lafarge; Philippe Joubert, Presidente de Areva Power; Paul Polman, Presidente de Unilever; y Muhtar Kent, presidente y CEO de Coca Cola, entre otros.

En su intervención, Entrecanales destacó los cuatro factores claves para que las empresas puedan asumir la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2 como eje de su planificación y actuación estratégica, ejes que deben de ser respaldados por los acuerdos políticos y su desarrollo en las diferentes normativas nacionales.

Primero abogó por la concienciación generalizada de la sociedad y de las empresas sobre los beneficios a largo plazo de la sostenibilidad. Para ello, la educación, las campañas divulgativas y el reconocimiento a las mejores prácticas serán el caldo de cultivo de  un entorno empresarial en el que se generen oportunidades de negocio, se reduzcan los riesgos asociados a las estrategias sostenibles y se retroalimente la concienciación de empleados, clientes y accionistas.

En segundo lugar, explicó la necesidad de promover incentivos a la rentabilidad de las inversiones en proyectos sostenibles, por ejemplo, a través de aranceles preferenciales, promoción de la I+D+i, etc, pero muy especialmente a través de un mercado de emisiones que refleje adecuadamente el coste social y medioambiental de las mismas. La perspectiva de rentabilidad será el mejor catalizador de las inversiones necesarias para plasmar en realidades y hechos el compromiso con la sostenibilidad.

El marco institucional y legislativo con medidas disuasorias por el incumplimiento de los compromisos asumidos, tanto a nivel estatal como empresarial fue otro de los puntos fuertes de su intervención.

Por último, destacó la presencia de un escenario estable a largo plazo, asegurado por financiación internacional, el consenso y la supervisión de organismos independientes que infunda seguridad al capital privado.



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