• El Gobierno pone fin a la indefinición de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, de finales de 2003, con la arpobación del Plan de Acción 2005-2007 -

La Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, plan ministerial planificado para el periodo 2004-2012, pretendía insertar una serie de medidas que lograran eliminar las barreras hacia una mejor gestión de los recursos energéticos. Pero la imprecisión del texto transformó la iniciativa en un compendio de buenas intenciones sin resultado alguno. El Consejo de Ministros, consciente de la ineficiencia por indefinición del plan, aprobó el pasado julio el Plan de Acción 2005-2007.

El nuevo proyecto comparte unas directrices similares a las de su predecesor, pero éste, en cambio, se apoya en estrategias concretas para su ejecución. La definición de plazos y objetivos concretos, el reparto de competencias y la delimitación de los presupuestos y líneas de financiación se traducen en 20 medidas urgentes y 23 adicionales que le infieren cuerpo y lo convierten en una herramienta útil.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), organismo público empresarial dependiente de la Secretaría General de la Energía y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, es el instrumento encargado de coordinar la acción.Con el fin de desarrollar un modelo energético sostenible, el organismo promueve el uso racional y eficaz de los recursos, incluyendo la diversificación de las fuentes de abastecimiento y el empuje en la introducción de las energías renovables. Desde el convencimiento de que se debe actuar ya, coordinará a todas las Administraciones Públicas atribuyéndoles niveles de responsabilidad para alcanzar unos objetivos ambiciosos dentro del plazo.

Atendiendo a estos principios, se definen cuatro objetivos básicos dentro del Plan de Acción: Concretar las medidas y los instrumentos estratégicos para cada sector de actividad. Dividir las responsabilidades entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, especificando en cada caso los presupuestos y costes públicos asociados. Planificar la puesta en marcha de las medidas, identificando las formas de financiación y necesidades presupuestarias, así como las actuaciones prioritarias y el ritmo de su puesta en práctica. Y por último, evaluar los ahorros de energía asociados, los costes y las emisiones de CO2 evitadas.

Del conjunto de estos recursos 721,9 millones de euros corresponderán a aportaciones de las Administraciones públicas, de los que la mitad serán aportaciones de la tarifa eléctrica (350,22 millones), lo que representará un 0,8% de los costes totales del suministro de energía eléctrica. El mecanismo de financiación del Plan, supone, en cierta forma, la internalización de parte de los costes ambientales de la generación de energía eléctrica en el precio final del kilovatio hora.

Habida cuenta que los ahorros generados por el Plan de Acción 2005-2007 se mantendrán durante toda la vida útil de las inversiones realizadas, puede afirmarse que, en el año 2012, los beneficios habrán permitido recuperar 2€ por cada € invertido en los tres próximos años. Es decir, en 2012, las inversiones privadas y públicas (un 66% del total y materializadas en ayudas públicas a la inversión) realizadas habrán sido compensadas por los beneficios por ahorros de energía, menor recurso a la importación (fundamentalmente, de derivados del petróleo), emisiones de CO2 evitadas y menor recurso a los mercados internacionales de créditos de carbono.