España acaba de pasar por la peor sequía
del último siglo. ¿Cambio climático
o episodio natural? Probablemente sería pronto
para decirlo, pero lo cierto es que el último
año hidrometeorológico, que abarca desde
el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31 de agosto de
2005, pasará a la historia por haber sido el
más seco en España desde que se inicia
el cálculo de volúmenes de precipitaciones
en 1947.
La
precipitación
media en España ha sido de tan sólo
411 mm, un 40% menos que el valor medio normal, afectando
a todas las regiones, excepto a Canarias. El mayor
déficit de precipitaciones se registró
en Extremadura, Andalucía, Castilla-la Mancha,
Madrid, Cataluña y el sur de Castilla y León,
en donde no llegaron ni al 50% de los valores normales,
y en numerosas zonas apenas se llegó al 35%
de los valores medios. En el resto de España
el déficit fue importante, excepto en la vertiente
cantábrica, sur de Galicia, La Rioja, Navarra,
este de Aragón, centro y norte de Valencia,
sur de Murcia y este de Almería, aunque sin
llegar a los valores normales. Pero tan importante
como el déficit global, fue el reparto a lo
largo del año, pues en el último año
todos los meses fueron secos o muy secos, excepto
octubre de 2004. Y a medida que pasaron los meses,
las reservas acumuladas en los embalses han ido descendiendo
hasta el 40%: en septiembre almacenaban sólo
22.037 Hm3, frente a los 31.552 Hm3 de hace un año.
Las lluvias de otoño es probable que pongan
fin a esta situación extrema, pero la sequía
volverá, porque es un fenómeno cíclico,
que se verá agravado por el cambio climático.
Otro
factor a destacar es que la situación pudiera
agravarse aún más, pues históricamente
las sequías en España duran de 4 a 5
años, y de ahí la importancia de aplicar
políticas de ahorro y eficiencia en todos los
usos, desde los regadíos, que representan cerca
del 80% del consumo, a los usos urbanos.
¿De quién es el agua?
El
agua, como recuerda la ministra Cristina Narbona,
es un bien público y es de todos, y por eso
no tiene precio, es un derecho humano básico.
Cuando hablamos del precio del agua nos referimos
a los importantes costes que supone captar, almacenar,
distribuir y depurar el agua una vez utilizada, sin
contaminar y degradar los ríos, el litoral
o los acuíferos. La Directiva Marco de la Unión
Europea nos obligará a repercutir todos los
costes en los usuarios finales.
Otra
cosa bien diferente es quien gestiona el agua y el
debate suscitado con los nuevos borradores de los
Estatutos de Autonomía, como el de la Comunidad
Valenciana y Cataluña, entre otros. Nuestro
ordenamiento jurídico es meridianamente claro
al respecto: en los ríos que discurren por
varias autonomías existe la Unidad de Cuenca,
y es el Gobierno quién gestiona las cuencas
que discurren por varias regiones, a través
de las Confederaciones Hidrográficas.
Ningún
territorio puede “blindar” un río
que discurre por varias Comunidades Autónomas,
y aún menos puede reclamar o exigir el trasvase
desde otra cuenca, como pretenden dos de las regiones
gobernadas por el PP, Murcia y la Comunidad Valenciana.
La competencia sobre los trasvases corresponde al
gobierno, que se guía por criterios de solidaridad
y responsabilidad. Por eso se suspendió el
trasvase del Ebro, y tarde o temprano habrá
que reconsiderar el trasvase del Tajo, como reclaman
todos los partidos y fuerzas regionales de Castilla-La
Mancha, una vez que se solucionen las carencias de
las áreas receptoras con desalinizadoras, reutilización
de aguas residuales y mejora de la eficiencia, proceso
que durará unos cuantos años.
El
agua es de todos, pero tiene muchos usos, desde los
más prioritarios, como el abastecimiento de
boca o urbano, que apenas representa un 15%, el abastecimiento
industrial (un 7%) y el riego de la agricultura (cerca
del 78%). El Ministerio de Medio Ambiente trata de
poner orden y frenar el descontrol, como el ocasionado
por los numerosos pozos ilegales (se habla de medio
millón, pero es difícil saber la cifra
exacta), que sobreexplotan los acuíferos, y
detraen para un uso particular un recurso que es de
todos. Conocer bien quién consume el agua es
clave para una buena gestión.
