La Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, aboga porque se comercialice una proporción mínima de biocarburantes y de otros combustibles renovables, estableciendo en este sentido, como objetivo indicativo, el 5,75% de toda la gasolina y gasóleo comercializado con fines de transporte en los respectivos mercados de los países miembros a más tardar el 31 de diciembre de 2010.

Se trata de una Directiva trascendental para la promoción de la producción y el uso de los biocarburantes en la U.E. que rápidamente fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante Real Decreto 1700/2003, de 15 de diciembre, por el que se fijan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y el uso de biocarburantes (B.O.E. del 24.12.2003). Con anterioridad, por Ley 53/2002 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para el año 2003, se estableció un tipo especial del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos de 0 €uros x 1.000 litros para los biocarburantes hasta, en principio, el 31.12.2012. (B.O.E. del 31.12.2002). En Portugal tardaron algo más de dos años en transponer la citada Directiva y más de cuatro en establecer la exención del Impuesto Sobre los productos Petrolíferos y energéticos (ISP) para los biocarburantes. (Decretos-Ley nºs. 62/2006 de 21 de marzo y 66/2006 de 22 de marzo respectivamente).

Con posterioridad, en nuestro país el Real Decreto 774/2006, de 23 de junio, introducía importantes modificaciones en el Reglamento de los Impuestos Especiales, permitiendo desde ese momento las mezclas de biocarburante con carburantes convencionales en las instalaciones de los propios consumidores finales así como en las de venta al público, sin sujeción, por parte de los titulares de dichas instalaciones al cumplimiento de condiciones especiales o particulares de ningún tipo. Esta medida, que ha generado cierta polémica en el sector, amplía, sin duda, las posibilidades de comercialización de unos carburantes alternativos para cuya implantación y consumo mínimo generalizado dista, hoy por hoy, un largo y duro camino a recorrer, pero, en opinión de algunos, también en la mía propia, son previsibles consecuencias negativas por la ausencia total en estos momentos de planes y sistemas de control específicos por parte de quienes tienen las competencias asumidas y la responsabilidad de llevar a cabo un seguimiento sobre la calidad y puesta a disposición de los consumidores de estos productos.

En la línea de cautela demostrada, el Gobierno Portugués aprobaba el pasado 12 de diciembre de 2006 el Decreto Ministerial nº. 1391-A/2006, en el que se establecen los procedimientos para la concesión de la exención del Impuesto Sobre los productos Petrolíferos y energéticos (ISP) a los operadores económicos que introduzcan biocombustibles en el consumo de ese país. El Decreto en cuestión también establece las condiciones de control para el cumplimiento de los criterios de abastecimiento, enfatizando la importancia de potenciar las materias primas resultantes de la producción agrícola endógena destinada a la producción de biocarburantes. Sin embargo, al no darse aún las condiciones para la aportación de la agricultura, el Gobierno portugués ha optado por dividir el período de concesión de la exención del ISP hasta el año 2010 en dos fases, la primera que irá hasta el 31 de diciembre de 2007 con aplicación de la exención para 205.000 Toneladas de biodiesel como cantidad máxima global (además de 15.000 Toneladas destinadas exclusivamente para pequeños productores), y una segunda fase que irá desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, esperándose que la exención permita una efectiva incorporación de materias primas resultantes de la producción agrícola endógena.

Para la concesión de la exención tendrán prioridad las empresas que acrediten y dispongan de instalaciones de almacenamiento en Portugal de materias primas o de biocombustibles; que presenten un sistema de control de calidad para la obtención de las especificaciones técnicas adecuadas a cada tipo de biocarburante; los biocombustibles se destinarán exclusivamente a ser introducidos en el consumo; tener licencia de actividad.

La cantidad máxima global de biocombustibles susceptible de exención del ISP, se atribuye a los operadores económicos, hasta un límite máximo anual de 100.000 Toneladas de biodiesel por operador.

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos derivados del Decreto Ministerial, los operadores económicos deben prestar garantía por importe equivalente al 10% de la cantidad de la exención anual que les haya sido concedida.

España liberal, Portugal conservador
Son claras y evidentes las diferencias entre el sistema español y el portugués a la hora de tratar la implementación efectiva en la matriz energética de los biocarburantes. Así, a la vista de lo comentado, mientras al nuestro podría tildársele de liberal, el portugués puede parecer excesivamente conservador y proteccionista. En nuestro sistema o modelo, además de la exención, gozamos de un tipo impositivo especial de cero euros que ‘soportamos’ todos los contribuyentes, y que posibilita y permite que cualquier proyecto empresarial para producir y comercializar biocarburantes en España, pueda materializarse con independencia de su conveniencia, oportunidad, viabilidad, solvencia, objetivo comercial e interés general.

Portugal parece no apostar ni por actitudes ni por palabras a las que a este lado de la raya concedemos mucho valor, palabras como “libre mercado” y “autorregulación”. Los portugueses han apostado por tomarse su tiempo y repensarse las cosas en materia de biocarburantes, por establecer procedimientos mínimos y básicos a la hora de conceder autorizaciones para la producción de estos productos energéticos alternativos y de instaurar beneficios fiscales asociados a su fabricación y utilización, por primar su producción agrícola endógena, por exigir a quienes pretendan dedicarse a su fabricación a que dispongan de sistemas y controles que garanticen la calidad de los productos, etc.
Nuestros vecinos han optado por regular, siquiera minimamente, un sector emergente y estratégico.

Estoy seguro que habrá quien acuse a las autoridades portuguesas de retrasar la implementación y el desarrollo de los biocarburantes en ese país así como, por supuesto, de obstaculizar la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros de la U.E., pero también estoy seguro de que el sistema portugués tendrá en España muchos partidarios –al margen, claro está, de agricultores y sus organizaciones agrarias representativas-; en definitiva, aquí será, para muchos, un modelo a seguir.