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El
problema del agua en España
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España
acaba de pasar por la peor sequía del último
siglo. ¿Cambio climático o episodio natural?
Probablemente sería pronto para decirlo, pero lo
cierto es que el último año hidrometeorológico,
que abarca desde el 1 de septiembre de 2004 hasta el 31
de agosto de 2005, pasará a la historia por haber
sido el más seco en España desde que se
inicia el cálculo de volúmenes de precipitaciones
en 1947.
La  precipitación
media en España ha sido de tan sólo 411
mm, un 40% menos que el valor medio normal, afectando
a todas las regiones, excepto a Canarias. El mayor déficit
de precipitaciones se registró en Extremadura,
Andalucía, Castilla-la Mancha, Madrid, Cataluña
y el sur de Castilla y León, en donde no llegaron
ni al 50% de los valores normales, y en numerosas zonas
apenas se llegó al 35% de los valores medios. En
el resto de España el déficit fue importante,
excepto en la vertiente cantábrica, sur de Galicia,
La Rioja, Navarra, este de Aragón, centro y norte
de Valencia, sur de Murcia y este de Almería, aunque
sin llegar a los valores normales. Pero tan importante
como el déficit global, fue el reparto a lo largo
del año, pues en el último año todos
los meses fueron secos o muy secos, excepto octubre de
2004. Y a medida que pasaron los meses, las reservas acumuladas
en los embalses han ido descendiendo hasta el 40%: en
septiembre almacenaban sólo 22.037 Hm3, frente
a los 31.552 Hm3 de hace un año. Las lluvias de
otoño es probable que pongan fin a esta situación
extrema, pero la sequía volverá, porque
es un fenómeno cíclico, que se verá
agravado por el cambio climático.
Otro
factor a destacar es que la situación pudiera agravarse
aún más, pues históricamente las
sequías en España duran de 4 a 5 años,
y de ahí la importancia de aplicar políticas
de ahorro y eficiencia en todos los usos, desde los regadíos,
que representan cerca del 80% del consumo, a los usos
urbanos.
¿De quién es el agua?
El agua,
como recuerda la ministra Cristina Narbona, es un bien
público y es de todos, y por eso no tiene precio,
es un derecho humano básico. Cuando hablamos del
precio del agua nos referimos a los importantes costes
que supone captar, almacenar, distribuir y depurar el
agua una vez utilizada, sin contaminar y degradar los
ríos, el litoral o los acuíferos. La Directiva
Marco de la Unión Europea nos obligará a
repercutir todos los costes en los usuarios finales.
Otra
cosa bien diferente es quien gestiona el agua y el debate
suscitado con los nuevos borradores de los Estatutos de
Autonomía, como el de la Comunidad Valenciana y
Cataluña, entre otros. Nuestro ordenamiento jurídico
es meridianamente claro al respecto: en los ríos
que discurren por varias autonomías existe la Unidad
de Cuenca, y es el Gobierno quién gestiona las
cuencas que discurren por varias regiones, a través
de las Confederaciones Hidrográficas.
Ningún
territorio puede “blindar” un río que
discurre por varias Comunidades Autónomas, y aún
menos puede reclamar o exigir el trasvase desde otra cuenca,
como pretenden dos de las regiones gobernadas por el PP,
Murcia y la Comunidad Valenciana. La competencia sobre
los trasvases corresponde al gobierno, que se guía
por criterios de solidaridad y responsabilidad. Por eso
se suspendió el trasvase del Ebro, y tarde o temprano
habrá que reconsiderar el trasvase del Tajo, como
reclaman todos los partidos y fuerzas regionales de Castilla-La
Mancha, una vez que se solucionen las carencias de las
áreas receptoras con desalinizadoras, reutilización
de aguas residuales y mejora de la eficiencia, proceso
que durará unos cuantos años.
El agua
es de todos, pero tiene muchos usos, desde los más
prioritarios, como el abastecimiento de boca o urbano,
que apenas representa un 15%, el abastecimiento industrial
(un 7%) y el riego de la agricultura (cerca del 78%).
El Ministerio de Medio Ambiente trata de poner orden y
frenar el descontrol, como el ocasionado por los numerosos
pozos ilegales (se habla de medio millón, pero
es difícil saber la cifra exacta), que sobreexplotan
los acuíferos, y detraen para un uso particular
un recurso que es de todos. Conocer bien quién
consume el agua es clave para una buena gestión.