El nacionalismo hidráulico del PP
El
PP y algunos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas
donde gobierna (Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid)
están utilizando la sequía contra el
gobierno, al que no perdonan la derogación
del trasvase del Ebro, y sobre todo haber perdido
las elecciones y el gobierno. Nadie tiene la culpa,
políticamente, de que no llueva, pero el PP
allá donde gobierna no ha adoptado medid
as
para afrontar la sequía, y se ha lanzado a
una campaña demagógica y permanente
contra el gobierno socialista, con la esperanza de
obtener réditos electorales en las próximas
confrontaciones.
Los
trasvases son objeto de debate y de confrontación,
entre partidos políticos y regiones, como sucedió
con el trasvase del Ebro, ocurre con cada nuevo trasvase
del Tajo e incluso con el previsto del Júcar
al Vinalopó, que enfrenta a Valencia con Alicante.
El
PP de Murcia y Comunidad Valencia han encontrado la
piedra filosofal, la seña de identidad que
sirve de bandera contra la izquierda y el gobierno:
el nacionalismo hidráulico, la demagogia del
“agua para todos”, y la reivindicación
del trasvase del Ebro, o de trasvases imposibles desde
los embalses vacíos de la cabecera del Tajo
(Entrepeñas, y Buendía). Hoy es el Ebro,
luego será el Tajo medio, posteriormente el
Ródano, pero ni con el Amazonas tendrían
bastante. Más regadíos y, sobre todo,
campos de golf y centenares de miles de nuevas viviendas
para todos los europeos que tengan con que pagarlas,
a costa de la destrucción del litoral y de
todo tipo de ecosistemas. Uno de los intelectuales
orgánicos, y desde luego el más inteligente,
es el periodista de La Verdad de Murcia (del grupo
Vocento) Manuel Buitrago. Lo que él dice un
día, al día siguiente lo repiten como
papagayos todos los responsables regionales del PP.
Buitrago les ilustra y les da la sofisticación
y la gracia que no tienen. Lástima que una
persona tan inteligente y tan lúcida como Buitrago
esté al servicio del “agua para todos
los campos de golf”.
El
discurso, a fuerza de machacón, ha calado hondo,
sobre todo en Murcia, donde existe la extendida ideal
de que “les queremos robar el agua”, aunque
en ninguna otra región el gobierno ha invertido
tanto para subsanar una demanda voraz, alimentada
por nuevos regadíos, legales o ilegales, urbanizaciones
y campos de golf, y todo ello en la región
más árida de Europa, en ese Levante
que va de Alicante a Almería.
Hablan
de una agricultura sin subvenciones, pero se olvidan
de decir que sin las barreras arancelarias no podrían
competir en el mercado europeo, sin olvidar el enorme
impacto del consumo de agua, la destrucción
de hábitats, la contaminación por nitratos
y por plaguicidas. Y en algún momento deberán
pagar el “precio real” del agua subvencionada
que consumen, como establece la Directiva Marco de
la Unión Europea.
Pero
aún más deplorable es la creación
de decenas de nuevos campos de golf, siempre ligados
a grandes complejos residenciales, con su correspondiente
demanda de agua, en la región más árida
de Europa. ¿Qué no hay agua? Pues se
trae de donde sea, y si las cabeceras del Tajo están
secas, pues se recurre al Tajo medio, y cuándo
el PP vuelva al gobierno, se hará por Cañetes
el trasvase del Ebro, cueste lo que cueste, y cuando
el Ebro se acabe, el del Tajo Medio, el Duero, el
Guadiana, y se acabará interconectando todas
las cuencas, para llevar el agua de la España
húmeda a la seca.
Los
nacionalistas hidráulicos no entienden de ecología,
ni de economía, ni falta que hace. Lo suyo
es la demagogia y la movilización permanente,
el crear unas nuevas señas de identidad hidráulicas,
que hagan olvidar todos sus fracasos, y su política
real, la especulación urbanística y
el enriquecimiento de unos pocos promotores, y utilizar
a los agricultores de carne de cañón,
imbuyendo en la población un sentimiento de
agravio y victimismo.
Es
curioso que el presidente de los “regantes”
del Vinalopó, Andrés Martínez,
sea el promotor de un campo de golf y 1.500 viviendas
en Villena. No hace falta ser tan listo como Francisco
Camps para intuir para qué quiere el trasvase
del Júcar al Vinalopó por Cortes de
Pallás, y porqué le indigna tanto a
él, y al PP, el cambio del trazado. Dicen que
el agua en Cullera está contaminada y no sirve
para las promociones golfistas del presidente de los
regantes del green.
