Las emisiones aumentaron en
Cataluña un 37%, más del doble de
lo que permite el Protocolo de Kioto
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido
de carbono (CO2) equivalente en España
han aumentado un 45,6% entre 1990 y 2004, y en
Cataluña un 37%. El aumento del año
2004 fue muy grande en España, debido al
mayor consumo de energía primaria y al
mal año hidráulico, ya que la producción
hidroeléctrica fue inferior a la del año
2003, y consecuentemente las centrales de carbón
y ciclo combinado funcionaron más horas.
Las fuentes básicas para elaborar los datos
aquí presentados son la Agencia Europea
del Medio Ambiente, el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente,
el Ministerio de Economía, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, el
Instituto Nacional de Estadística, el IDAE,
CORES, Repsol, Gas Natural, UNESA, Iberdrola,
Endesa y REE, y diferentes anuarios estadísticos.
La metodología en parte está descrita
en el manual titulado “Método CORINE-AIRE
para la elaboración del inventario nacional
de gases de efecto invernadero y precursores de
ozono” y en el manual Revised IPCC Guidelines
for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting
Instructions, elaborado por el IPCC, con las revisiones
posteriores, tanto del Método CORINE-AIRE,
como del IPCC.
Las emisiones de Cataluña representan
el 12,9% del total de España, mientras
que la población es el 15,77% y el PIB
el 18,29%. El menor porcentaje por habitante de
Cataluña responde sobre todo a que dos
tercios de la electricidad se genera en tres centrales
nucleares (que por otra parte crean otros problemas
más graves, como los residuos radiactivos),
la ausencia de centrales termoeléctricas
de carbón (sólo hay una, Cercs,
que emite 0,4 Mt de CO2) y la menor presencia
de industrias intensivas en emisiones y consumo
de energía. Las nuevas centrales de ciclo
combinado, que en el año 2005 incrementarán
la potencia en 1.620 MW en Cataluña, supondrán
un importante aumento de las emisiones (cerca
de 3 Mt de CO2 adicionales).
Las centrales nucleares de Vandellós II,
Ascó I y Ascó II en 2004 produjeron
24.345 millones de kWh. Si esta electricidad fuera
sustituida por centrales de ciclo combinado de
gas natural, se emitirían otros 8,5 Mt
adicionales de CO2, y las emisiones catalanas
aumentarían un 16%. Los peligros de seguridad,
los costes, el tratamiento de los residuos radiactivos
y la proliferación nuclear, convierten
a la energía nuclear en la peor opción
energética posible, pero si no es sustituida
en el futuro por eólica y otras energías
renovables, las emisiones aumentarán. Y
de ahí la necesidad de impulsar con decisión
la eólica en tierra y en el litoral, así
como el resto de las energías renovables,
si se quiere cumplir Kioto y cerrar paulatinamente
las centrales nucleares.
Dadas las consecuencias del cambio climático
en España (inundaciones y sequías,
desaparición de playas, incendios forestales,
perjuicios al turismo, la agricultura, la salud
y a la diversidad biológica), es de esperar
una política más beligerante por
parte de la Administración. Esta situación
es especialmente grave en Cataluña, dada
la extrema vulnerabilidad de los ecosistemas mediterráneos
debida a la baja tasa de renovación del
suelo y del agua en gran parte de la región.
El cambio climático agrava los procesos
de desertificación y erosión, la
escasez de recursos hídricos debida a la
deforestación, la sobreexplotación
de acuíferos y una pérdida generalizada
de biodiversidad en las zonas húmedas y
en los bosques.
En la ola de calor del año 2003 en Barcelona
murieron 1.674 personas más en los meses
de julio y agosto (un 27% más que en el
mismo periodo de 2002), en Girona 113 personas
(un 13,15% más que en 2002), en Lleida
49 (un 7,63% más) y en Tarragona no hubo
cambios apreciables. El gobierno del PP retrasó
y ocultó los datos de las muertes reales
por la ola de calor y la contaminación
por ozono troposférico, para evitar un
debate como el generado en Francia, donde murieron
15.000 personas más en el verano de 2003.
Los daños a la agricultura por la sequía
actual, según las organizaciones del sector
(UPA, COAG y ASAJA), ascienden a más de
dos mil millones de euros. Las pérdidas
ocasionadas por los incendios forestales han sido
igualmente cuantiosas en varias regiones, como
Cataluña, y el consumo de electricidad
aumenta todos los veranos a causa del mayor uso
de las instalaciones de aire acondicionado.
El cambio climático es una realidad, que
obliga a adoptar políticas serias para
reducir las emisiones y mitigar sus consecuencias.
El coste de no actuar será muy superior
al de las inversiones necesarias para reducir
las emisiones de gases de invernadero y prevenir
los efectos.