El nacionalismo hidráulico del PP
El PP
y algunos de los gobiernos de las Comunidades Autónomas
donde gobierna (Murcia, Comunidad Valenciana, Madrid)
están utilizando la sequía contra el gobierno,
al que no perdonan la derogación del trasvase del
Ebro, y sobre todo haber perdido las elecciones y el gobierno.
Nadie tiene la culpa, políticamente, de que no
llueva, pero el PP allá donde gobierna no ha adoptado
medid as
para afrontar la sequía, y se ha lanzado a una
campaña demagógica y permanente contra el
gobierno socialista, con la esperanza de obtener réditos
electorales en las próximas confrontaciones.
Los trasvases
son objeto de debate y de confrontación, entre
partidos políticos y regiones, como sucedió
con el trasvase del Ebro, ocurre con cada nuevo trasvase
del Tajo e incluso con el previsto del Júcar al
Vinalopó, que enfrenta a Valencia con Alicante.
El PP
de Murcia y Comunidad Valencia han encontrado la piedra
filosofal, la seña de identidad que sirve de bandera
contra la izquierda y el gobierno: el nacionalismo hidráulico,
la demagogia del “agua para todos”, y la reivindicación
del trasvase del Ebro, o de trasvases imposibles desde
los embalses vacíos de la cabecera del Tajo (Entrepeñas,
y Buendía). Hoy es el Ebro, luego será el
Tajo medio, posteriormente el Ródano, pero ni con
el Amazonas tendrían bastante. Más regadíos
y, sobre todo, campos de golf y centenares de miles de
nuevas viviendas para todos los europeos que tengan con
que pagarlas, a costa de la destrucción del litoral
y de todo tipo de ecosistemas. Uno de los intelectuales
orgánicos, y desde luego el más inteligente,
es el periodista de La Verdad de Murcia (del grupo Vocento)
Manuel Buitrago. Lo que él dice un día,
al día siguiente lo repiten como papagayos todos
los responsables regionales del PP. Buitrago les ilustra
y les da la sofisticación y la gracia que no tienen.
Lástima que una persona tan inteligente y tan lúcida
como Buitrago esté al servicio del “agua
para todos los campos de golf”.
El discurso,
a fuerza de machacón, ha calado hondo, sobre todo
en Murcia, donde existe la extendida ideal de que “les
queremos robar el agua”, aunque en ninguna otra
región el gobierno ha invertido tanto para subsanar
una demanda voraz, alimentada por nuevos regadíos,
legales o ilegales, urbanizaciones y campos de golf, y
todo ello en la región más árida
de Europa, en ese Levante que va de Alicante a Almería.
Hablan
de una agricultura sin subvenciones, pero se olvidan de
decir que sin las barreras arancelarias no podrían
competir en el mercado europeo, sin olvidar el enorme
impacto del consumo de agua, la destrucción de
hábitats, la contaminación por nitratos
y por plaguicidas. Y en algún momento deberán
pagar el “precio real” del agua subvencionada
que consumen, como establece la Directiva Marco de la
Unión Europea.
Pero
aún más deplorable es la creación
de decenas de nuevos campos de golf, siempre ligados a
grandes complejos residenciales, con su correspondiente
demanda de agua, en la región más árida
de Europa. ¿Qué no hay agua? Pues se trae
de donde sea, y si las cabeceras del Tajo están
secas, pues se recurre al Tajo medio, y cuándo
el PP vuelva al gobierno, se hará por Cañetes
el trasvase del Ebro, cueste lo que cueste, y cuando el
Ebro se acabe, el del Tajo Medio, el Duero, el Guadiana,
y se acabará interconectando todas las cuencas,
para llevar el agua de la España húmeda
a la seca.
Los nacionalistas
hidráulicos no entienden de ecología, ni
de economía, ni falta que hace. Lo suyo es la demagogia
y la movilización permanente, el crear unas nuevas
señas de identidad hidráulicas, que hagan
olvidar todos sus fracasos, y su política real,
la especulación urbanística y el enriquecimiento
de unos pocos promotores, y utilizar a los agricultores
de carne de cañón, imbuyendo en la población
un sentimiento de agravio y victimismo.