Gestión de la demanda versus aumento
de la oferta
Como
tantas cosas básicas, sólo percibimos
la importancia del agua cuando nos falta, o nos afecta
una sequía como la que hemos sufrido en 2005.
La política de aguas es uno de los temas de
mayor confrontación, como muestran las polémicas
en torno al trasvase del Ebro, del Tajo-Segura o del
Júcar-Vinalopó, o la construcción
de algunos embalses, como Castrovido en Burgos, o
Biscarrués en Aragón, o Riaño
e Itoiz en un pasado reciente.
Todos utilizamos el agua, ya sea para abastecimiento
urbano, regadíos, usos industriales o incluso
campos de golf, y todos queremos pagar lo menos posible.
Las necesidades son infinitas, pero el recurso es
escaso. ¿Cuánta agua es suficiente?
¿Quién pone límites y raciona
la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento
y la depuración?
¿Y
cuánto tiempo podremos aguantar la demagogia
de Andrés del Campo, presidente de la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España
(Fenacore), que se opone a algo tan elemental como
pagar el precio del agua que consumen? Los bajos precios
del agua para los regadíos incentivan el despilfarro,
impiden la modernización y son una subvención
encubierta, que pagan todos los ciudadanos, al financiar
con dinero público los embalses y las conducciones,
por no hablar de otras externalidades, como la contaminación
difusa por nitratos y plaguicidas, o el coste de oportunidad
del agua, que si se emplea en un uso, no puede utilizarse
en otro. Los agricultores, por supuesto, atraviesan
una difícil situación y hay que garantizarles
un nivel de vida digno por su actividad, una de las
más nobles que existen (producir los alimentos
que consumimos), pero ello no tiene por qué
significar necesariamente garantizarles el agua a
un precio muy por debajo de su coste. Los regadíos
consumen casi el 80% del agua en España, y
representan un porcentaje ínfimo del PIB y
de la población ocupada.
La
sequía acentúa la necesidad de una nueva
política del agua, que garantice más
equidad, más eficiencia y más sostenibilidad,
aprovechando las mejores tecnologías disponibles,
y que combata el despilfarro, la insuficiencia de
recursos y la contaminación del agua.
La
nueva política del agua incluye la gestión
de la demanda, frente al enfoque tradicional basado
sólo en la oferta de nuevas infraestructuras
hidráulicas, como embalses y trasvases que,
si son necesarias, deberán ejecutarse analizando
sus costes, viabilidad e impacto sobre el medio ambiente.
La
desalinización y la reutilización de
las aguas previamente depuradas, son algunas de las
tecnologías a potenciar cada vez más,
teniendo en cuenta los efectos del cambio climático
sobre la disponibilidad de recursos hídricos
continentales; pero también es prioritario
optimizar el uso del agua, mediante la modernización
de los regadíos, la mejora de la calidad del
agua y el fomento de la eficiencia en el uso de los
actuales sistemas hídricos superficiales y
subterráneos, reduciendo las importantes pérdidas
en las redes de distribución.
Hacer más con menos
En
tiempos de escasez hay que hacer más con menos,
y eso es precisamente lo que se llama eficiencia,
que debería ser el norte de la política
de aguas, llueva o no llueva. La nueva Directiva Marco
de la Unión Europea nos obligará también
a mejorar la calidad, sin olvidar el importante papel
del agua en la conservación de ecosistemas.
La repercusión de los costes de las infraestructuras
en los usuarios, aunque no agrade a los afectados,
sobre todo a los regantes, acostumbrados a que el
Estado (es decir, todos) corriese con los gastos e
inversiones, servirá sin duda para consumir
agua con más eficiencia.
La
política del Gobierno y del ministerio de Medio
Ambiente (el Programa A.G.U.A.) trata de resolver
los problemas del agua de España, proporcionando
agua antes, más barata que con el trasvase
del Ebro, con menos perjuicio para el medio ambiente
y de más calidad, que con las alternativas
anteriores del PHN del PP, o las del propio PHN del
PSOE de 1996. El Programa A.G.U.A. no plantea conflictos
irresolubles entre Comunidades Autónomas, a
diferencia de los trasvases entre Cuencas, y se adapta
a la nueva legislación de la Unión Europea,
y muy especialmente la Directiva Marco 2000/60.
