Como tantas cosas básicas, sólo percibimos la importancia del agua cuando nos falta, o nos afecta una sequía como la que hemos sufrido en 2005. La política de aguas es uno de los temas de mayor confrontación, como muestran las polémicas en torno al trasvase del Ebro, del Tajo-Segura o del Júcar-Vinalopó, o la construcción de algunos embalses, como Castrovido en Burgos, o Biscarrués en Aragón, o Riaño e Itoiz en un pasado reciente.
Todos utilizamos el agua, ya sea para abastecimiento urbano, regadíos, usos industriales o incluso campos de golf, y todos queremos pagar lo menos posible. Las necesidades son infinitas, pero el recurso es escaso.

¿Cuánta agua es suficiente? ¿Quién pone límites y raciona la escasez? ¿Quién paga el abastecimiento y la depuración? ¿Y cuánto tiempo podremos aguantar la demagogia de Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), que se opone a algo tan elemental como pagar el precio del agua que consumen? Los bajos precios del agua para los regadíos incentivan el despilfarro, impiden la modernización y son una subvención encubierta, que pagan todos los ciudadanos, al financiar con dinero público los embalses y las conducciones, por no hablar de otras externalidades, como la contaminación difusa por nitratos y plaguicidas, o el coste de oportunidad del agua, que si se emplea en un uso, no puede utilizarse en otro.

Los agricultores, por supuesto, atraviesan una difícil situación y hay que garantizarles un nivel de vida digno por su actividad, una de las más nobles que existen (producir los alimentos que consumimos), pero ello no tiene por qué significar necesariamente garantizarles el agua a un precio muy por debajo de su coste. Los regadíos consumen casi el 80% del agua en España, y representan un porcentaje ínfimo del PIB y de la población ocupada.

La sequía acentúa la necesidad de una nueva política del agua, que garantice más equidad, más eficiencia y más sostenibilidad, aprovechando las mejores tecnologías disponibles, y que combata el despilfarro, la insuficiencia de recursos y la contaminación del agua. La nueva política del agua incluye la gestión de la demanda, frente al enfoque tradicional basado sólo en la oferta de nuevas infraestructuras hidráulicas, como embalses y trasvases que, si son necesarias, deberán ejecutarse analizando sus costes, viabilidad e impacto sobre el medio ambiente.

La desalinización y la reutilización de las aguas previamente depuradas, son algunas de las tecnologías a potenciar cada vez más, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de recursos hídricos continentales; pero también es prioritario optimizar el uso del agua, mediante la modernización de los regadíos, la mejora de la calidad del agua y el fomento de la eficiencia en el uso de los actuales sistemas hídricos superficiales y subterráneos, reduciendo las importantes pérdidas en las redes de distribución.