El gobierno español, como demuestra el
aumento de las emisiones, tiene por delante una
difícil tarea para cumplir los compromisos
adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto
de 1997 y en el seno de la Unión Europea,
compromisos que establecen un tope del 15% de
aumento entre 1990 y el 2010. Lo mismo puede decirse
del tripartito en Cataluña, y desde luego
el borrador de Plan Energético es un mal
camino. Tanto en España como en Cataluña
el cumplimiento del Protocolo de Kioto es un compromiso
electoral y de gobierno. La realidad, tan tozuda,
dirá, y ya haremos el oportuno inventario
para “examinar” los resultados.
Las emisiones, en unidades de CO2 equivalente,
considerando los seis gases de efecto invernadero,
han aumentado en un 45,6% en España entre
1990 (año base) y 2004, cifra que triplica
al 15% al que se ha comprometido el gobierno de
España en la Unión Europea, aumento
que en su momento fue ampliamente criticado por
considerarlo excesivo. En Cataluña el aumento
asciende al 37%, y duplica con creces lo permitido
en el Protocolo de Kioto.
Se ha criticado, con toda la razón, a
Estados Unidos por su negativa a ratificar el
Protocolo de Kioto y por el aumento de las emisiones,
y sin embargo en Estados Unidos las emisiones
han aumentado mucho menos que en España
y en Cataluña, mientras que en Alemania
se han reducido en un 19%, y en el conjunto de
la UE disminuyeron un 4%. La evolución
de las emisiones de gases de invernadero es el
mejor indicador del compromiso de un gobierno
con el medio ambiente. Los datos aquí presentados
no dejan lugar a dudas.
Emisiones de dióxido
de carbono (CO2) en Cataluña y España
Las emisiones de dióxido de carbono (CO2)
en España entre 1990 y 2004, sin incluir
los sumideros, han aumentado un 51,35%, pasando
de 228,4 millones de toneladas en 1990 (año
base) a 345,7 millones de toneladas en 2004. En
2004 representaron el 83% de las emisiones brutas
de gases de invernadero en España, sin
incluir los sumideros. En Cataluña las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentaron
en un 48,24%, representan el 78% del total de
los seis gases y el 13% de las emisiones españolas.
Emisiones de metano (CH4) en
Cataluña y España
En 1990, año base, se emitieron en España
un total de 27.846.758 toneladas de metano en
unidades de CO2 equivalente, mientras que en 2004
se llegó a 37.243.681 toneladas en unidades
de CO2 equivalente, con un aumento del 33,75%,
cifra muy considerable y que demuestra que la
administración no ha hecho lo suficiente
para reducir las emisiones.
El metano representó en 2004 el 8,88%
de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero,
en dióxido de carbono equivalente sin incluir
los sumideros. En Cataluña las emisiones
de metano aumentaron en un 61,13%, representan
el 12,9% del total de los seis gases y el 16,72%
del total de España.
En 2004, la fermentación entérica
ocasionó el 40,2%, la gestión del
estiércol el 23,4%, los vertederos el 20%,
la minería del carbón el 2,7%, el
petróleo y el gas natural el 2,2%, y las
aguas residuales el 5,5%. Los cultivos de arroz
emitieron sólo el 0,8%. Las emisiones de
metano podrían reducirse fácilmente
en una proporción importante, con medidas
poco costosas y necesarias, como la recuperación
de metano y aprovechamiento del metano generado
en vertederos y depuradoras de agua, o el tratamiento
de los purines y el estiércol, produciendo
biogás.
Emisiones de óxido nitroso
(N2O) en Cataluña y España
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en
España en 1990, año base, ascendieron
a 24.251.880 toneladas en unidades de CO2 equivalente,
y representaron el 6,7% de las emisiones de gases
de invernadero en España en 2004, sin incluir
los sumideros. En 2004 las mayores emisiones se
debieron a los fertilizantes aplicados a los suelos
agrícolas (66%). El sector energético
emitió en 2004 el 14,4%, la industria química
el 7%, la gestión del estiércol
el 5,7% y las aguas residuales el 4%.
En Cataluña las emisiones de óxido
nitroso (N2O) han aumentado un 13,24% entre 1990
y 2004, representan el 5,08% del total de los
seis gases y el 9,6% de las emisiones españolas.
En 2004 las mayores emisiones se debieron a los
fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas
(63%). El sector energético emitió
en 2004 el 21%, la industria química el
6%, la gestión del estiércol el
5% y las aguas residuales el 3,4%.
Emisiones de carburos hidrofluorados
(HFC) en Cataluña y España
Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen
la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente
en equipos de refrigeración y aire acondicionado,
extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no
dañan la capa de ozono, pero son potentes
gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23,
HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª,
HFC-227ea, y HFC-236fa. En 1995, año base
a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron
4.645.440 toneladas de CO2 equivalente, mientras
que en 2004 las emisiones fueron 5.024.320 toneladas
de CO2 equivalente, con una importante reducción
a partir de 2001, por la recuperación de
HFC en determinados procesos industriales. Al
igual que en el pasado se eliminaron los CFC,
hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente
sustituibles. En 2004 representaron el 1,2% de
las emisiones totales brutas de gases de invernadero
en España (sin incluir los sumideros).
