Los expertos consideran que una gestión eficaz podría evitar los cortes de suministro que se prevén en algunas regiones para los próximos meses. La solución podría pasar por castigar el consumo excesivo garantizando el mínimo.

Hace unos meses, el MMA planteaba la posibilidad de subir el precio del agua para castigar su uso abusivo, mediante la implantación de tarifas por tramos de consumo. Sus responsables calculan que en España se despilfarran un total de 900 hectómetros cúbicos de agua, que permitirían el consumo anual de 14,7 millones de personas. La ministra Narbona, siguiendo una propuesta de Ecologistas en Acción, reclamaba además a todas las administraciones garantizar a todos los ciudadanos el acceso al consumo de un mínimo de 60 litros de agua potable por habitante y día a un precio asequible.

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Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pertenecientes a 2004, el consumo medio en España fue de 171 litros por habitante y día, con diferencias notables entre autonomías: Andalucía es la que más consume, con 189 litros mientras que La Rioja se encuentra en el polo opuesto, con 148 litros. No obstante, estas cifras incluyen el consumo público además del doméstico.

En cualquier caso, conviene recordar que España es el tercer país más barato de Europa en factura de agua, aunque con diferencias de hasta un 426% entre distintas ciudades españolas, según un reciente estudio de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA). Desde esta organización se recuerda que es el único suministro doméstico sin una normativa nacional que regule los derechos de los usuarios. Por ello, reivindican al Gobierno su elaboración, y solicitan a los ayuntamientos la puesta en marcha de mecanismos de participación de las asociaciones de consumidores en el diseño de las tarifas y la implantación del ciclo integral del agua, siguiendo la Directiva europea.

En este sentido, buena parte de los servicios de agua y saneamiento hoy día están concesionados a grandes empresas privadas -en torno al 50%-, por lo que algunos especialistas reclaman el desarrollo de un sistema público que regule y garantice, de manera transparente, las tarifas y las condiciones mínimas del servicio.

Por el momento, se trata de propuestas que todavía tendrán que ser debatidas y en su caso, aprobadas. No obstante, la Comunidad Autónoma Vasca podría ser un ejemplo a seguir: Recientemente se aprobaba la Ley Vasca de Aguas, con la que se pondrá en marcha, en enero de 2008, la Agencia Vasca del Agua y un canon ecológico que obligará a pagar más a los ciudadanos que sobrepasen los 130 litros por persona y día.