Es curioso
que el presidente de los “regantes” del Vinalopó,
Andrés Martínez, sea el promotor de un campo
de golf y 1.500 viviendas en Villena. No hace falta ser
tan listo como Francisco Camps para intuir para qué
quiere el trasvase del Júcar al Vinalopó
por Cortes de Pallás, y porqué le indigna
tanto a él, y al PP, el cambio del trazado. Dicen
que el agua en Cullera está contaminada y no sirve
para las promociones golfistas del presidente de los regantes
del green.
Gestión de la demanda versus aumento de
la oferta
Como
tantas cosas básicas, sólo percibimos la
importancia del agua cuando nos falta, o nos afecta una
sequía como la que hemos sufrido en 2005. La política
de aguas es uno de los temas de mayor confrontación,
como muestran las polémicas en torno al trasvase
del Ebro, del Tajo-Segura o del Júcar-Vinalopó,
o la construcción de algunos embalses, como Castrovido
en Burgos, o Biscarrués en Aragón, o Riaño
e Itoiz en un pasado reciente.
Todos utilizamos el agua, ya sea para abastecimiento urbano,
regadíos, usos industriales o incluso campos de
golf, y todos queremos pagar lo menos posible. Las necesidades
son infinitas, pero el recurso es escaso. ¿Cuánta
agua es suficiente? ¿Quién pone límites
y raciona la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento
y la depuración?
¿Y
cuánto tiempo podremos aguantar la demagogia de
Andrés del Campo, presidente de la Federación
Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore),
que se opone a algo tan elemental como pagar el precio
del agua que consumen? Los bajos precios del agua para
los regadíos incentivan el despilfarro, impiden
la modernización y son una subvención encubierta,
que pagan todos los ciudadanos, al financiar con dinero
público los embalses y las conducciones, por no
hablar de otras externalidades, como la contaminación
difusa por nitratos y plaguicidas, o el coste de oportunidad
del agua, que si se emplea en un uso, no puede utilizarse
en otro. Los agricultores, por supuesto, atraviesan una
difícil situación y hay que garantizarles
un nivel de vida digno por su actividad, una de las más
nobles que existen (producir los alimentos que consumimos),
pero ello no tiene por qué significar necesariamente
garantizarles el agua a un precio muy por debajo de su
coste. Los regadíos consumen casi el 80% del agua
en España, y representan un porcentaje ínfimo
del PIB y de la población ocupada.
La sequía
acentúa la necesidad de una nueva política
del agua, que garantice más equidad, más
eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando las
mejores tecnologías disponibles, y que combata
el despilfarro, la insuficiencia de recursos y la contaminación
del agua.
La nueva
política del agua incluye la gestión de
la demanda, frente al enfoque tradicional basado sólo
en la oferta de nuevas infraestructuras hidráulicas,
como embalses y trasvases que, si son necesarias, deberán
ejecutarse analizando sus costes, viabilidad e impacto
sobre el medio ambiente.
La desalinización
y la reutilización de las aguas previamente depuradas,
son algunas de las tecnologías a potenciar cada
vez más, teniendo en cuenta los efectos del cambio
climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos
continentales; pero también es prioritario optimizar
el uso del agua, mediante la modernización de los
regadíos, la mejora de la calidad del agua y el
fomento de la eficiencia en el uso de los actuales sistemas
hídricos superficiales y subterráneos, reduciendo
las importantes pérdidas en las redes de distribución.
Hacer más con menos
En tiempos
de escasez hay que hacer más con menos, y eso es
precisamente lo que se llama eficiencia, que debería
ser el norte de la política de aguas, llueva o
no llueva. La nueva Directiva Marco de la Unión
Europea nos obligará también a mejorar la
calidad, sin olvidar el importante papel del agua en la
conservación de ecosistemas. La repercusión
de los costes de las infraestructuras en los usuarios,
aunque no agrade a los afectados, sobre todo a los regantes,
acostumbrados a que el Estado (es decir, todos) corriese
con los gastos e inversiones, servirá sin duda
para consumir agua con más eficiencia.
La política
del Gobierno y del ministerio de Medio Ambiente (el Programa
A.G.U.A.) trata de resolver los problemas del agua de
España, proporcionando agua antes, más barata
que con el trasvase del Ebro, con menos perjuicio para
el medio ambiente y de más calidad, que con las
alternativas anteriores del PHN del PP, o las del propio
PHN del PSOE de 1996. El Programa A.G.U.A. no plantea
conflictos irresolubles entre Comunidades Autónomas,
a diferencia de los trasvases entre Cuencas, y se adapta
a la nueva legislación de la Unión Europea,
y muy especialmente la Directiva Marco 2000/60.