Hoy
conviene resolver con sensatez, sin tanta crispación,
los problemas relacionados con el agua y la sequía
actual, ya sean de cantidad o de calidad. La auténtica
sequía de ideas es la del nacionalismo hidráulico
del PP murciano y valenciano, aferrado al trasvase
del Ebro como a una tabla de salvación, si
no hidráulica, al menos electoral (o eso piensan).
La prioridad debe ser aumentar la eficiencia en todos
los usos (o lo que es lo mismo, proporcionar los mismos
servicios con menos consumo de agua), reducir las
pérdidas en las redes de distribución,
mejorar la depuración de las aguas residuales
y reutilizarlas para ciertos usos (regadíos,
baldeo de calles, campos de golf, jardines públicos),
instalar la veintena de grandes desalinizadoras previstas,
aprovechar con moderación las aguas subterráneas,
ir aplicando una política de precios que evite
el despilfarro y repercuta los costes en los usuarios
e implantar nuevos modelos de gestión, incluidos
los bancos públicos de agua, dando prioridad
al abastecimiento de la población.
Claro
que los del PP quieren ahora aprovechar los bancos
públicos de agua para intentar volver a colar
el trasvase del Ebro, y seguir con la crispación,
mientras ponen todo tipo de zancadillas a las desalinizadoras
¡por razones ambientales! Precisamente ellos,
los nuevos Atilas del hormigón y del green
del golf, que por donde gobiernan sólo crece
el ladrillo y el único verde es el del green
(la presidenta Aguirre juega todos los días,
antes de conceder alguna televisión digital
a sus amigos de la ultraderecha). Ahora resulta que
se han vuelto ecologistas y han descubierto el impacto
ambiental de la salmuera y el boro, o que el nuevo
trazado del trasvase Júcar-Vinalopó
atraviesa varias “zonas protegidas”, ellos,
a quienes no les tiembla el pulso para recalificar
como urbana cualquier zona, con tal de construir una
nueva urbanización con su correspondiente campo
de golf, que tanto ayuda a la revalorización
y da valor añadido a sus proyectos especulativos.
El cuento chino de Mariano
Según
Mariano Rajoy “la desalinización es un
cuento chino. Si volvemos a ganar, el trasvase del
Ebro se va a construir porque la opción de
las desalinizadoras no tiene ningún sentido.
Contaminan y ademán tampoco se van a hacer”.
El “cuento chino” de Mariano son las 750
plantas desalinizadoras existentes en España
que aportan 400 hectómetros cúbicos
al año, abasteciendo a una población
de dos millones y medio de personas, y para el año
2007 podrán resolver los déficits hídricos
de Murcia, Alicante, Almería, Málaga
y Baleares, e incluso Barcelona.
La
contraposición con las supuestas prestaciones
de un hipotético trasvase del Ebro, son evidentes
a cualquier observador imparcial, e incluso la prensa
internacional, desde Le Monde a The Economist, han
criticado con dureza al derogado trasvase, sólo
defendido por el PP y algunos medios afines. Con independencia
de su inviabilidad económica y ambiental, el
agua trasvasada cada año dependería
de las precipitaciones y la situación existente
en la cuenca del Ebro a lo largo de ese año,
lo que hubiera constituido un riesgo para todos los
usuarios del trasvase, aún mayor para los usuarios
situados al final, es decir, fundamentalmente para
Almería y Murcia.
En
las cifras anteriores se incluyen tanto la desalinización
de aguas salobres (agua subterránea salinizada,
ya sea de acuíferos costeros en contacto directo
con el mar o de acuíferos aislados) como de
aguas marinas. La mitad corresponde a aguas marinas
y la otra a aguas salobres, aunque el número
de plantas para desalinizar agua de mar es menor que
el de salobre, pues éstas son de menor capacidad.
Las desalinizadoras dan de beber a 121 millones de
personas en el mundo, a un coste que hoy no supera
los 40 céntimos de euro por metro cúbico.
Con un periodo de amortización de 15 años
y subiendo el agua hasta una cota de 100 metros, el
metro cúbico de agua desalinizada cuesta 0,45
euros como mucho. Según el CEDEX el 40% es
gasto energético, otro 40% la obra, y el 20%,
personal y reparaciones. Un precio bastante inferior
a los 91 céntimos de euro por metro cúbico
del trasvase del Ebro, y que seguirá descendiendo
en los próximos años.
