La lucha contra la contaminación del aire, que en España causa cada año 16.000 muertes prematuras, determinará las decisiones que tomen los ayuntamientos y las CCAA en materia de urbanismo, según el proyecto de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que ha aprobado el Consejo de Ministros. Esta ley data de 1972 por lo que el gobierno ha considerado oportuno su modernización .

Así ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ley es necesaria por la urgencia del problema y por la necesidad de modernización de una normativa que tiene ya 35 años y está, evidentemente, desfasada . Asimismo, De la Vega ha recordado que la política medioambiental del Gobierno y, por lo tanto la nueva norma, se basa en la prevención; en el principio de responsabilidad, el que contamina paga ; y el de corresponsabilidad de todas las administraciones, de forma que la futura ley del Aire exigirá a los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes que tengan planes de evaluación de su calidad del aire.

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno central y los autonómicos, tendrán que ponerse de acuerdo sobre los valores límite de las emisiones contaminantes, las normas urbanísticas y las autorizaciones del uso de algunos suelos, además de realizar una zonificación o mapa de áreas especialmente protegidas.

Pero además el gobierno tiene previsto otras iniciativas con el mismo objetivo: la protección del medio ambiente, como la del Agua o la de la Responsabilidad Medioambiental.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó acto seguido las líneas del anteproyecto y adelantó que establece un rango de sanciones que pueden llegar hasta los 2 millones de euros y el cierre de las instalaciones contaminantes.

En cuanto al tráfico, se prevén planes de movilidad generales y específicos, y se tendrá que incluir en la urbanización y los planes de ordenación del territorio la lucha contra la contaminación y, de no ser así, el ciudadano podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales.

La nueva norma, uno de los instrumentos de la Estrategia Española de Calidad del Aire, dispone obligaciones para los municipios con más de 250.000 habitantes tales como las de disponer de instalaciones y redes de evaluación, informar a la población sobre los niveles de contaminación y calidad del aire o elaborar planes y programas para el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire.

La ministra del ambiente ha afirmado que esta ley es integral en la medida que incluye en un catálogo todas las fuentes potenciales de contaminación ocupándose de las causas (fuentes y contaminantes) y problemas (salud, ambientales y materiales) y a partir de ahí, las somete a un régimen de intervención administrativa de las CC.AA. en los términos que éstas determinen.