Hoy conviene
resolver con sensatez, sin tanta crispación, los
problemas relacionados con el agua y la sequía
actual, ya sean de cantidad o de calidad. La auténtica
sequía de ideas es la del nacionalismo hidráulico
del PP murciano y valenciano, aferrado al trasvase del
Ebro como a una tabla de salvación, si no hidráulica,
al menos electoral (o eso piensan). La prioridad debe
ser aumentar la eficiencia en todos los usos (o lo que
es lo mismo, proporcionar los mismos servicios con menos
consumo de agua), reducir las pérdidas en las redes
de distribución, mejorar la depuración de
las aguas residuales y reutilizarlas para ciertos usos
(regadíos, baldeo de calles, campos de golf, jardines
públicos), instalar la veintena de grandes desalinizadoras
previstas, aprovechar con moderación las aguas
subterráneas, ir aplicando una política
de precios que evite el despilfarro y repercuta los costes
en los usuarios e implantar nuevos modelos de gestión,
incluidos los bancos públicos de agua, dando prioridad
al abastecimiento de la población.
Claro
que los del PP quieren ahora aprovechar los bancos públicos
de agua para intentar volver a colar el trasvase del Ebro,
y seguir con la crispación, mientras ponen todo
tipo de zancadillas a las desalinizadoras ¡por razones
ambientales! Precisamente ellos, los nuevos Atilas del
hormigón y del green del golf, que por donde gobiernan
sólo crece el ladrillo y el único verde
es el del green (la presidenta Aguirre juega todos los
días, antes de conceder alguna televisión
digital a sus amigos de la ultraderecha). Ahora resulta
que se han vuelto ecologistas y han descubierto el impacto
ambiental de la salmuera y el boro, o que el nuevo trazado
del trasvase Júcar-Vinalopó atraviesa varias
“zonas protegidas”, ellos, a quienes no les
tiembla el pulso para recalificar como urbana cualquier
zona, con tal de construir una nueva urbanización
con su correspondiente campo de golf, que tanto ayuda
a la revalorización y da valor añadido a
sus proyectos especulativos.
El cuento chino de Mariano
Según
Mariano Rajoy “la desalinización es un cuento
chino. Si volvemos a ganar, el trasvase del Ebro se va
a construir porque la opción de las desalinizadoras
no tiene ningún sentido. Contaminan y ademán
tampoco se van a hacer”. El “cuento chino”
de Mariano son las 750 plantas desalinizadoras existentes
en España que aportan 400 hectómetros cúbicos
al año, abasteciendo a una población de
dos millones y medio de personas, y para el año
2007 podrán resolver los déficits hídricos
de Murcia, Alicante, Almería, Málaga y Baleares,
e incluso Barcelona.
La contraposición
con las supuestas prestaciones de un hipotético
trasvase del Ebro, son evidentes a cualquier observador
imparcial, e incluso la prensa internacional, desde Le
Monde a The Economist, han criticado con dureza al derogado
trasvase, sólo defendido por el PP y algunos medios
afines. Con independencia de su inviabilidad económica
y ambiental, el agua trasvasada cada año dependería
de las precipitaciones y la situación existente
en la cuenca del Ebro a lo largo de ese año, lo
que hubiera constituido un riesgo para todos los usuarios
del trasvase, aún mayor para los usuarios situados
al final, es decir, fundamentalmente para Almería
y Murcia.
En las
cifras anteriores se incluyen tanto la desalinización
de aguas salobres (agua subterránea salinizada,
ya sea de acuíferos costeros en contacto directo
con el mar o de acuíferos aislados) como de aguas
marinas. La mitad corresponde a aguas marinas y la otra
a aguas salobres, aunque el número de plantas para
desalinizar agua de mar es menor que el de salobre, pues
éstas son de menor capacidad.
Las desalinizadoras dan de beber a 121 millones de personas
en el mundo, a un coste que hoy no supera los 40 céntimos
de euro por metro cúbico. Con un periodo de amortización
de 15 años y subiendo el agua hasta una cota de
100 metros, el metro cúbico de agua desalinizada
cuesta 0,45 euros como mucho. Según el CEDEX el
40% es gasto energético, otro 40% la obra, y el
20%, personal y reparaciones. Un precio bastante inferior
a los 91 céntimos de euro por metro cúbico
del trasvase del Ebro, y que seguirá descendiendo
en los próximos años.