España
es de los países con mejores tecnologías
de desalinización, lo que nos sitúa
en un lugar privilegiado en un sector en rápida
expansión, al igual que sucede con la energía
eólica y la solar fotovoltaica. De hecho exportamos
la tecnología a países tan variados
como Argelia o Estados Unidos. Las desalinizadoras
crearán empleo y tejido empresarial, generarán
innovación tecnológica y exportaciones,
y aún pueden reducirse mucho sus costes. Las
desalinizadoras son el futuro, y quien más
desarrolle esta tecnología, tendrá una
importante ventaja comparativa en un mundo donde crecen
las demandas de agua y la mayor parte de la población
vive en zonas costeras.
¿Cuánto consumen las desalinizadoras?
El
presidente del Gobierno de la Región de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, afirmó
en declaraciones a Antena 3 que una desalinizadora
emplea una cantidad de energía “mucho
mayor que un trasvase, 6,6 kilovatios/hora por metro
cúbico, frente a los 4,5 kilovatios/hora de
un trasvase”.
Como el consumo real de las desalinizadoras no supera
los 3,5 kWh por metro cúbico, si los datos
del presidente de la región murciana sobre
el trasvase son ciertos, entonces las desalinizadoras
consumen un 22% menos que el trasvase.
El
conseller de Territorio y Vivienda del Gobierno valencia
no, Rafael Blasco, afirmó que “para desalinizar
los 650 hectómetros cúbicos de agua
que propone Narbona se necesitan entre 650 y 700 millones
de kilovatios hora, lo que dispararía el consumo
energético en la Comunidad Valenciana”.
Según las cifras del conseller harían
falta más de 10 kWh por metro cúbico.
Es probable que el conseller tenga los datos algo
anticuados, o se haya equivocado de década.
Pero para quien pasó de la extrema izquierda
del FRAP al PSOE, y acabó en el PP, por ahora,
las cifras son tan volubles como la ideología,
depende de donde se esté, o eso debe pensar.
El mismo Blasco que quiere poner cien nuevos campos
de golf en la Comunidad Valenciana, con sus correspondientes
miles de complejos residenciales, y si no hay agua,
se trasvasa, que para eso está la solidaridad,
para hacer ricos a unos cuántos promotores
amigos y compadres del green.
Hay
cuatro consumos energéticos básicos
asociados a la desalinización del agua de mar:
el bombeo de la toma hasta el depósito de entrada,
el proceso de desalinización en sí (ósmosis
inversa con bombas de alta presión y recuperación
de energía), el bombeo del agua producida hasta
la balsa de salida y la elevación del agua
desde la balsa de salida hasta los puntos de consumo.
Respecto a la desalinización de agua de mar
con la tecnología de ósmosis inversa
con recuperación de energía en la salmuera
de rechazo, sin incluir el bombeo, la cifra del consumo
específico a considerar es de 3,5 kWh/m3, y
gracias a las innovaciones tecnológicas que
están surgiendo, se prevé que se reduzca
a 2,7 kWh/m3. De hecho las plantas de última
generación consumen menos de 3 kWh/m3.
Pero
la FAES da otras cifras. El consumo energético
de las desalinizadoras por ósmosis inversa
es de 4 kilovatios hora por metro cúbico, frente
a los 2 kWh del trasvase del Ebro, según un
informe de la Universidad de Murcia encargado por
la Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP y presidida
por Aznar. Los datos de FAES son erróneos:
el trasvase del Ebro consumiría 3,26 kWh/m3.
Sería
de desear que los responsables del PP en Murcia, Comunidad
Valenciana y Madrid se pusieran de acuerdo en alguna
cifra, porque cada uno ofrece las suyas, a cual más
variada, desde 4 kWh a más de 10 kWh por metro
cúbico desalinizado, y lo mismo ocurre con
los datos del trasvase. Quizás, con las prisas
en cuestionar la alternativa del gobierno, no han
tenido tiempo de estudiar los consumos reales. Ni
falta que les hace. El trasvase, realmente, consumiría
un 30 por ciento más de electricidad que las
desalinizadoras, puesto que habría que llevar
el agua desde el Ebro hasta Almería a través
de 11 bombeos que elevarían el agua hasta más
de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Según
el Ministerio de Medio Ambiente, las desalinizadoras
contempladas en el Plan de Actuaciones Urgentes consumirían
2.173 GWh/año (2.484 GWh si se incluye también
el bombeo del agua hasta los puntos de consumo), frente
a los 3.423 GWh anuales del trasvase del Ebro.
