La incorporación a esta Red exige algo más que palabras. La Federación Española de Municipios y Provincias establece dos bloques diferenciados de requisitos obligatorios. Los orgánicos, buscan un cambio de las políticas municipales en busca de la reducción de gases de efecto invernadero. Por su parte, las actuaciones sectoriales se refieren a medidas concretas en los sectores de eficiencia energética, transporte, edificación y urbanismo.

Para empezar, el municipio firmante ha de comprometerse con la Red mediante una declaración institucional del alcalde a los ciudadanos y el pago de una cuota inicial de 300 euros. A continuación, se deberá asignar a un responsable técnico y político en la Red, así como a una comisión que se encargará de del seguimiento de las políticas tanto de prevención como de reducción de contaminación. Para cerrar este conjunto de medidas organizativas, es necesaria la creación de un foro ciudadano que identifique las actuaciones necesarias.

La Red de Ciudades por el Clima da un salto desde el terreno de la retórica y las buenas intenciones hasta los planes de acción concretos. El marco de actuación de la red se basa en la planificación de los posibles impactos medioambientales de las actividades urbanas, la selección de medidas que aminoren la emisión de gases de efecto invernadero y el fomento de acuerdos voluntarios con los agentes económicos y sociales implicados.

En lo que se refiere a los inmuebles municipales, se les exigirá ser el paradigma de la eficiencia energética mediante auditorias que certifiquen todas las instalaciones del ayuntamiento: abastecimiento, potabilización, depuración de aguas residuales… Asimismo, se procederá a la sustitución de las tecnologías menos eficientes y la incorporación de energías renovables. Además, se aplicarán las ordenanzas municipales sobre energías renovables y alumbrado público previstas en la primera fase.

El desarrollo de un Plan de Movilidad Sostenible plasmará todas las medidas referentes al transporte urbano de superficie. Entre ellas, se encuentran las posturas referentes a la restricción paulatina del uso del transporte privado así como las alternativas que proponen a éste (vehículos energéticamente eficientes). El Plan de Movilidad Urbana deberá basarse siempre en el consenso de los sectores afectados como las asociaciones ciudadanas y los comerciantes.

La racionalización del uso y consumo del suelo es la última prioridad del Plan. Promueve la agricultura bioclimática en las nuevas ampliaciones de la trama urbana, así como la rehabilitación de los edificios técnicamente viables. En estas ampliaciones de la ciudad se implantará una nueva flota de vehículos púbicos más limpios y las energías predominantes serán el gas y los biocombustibles. Por último las alternativas de movilidad que el Plan ofrece son: utilizar los transportes públicos, ir en bicicleta y caminar.