España
es de los países con mejores tecnologías
de desalinización, lo que nos sitúa en un
lugar privilegiado en un sector en rápida expansión,
al igual que sucede con la energía eólica
y la solar fotovoltaica. De hecho exportamos la tecnología
a países tan variados como Argelia o Estados Unidos.
Las desalinizadoras crearán empleo y tejido empresarial,
generarán innovación tecnológica
y exportaciones, y aún pueden reducirse mucho sus
costes. Las desalinizadoras son el futuro, y quien más
desarrolle esta tecnología, tendrá una importante
ventaja comparativa en un mundo donde crecen las demandas
de agua y la mayor parte de la población vive en
zonas costeras.
¿Cuánto consumen las desalinizadoras?
El presidente
del Gobierno de la Región de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel, afirmó en declaraciones
a Antena 3 que una desalinizadora emplea una cantidad
de energía “mucho mayor que un trasvase,
6,6 kilovatios/hora por metro cúbico, frente a
los 4,5 kilovatios/hora de un trasvase”.
Como el consumo real de las desalinizadoras no supera
los 3,5 kWh por metro cúbico, si los datos del
presidente de la región murciana sobre el trasvase
son ciertos, entonces las desalinizadoras consumen un
22% menos que el trasvase.
El conseller
de Territorio y Vivienda del Gobierno valencia no, Rafael
Blasco, afirmó que “para desalinizar los
650 hectómetros cúbicos de agua que propone
Narbona se necesitan entre 650 y 700 millones de kilovatios
hora, lo que dispararía el consumo energético
en la Comunidad Valenciana”. Según las cifras
del conseller harían falta más de 10 kWh
por metro cúbico. Es probable que el conseller
tenga los datos algo anticuados, o se haya equivocado
de década. Pero para quien pasó de la extrema
izquierda del FRAP al PSOE, y acabó en el PP, por
ahora, las cifras son tan volubles como la ideología,
depende de donde se esté, o eso debe pensar. El
mismo Blasco que quiere poner cien nuevos campos de golf
en la Comunidad Valenciana, con sus correspondientes miles
de complejos residenciales, y si no hay agua, se trasvasa,
que para eso está la solidaridad, para hacer ricos
a unos cuántos promotores amigos y compadres del
green.
Hay cuatro
consumos energéticos básicos asociados a
la desalinización del agua de mar: el bombeo de
la toma hasta el depósito de entrada, el proceso
de desalinización en sí (ósmosis
inversa con bombas de alta presión y recuperación
de energía), el bombeo del agua producida hasta
la balsa de salida y la elevación del agua desde
la balsa de salida hasta los puntos de consumo. Respecto
a la desalinización de agua de mar con la tecnología
de ósmosis inversa con recuperación de energía
en la salmuera de rechazo, sin incluir el bombeo, la cifra
del consumo específico a considerar es de 3,5 kWh/m3,
y gracias a las innovaciones tecnológicas que están
surgiendo, se prevé que se reduzca a 2,7 kWh/m3.
De hecho las plantas de última generación
consumen menos de 3 kWh/m3.
Pero
la FAES da otras cifras. El consumo energético
de las desalinizadoras por ósmosis inversa es de
4 kilovatios hora por metro cúbico, frente a los
2 kWh del trasvase del Ebro, según un informe de
la Universidad de Murcia encargado por la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES),
vinculada al PP y presidida por Aznar. Los datos de FAES
son erróneos: el trasvase del Ebro consumiría
3,26 kWh/m3.
Sería
de desear que los responsables del PP en Murcia, Comunidad
Valenciana y Madrid se pusieran de acuerdo en alguna cifra,
porque cada uno ofrece las suyas, a cual más variada,
desde 4 kWh a más de 10 kWh por metro cúbico
desalinizado, y lo mismo ocurre con los datos del trasvase.
Quizás, con las prisas en cuestionar la alternativa
del gobierno, no han tenido tiempo de estudiar los consumos
reales. Ni falta que les hace. El trasvase, realmente,
consumiría un 30 por ciento más de electricidad
que las desalinizadoras, puesto que habría que
llevar el agua desde el Ebro hasta Almería a través
de 11 bombeos que elevarían el agua hasta más
de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Según el
Ministerio de Medio Ambiente, las desalinizadoras contempladas
en el Plan de Actuaciones Urgentes consumirían
2.173 GWh/año (2.484 GWh si se incluye también
el bombeo del agua hasta los puntos de consumo), frente
a los 3.423 GWh anuales del trasvase del Ebro.