¿Cuánto dióxido
de carbono emiten las desalinizadoras?
El
Conseller de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano,
Rafael Blasco, aseguró que el Plan de Desalinizadoras
del Ministerio de Medio Ambiente “supondrá
un incremento de 4 millones de toneladas de CO2 a
la atmósfera al año, lo que resulta
totalmente incompatible con el Protocolo de Kioto”.
“Las industrias eléctricas no solo no
podrán cumplir con la reducción de un
3% que les impone el Gobierno del PSOE, sino que aumentarán
su volumen de emisiones en un 5% cuando empiecen a
funcionar las nuevas desalinizadoras”, especificó
el conseller un exmarxista-leninista-pensamiento de
Mao Zedong (otro amante de los trasvases). “Si
se realiza un segundo plan de desalinizadoras para
cubrir las necesidades de agua de la Comunidad Valenciana,
Murcia y Almería, fijadas en 1.000 hectómetros
cúbicos, la emisión de CO2 aumentaría
hasta los 5,5 millones de toneladas”, según
Blasco.
Pero
según la Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, la
producción de 600 hectómetros cúbicos
de agua por desalinización supondría
un consumo energético de 2.400 gigavatios hora
(GWh), “lo que produciría un aumento
del dióxido de carbono (CO2) vertido a la atmósfera”.
El informe señala que las desalinizadoras “contribuirían
a incrementar el efecto invernadero con 2,4 millones
de toneladas de CO2”.
Según
otro informe del Instituto Universitario de Geografía
de Alicante, entidad al servicio de la agitación
del nacionalismo hidráulico valenciano, “supondría
incrementar en 3,2 millones de toneladas la emisión
de CO2, lo que alejaría aún más
a España de cumplir con el protocolo de Kioto,
que estableció para nuestro país el
objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero un 15% por debajo de los niveles de 1990”.
¿En
qué quedamos? ¿Son 2,4 millones, 3,2
millones, 4 millones o 5,5 millones de toneladas de
CO2? Según el ministerio de Medio Ambiente
y nuestros propios cálculos, esas emisiones
quedarán reducidas, en el peor de los casos,
a 873.000 toneladas de CO2 de las desalinizadoras
y 998.500 toneladas de CO2 si se incluye también
el bombeo, apenas el 0,25% de las emisiones actuales
en España de gases de invernadero, dado que
actualmente se emiten 402 gramos de CO2 por kWh, con
el “mix” de generación actual.
Si
se instalan 1.000 MW eólicos adicionales, para
compensar el consumo eléctrico de las desalinizadoras
y el bombeo, las emisiones de gases de invernadero
serán nulas. De hecho, el Plan de Energías
Renovables ha elevado las previsiones de eólica
para el año 2011 de 13.000 MW a 20.000 MW,
en función de los estudios de la integración
en la red eléctrica de distribución.
El trasvase del Ebro habría emitido 1.376.000
toneladas de dióxido de carbono, bastante más
que las desalinizadoras.
Los
análisis de FAES-PP, como los realizados por
los gobiernos autonómicos valenciano y murciano,
pretenden cuestionar al “corazón”
de dos políticas claves del Ministerio de Medio
Ambiente, pero a partir de datos cuanto menos discutibles,
y probablemente erróneos.
Curioso que el PP haga estos análisis, cuando
en los ocho años de gobierno hubo un gran aumento
de las emisiones de CO2 en España, nada menos
que un 36%. ¡Y ahora les preocupa el 0,2%! El
abandono del trasvase del Ebro fue la alternativa
más sensata, y las desalinizadoras proporcionarán
agua de mayor calidad, más barata, con mayor
seguridad y mucho antes que con el trasvase del Ebro.
Golf+urbanizaciones=trasvase del Ebro
Un
campo de golf de 18 hoyos necesita entre 45 y 80 hectáreas.
Cuando el campo de golf se asocia a una urbanización
residencial, el consumo de agua para el llenado de
piscinas privadas y el riego de jardines particulares
se dispara, algo especialmente grave en una zona tan
árida como el sureste peninsular. Y dado el
elevado consumo de suelo, se suelen ubicar en zonas
naturales escasamente urbanizadas o en zonas agrícolas.
