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Durante
dicho quinquenio se tendrán que limitar o reducir
las emisiones de gases que pudieran causar un efecto
invernadero, con el objetivo de evitar este grave problema
medioambiental, cumpliendo así los compromisos
firmados en el Protocolo de Kyoto, que entró
en vigor el 16 de febrero de 2005.
La Comisión Europea
ha considerado necesario el proporcionar una guía
complementaria para incorporar de forma consistente
lo aprendido en la primera fase de la asignación,
de modo que se favorezca la creación de una serie
de planes más coherentes en este segundo periodo.
Para conseguir esta coherencia, la Comisión cree
necesario la armonización de las reglas de asignación,
algo que apoyan la mayoría de los Estados Miembros,
y además ha instado a los gobiernos a crear planes
más simples.
Buscando prevenir la
aparición de unas hipotéticas complicaciones
a la hora de analizarlos, que ya se manifestaron en
el periodo comprendido entre 2005 y 2007 y que se estima
podrían volver a darse, se va a intentar que
los planes venideros gocen de mayor transparencia y
sean de más fácil implementación.
Para mejorar dicha transparencia
se ha desarrollado un conjunto de tablas estandarizadas
anejas a la guía, en las que cada país
publicará la información básica
contenida en su Plan Nacional de Asignación.
En ellas se reflejarán los datos sobre la emisiones
proyectadas, las previsiones sobre la variación
de los combustibles y las medidas ulteriores de reducción.
Además, se les ha impulsado a utilizar el formato
común elaborado para los primeros planes que,
al igual que en la primera fase, asegurará un
gravamen consistente para cada uno de ellos.
Esta primera fase, que
se calificó como un periodo de aprendizaje, duró
alrededor de 15 meses, desde el 31 de marzo de 2004
hasta el 20 de junio de 2005, superando el tiempo estimado
por la Directiva sobre Comercio de Derechos de Emisión.
Ésta ha introducido el llamado “criterio
12”, que establece que casa estado podrá
limitar la cantidad de créditos provenientes
de proyectos de reducción de emisiones bajo el
Mecanismo de Desarrollo Limpio y de Aplicación
Conjunta. Cada estado tendrá la posibilidad
de elegir cómo va a aplicar ese límite,
pero se ha recomendado usar uno que resulte válido
para todo el periodo y todas las instalaciones de manera
conjunta. Así mismo, ha querido subrayar la importancia
de comunicar con exactitud los plazos en los que deben
cumplirse cada plan, y ha recordado a los estados que
deben cumplir el del segundo proceso de asignación,
que finaliza el 30 de junio de 2006. La Comisión
Europea no aceptará enmiendas que sean notificadas
después del 31 de diciembre del mismo año,
aspecto que se especifica en el artículo 11 de
la Directiva.
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ORIENTACIONES
DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA ELABORACIÓN
DE LOS NUEVOS PLANES
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| 1.
La Comisión insta a los Estados Miembros
a simplificar las reglas de asignación.
En particular, reitera su rechazo de ajustes a
posteriori.
2. La Comisión va a ser más severa
en lo que respecta al cumplimiento de plazos.
3. La asignación del segundo periodo va
a ser más restrictiva que en el primero
por la distancia de que separa a algunos países
de los objetivos del Protocolo de Kyoto.
4. La Comisión anima a los Estados Miembros
a explorar el uso de la subasta.
5. Los trámites de información pública
deberán ser más rigurosos en lo
sucesivo.
6. La Comisión insiste en que los mecanismos
de flexibilidad deberá demostrarse debidamente,
dados los posibles problemas para que se genere
toda la demanda de créditos.
7. Se recomienda no basar la asignación
en emisiones del periodo 2005-2007, pues ello
desincentivaría que se produjeran reducciones
en la primera fase de aplicación.
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En cuanto al precio de los derechos de emisión
en el segundo periodo, se calcula oscilará entre
los 13 y los 32 euros por tonelada de CO2, valor que
cambiará en función de la oferta y la
demanda de dichos derechos. Si alguna empresa se excediera
en la cantidad de toneladas que le estuvieran permitidas
emitir, tendría que pagar alrededor de 100 euros
por cada una de ellas.
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