¿Cuánto dióxido de
carbono emiten las desalinizadoras?
El Conseller
de Territorio y Vivienda del Gobierno valenciano, Rafael
Blasco, aseguró que el Plan de Desalinizadoras
del Ministerio de Medio Ambiente “supondrá
un incremento de 4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera
al año, lo que resulta totalmente incompatible
con el Protocolo de Kioto”. “Las industrias
eléctricas no solo no podrán cumplir con
la reducción de un 3% que les impone el Gobierno
del PSOE, sino que aumentarán su volumen de emisiones
en un 5% cuando empiecen a funcionar las nuevas desalinizadoras”,
especificó el conseller un exmarxista-leninista-pensamiento
de Mao Zedong (otro amante de los trasvases). “Si
se realiza un segundo plan de desalinizadoras para cubrir
las necesidades de agua de la Comunidad Valenciana, Murcia
y Almería, fijadas en 1.000 hectómetros
cúbicos, la emisión de CO2 aumentaría
hasta los 5,5 millones de toneladas”, según
Blasco.
Pero
según la Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, la producción
de 600 hectómetros cúbicos de agua por desalinización
supondría un consumo energético de 2.400
gigavatios hora (GWh), “lo que produciría
un aumento del dióxido de carbono (CO2) vertido
a la atmósfera”. El informe señala
que las desalinizadoras “contribuirían a
incrementar el efecto invernadero con 2,4 millones de
toneladas de CO2”.
Según
otro informe del Instituto Universitario de Geografía
de Alicante, entidad al servicio de la agitación
del nacionalismo hidráulico valenciano, “supondría
incrementar en 3,2 millones de toneladas la emisión
de CO2, lo que alejaría aún más a
España de cumplir con el protocolo de Kioto, que
estableció para nuestro país el objetivo
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
un 15% por debajo de los niveles de 1990”.
¿En
qué quedamos? ¿Son 2,4 millones, 3,2 millones,
4 millones o 5,5 millones de toneladas de CO2? Según
el ministerio de Medio Ambiente y nuestros propios cálculos,
esas emisiones quedarán reducidas, en el peor de
los casos, a 873.000 toneladas de CO2 de las desalinizadoras
y 998.500 toneladas de CO2 si se incluye también
el bombeo, apenas el 0,25% de las emisiones actuales en
España de gases de invernadero, dado que actualmente
se emiten 402 gramos de CO2 por kWh, con el “mix”
de generación actual.
Si se
instalan 1.000 MW eólicos adicionales, para compensar
el consumo eléctrico de las desalinizadoras y el
bombeo, las emisiones de gases de invernadero serán
nulas. De hecho, el Plan de Energías Renovables
ha elevado las previsiones de eólica para el año
2011 de 13.000 MW a 20.000 MW, en función de los
estudios de la integración en la red eléctrica
de distribución. El trasvase del Ebro habría
emitido 1.376.000 toneladas de dióxido de carbono,
bastante más que las desalinizadoras.
Los análisis
de FAES-PP, como los realizados por los gobiernos autonómicos
valenciano y murciano, pretenden cuestionar al “corazón”
de dos políticas claves del Ministerio de Medio
Ambiente, pero a partir de datos cuanto menos discutibles,
y probablemente erróneos.
Curioso que el PP haga estos análisis, cuando en
los ocho años de gobierno hubo un gran aumento
de las emisiones de CO2 en España, nada menos que
un 36%. ¡Y ahora les preocupa el 0,2%! El abandono
del trasvase del Ebro fue la alternativa más sensata,
y las desalinizadoras proporcionarán agua de mayor
calidad, más barata, con mayor seguridad y mucho
antes que con el trasvase del Ebro.
Golf+urbanizaciones=trasvase del Ebro
Un campo
de golf de 18 hoyos necesita entre 45 y 80 hectáreas.
Cuando el campo de golf se asocia a una urbanización
residencial, el consumo de agua para el llenado de piscinas
privadas y el riego de jardines particulares se dispara,
algo especialmente grave en una zona tan árida
como el sureste peninsular. Y dado el elevado consumo
de suelo, se suelen ubicar en zonas naturales escasamente
urbanizadas o en zonas agrícolas. De hecho, los
regantes son sólo una excusa, y la carne de cañón
para las manifestaciones en Murcia o Alicante. Quedaría
más feo una manifestación de promotores
y especuladores en sus automóviles de lujo, con
Camps, Valcárcel y Mariano en la cabeza, Buitrago
de cronista oficial, y con pancartas que rezasen “Agua
para Todos los Campos de Golf”.