De hecho, los regantes son sólo una excusa,
y la carne de cañón para las manifestaciones
en Murcia o Alicante. Quedaría más feo
una manifestación de promotores y especuladores
en sus automóviles de lujo, con Camps, Valcárcel
y Mariano en la cabeza, Buitrago de cronista oficial,
y con pancartas que rezasen “Agua para Todos
los Campos de Golf”.
Los
campos de golf van asociados generalmente a operaciones
inmobiliarias, que son las que les dan su rentabilidad
financiera. Para instalar un campo de golf hay que
talar los árboles y matorrales, con pérdida
de la diversidad biológica, aunque eso no preocupa
a los ecologistas del PP. A ellos sólo les
quita el sueño la salmuera. Además,
el suelo del terreno original se sustituye por una
capa de grava destinada a favorecer el drenaje, lo
que incrementa las escorrentías y reduce la
capacidad de retención de agua del subsuelo,
aumentando el consumo de agua: entre 360.000 y 500.000
metros cúbicos por año para un campo
de 18 hoyos, en competencia directa con otros usos
(agrícolas, urbanos y los de la propia naturaleza),
más los de la urbanización asociada,
aún mucho más elevados.
Pero
tan importante como el elevadísimo consumo
de agua, es el empleo intensivo de fertilizantes químicos
y plaguicidas tóxicos. Los greens son monocultivos
homogéneos, y su mantenimiento requiere el
uso de herbicidas e insecticidas, que ocasionan una
importante contaminación. Claro que para Blasco
y sus correligionarios del PP los campos de golf mejoran
el medio ambiente, pues sustituyen terrenos áridos
por extensas zonas verdes, en urbanizaciones cerradas
ajenas a su entorno geográfico y social, con
un impacto casi nulo en las zonas aledañas,
pues todo se compra dentro del complejo. Lo que sí
hay que pagar y externalizar son la recogida de residuos,
el abastecimiento y el saneamiento de agua, cuya prestación
puede acabar suponiendo una pesada carga para los
Ayuntamientos. Beneficios privados, gastos públicos,
esa es la máxima del nacionalismo hidráulico.
RECUADRO
El programa A.G.U.A. versus el trasvase del Ebro
1. Más agua: 1.063 hectómetros cúbicos
de agua, frente a los 1.048
hectómetros cúbicos del trasvase.
2. Más calidad: la contaminación del
embalse de Flix pone de manifiesto los
problemas de calidad del agua del Ebro en su tramo
inferior, que es de dónde
partiría el trasvase. El agua procedente de
las desalinizadoras tiene una calidad óptima.
3. Más barato: 3.900 millones de euros del
programa A.G.U.A., frente a los
4.200 millones de euros del trasvase.
4. Menos consumo de electricidad: 2.484 GWh del programa
A.G.U.A., frente a
3.423 GWh del trasvase del Ebro.
5. Menos emisiones: 998.000 toneladas de CO2 de A.G.U.A.,
incluido el bombeo
(el 0,2% de las emisiones españolas de gases
de invernadero), mientras que
el trasvase emitiría 1.376.000 toneladas, sin
utilizar energías renovables en ambas alternativas
y con el mix de generación eléctrica
actual.
6. Menos ocupación de espacio: 2.252 hectáreas
en el caso del trasvase, mientras que las desalinizadoras
afectan apenas a 55,89 hectáreas 7. Menor impacto
ambiental: con la tecnología actual de difusores
y emisarios, la salmuera no tiene prácticamente
ningún impacto ambiental sobre las fanerógamas
marinas (Posidonia oceanica) y, en general, sobre
el Mediterráneo. El movimiento de tierras de
las desalinizadoras previstas asciende a 482.517 metros
cúbicos, frente a 28,5 millones de metros cúbicos
del trasvase. El trasvase del Ebro habría tenido
igualmente un gran impacto sobre numerosos espacios
protegidos.
8. El agua llegará antes, y ya en el año
2007 se producirán las primeras aportaciones
importantes.
9. Sin conflictos entre Comunidades Autónomas.
10. Mayor seguridad, al no sufrir las variaciones
del ciclo hidrológico y el impacto del cambio
climático sobre el trasvase.
11. El programa A.G.U.A. concede mayor prioridad al
ahorro, a la eficiencia y a la gestión sostenible
de la demanda que el PHN.
12. Adaptación a la legislación de la
Unión Europea, y muy especialmente a la Directiva
Marco 2000/60.