Los campos
de golf van asociados generalmente a operaciones inmobiliarias,
que son las que les dan su rentabilidad financiera. Para
instalar un campo de golf hay que talar los árboles
y matorrales, con pérdida de la diversidad biológica,
aunque eso no preocupa a los ecologistas del PP. A ellos
sólo les quita el sueño la salmuera. Además,
el suelo del terreno original se sustituye por una capa
de grava destinada a favorecer el drenaje, lo que incrementa
las escorrentías y reduce la capacidad de retención
de agua del subsuelo, aumentando el consumo de agua: entre
360.000 y 500.000 metros cúbicos por año
para un campo de 18 hoyos, en competencia directa con
otros usos (agrícolas, urbanos y los de la propia
naturaleza), más los de la urbanización
asociada, aún mucho más elevados.
Pero
tan importante como el elevadísimo consumo de agua,
es el empleo intensivo de fertilizantes químicos
y plaguicidas tóxicos. Los greens son monocultivos
homogéneos, y su mantenimiento requiere el uso
de herbicidas e insecticidas, que ocasionan una importante
contaminación. Claro que para Blasco y sus correligionarios
del PP los campos de golf mejoran el medio ambiente, pues
sustituyen terrenos áridos por extensas zonas verdes,
en urbanizaciones cerradas ajenas a su entorno geográfico
y social, con un impacto casi nulo en las zonas aledañas,
pues todo se compra dentro del complejo. Lo que sí
hay que pagar y externalizar son la recogida de residuos,
el abastecimiento y el saneamiento de agua, cuya prestación
puede acabar suponiendo una pesada carga para los Ayuntamientos.
Beneficios privados, gastos públicos, esa es la
máxima del nacionalismo hidráulico.
RECUADRO
El programa A.G.U.A. versus el trasvase del Ebro
1. Más agua: 1.063 hectómetros cúbicos
de agua, frente a los 1.048
hectómetros cúbicos del trasvase.
2. Más calidad: la contaminación del embalse
de Flix pone de manifiesto los
problemas de calidad del agua del Ebro en su tramo inferior,
que es de dónde
partiría el trasvase. El agua procedente de las
desalinizadoras tiene una calidad óptima.
3. Más barato: 3.900 millones de euros del programa
A.G.U.A., frente a los
4.200 millones de euros del trasvase.
4. Menos consumo de electricidad: 2.484 GWh del programa
A.G.U.A., frente a
3.423 GWh del trasvase del Ebro.
5. Menos emisiones: 998.000 toneladas de CO2 de A.G.U.A.,
incluido el bombeo
(el 0,2% de las emisiones españolas de gases de
invernadero), mientras que
el trasvase emitiría 1.376.000 toneladas, sin utilizar
energías renovables en ambas alternativas y con
el mix de generación eléctrica actual.
6. Menos ocupación de espacio: 2.252 hectáreas
en el caso del trasvase, mientras que las desalinizadoras
afectan apenas a 55,89 hectáreas 7. Menor impacto
ambiental: con la tecnología actual de difusores
y emisarios, la salmuera no tiene prácticamente
ningún impacto ambiental sobre las fanerógamas
marinas (Posidonia oceanica) y, en general, sobre el Mediterráneo.
El movimiento de tierras de las desalinizadoras previstas
asciende a 482.517 metros cúbicos, frente a 28,5
millones de metros cúbicos del trasvase. El trasvase
del Ebro habría tenido igualmente un gran impacto
sobre numerosos espacios protegidos.
8. El agua llegará antes, y ya en el año
2007 se producirán las primeras aportaciones importantes.
9. Sin conflictos entre Comunidades Autónomas.
10. Mayor seguridad, al no sufrir las variaciones del
ciclo hidrológico y el impacto del cambio climático
sobre el trasvase.
11. El programa A.G.U.A. concede mayor prioridad al ahorro,
a la eficiencia y a la gestión sostenible de la
demanda que el PHN.
12. Adaptación a la legislación de la Unión
Europea, y muy especialmente a la Directiva Marco 2000/60.
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José
Santamarca
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