Las emisiones de HFC en Cataluña representan
el 38% del total de España.
Emisiones de carburos perfluorados
(PFC) en Cataluña y España
La práctica totalidad de las emisiones
de carburos perfluorados se debe a la producción
de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6,
C3F8 y C4F10. En 1995, año base para los
compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto,
se produjeron en España 108 toneladas de
CF4 y 9,5 toneladas de C2F6 (832.510 toneladas
de CO2 equivalente). Las emisiones desde entonces
han disminuido, siendo equivalentes a 269.030
toneladas de CO2 equivalente en 2004. En 2004
representaron el 0,06% de las emisiones totales
brutas de gases de invernadero en España,
y el 0,016% en Cataluña.
Emisiones de hexafluoruro de
azufre (SF6) en Cataluña y España
El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en
equipos eléctricos. En 1995, año
base para el Protocolo de Kioto, se emitieron
106.010 toneladas de CO2 equivalente, y en 2004
las emisiones aumentaron hasta llegar a 304.560
toneladas de CO2 equivalente. En 2004 representaron
el 0,07% de las emisiones totales brutas, y el
0,07% en Cataluña.
Emisiones totales en dióxido
de carbono (CO2) equivalente en Cataluña
y España
Las tablas 1 y 2 y los gráficos muestran
la evolución de las emisiones de gases
de efecto invernadero en España y en Cataluña
entre 1990 y 2004. Los datos dejan poco lugar
a dudas, y son sin duda el peor indicador de la
situación del medio ambiente en España
y en Cataluña.
Tabla 1 -España-Emisiones
de gases de invernadero en España en miles
de toneladas de CO2 equivalente
Tabla 2 - Evolución de
las emisiones en Cataluña
Fuente: José
Santamarta. El año base se compone de las
emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones
de 1995 de los carburos perfluorados (PFC), carburos
hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de azufre).
Por sectores, las emisiones
totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente
en España entre 1990 y 2004 han sido las
siguientes
La evolución en Cataluña
está reflejada en la Tabla 3.
Fuente: José
Santamarta.
El Protocolo de Kioto
Tras la ratificación de Rusia, el Protocolo
de Kioto entró en vigor el pasado 16 de
febrero. En el año 2001 el presidente George
W. Bush decidió no ratificar Kioto. Hay
que tener en cuenta que EEUU, con el 4,7% de la
población mundial, es responsable de cerca
del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI).
El Protocolo de Kioto permite que los países
industrializados puedan vender y comprar derechos
de emisión, tomando como referencia el
año base 1990. En 1990 aún existía
la URSS, con unos consumos energéticos
enormes, y unas emisiones igualmente elevadas.
La implosión posterior cambió radicalmente
la situación, y Rusia, Ucrania y el resto
de los países de la antigua URSS, podrán
vender “derechos de emisión”
a otros países industrializados que superen
los límites marcados por el Protocolo de
Kioto. De hecho Rusia esperaba vender esos “derechos
de emisión” (el llamado “aire
caliente”) a Estados Unidos, pero la negativa
de la Administración de Bush a ratificar
el Protocolo de Kioto, por ahora, le ha dejado
sin comprador, y el precio al que venderá
su “aire caliente”, sin EE UU, será
muy inferior, por la simple razón de que
habrá menos demanda de toneladas de CO2.
También por esa misma razón el coste
de cumplir Kioto será mucho menos grave
de lo que se ha dicho por algunos sectores. El
coste de la tonelada de CO2 posiblemente no superará
los 10 euros.
El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó
con la adopción de un acuerdo de reducción
de emisiones de gases de invernadero por los 38
países industrializados. El compromiso
obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis
gases (CO2, CH4, N2O, carburos perfluorados (PFC),
carburos hidrofluorados (HFC) y hexafluoruro de
azufre) respecto a las del año 1990 durante
el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes
según el país: reducción
de un 8% para el conjunto de la Unión Europea,
un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania,
la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen
a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto
la reducción global acordada es de un 5,2%
para el conjunto de países industrializados.
El Protocolo no obliga en una primera fase a los
países en desarrollo, dadas sus reducidas
emisiones por habitante.
¿Pero hay voluntad política
para cumplir el Protocolo de Kioto?
Las emisiones de gases de invernadero en dióxido
de carbono (CO2) equivalente en España
han aumentado un 45,61% en el año 2004
respecto a 1990. El aumento de las emisiones de
los seis gases y para todos los usos en el año
2004 (3,55%) ha sido superior al del año
2003, debido a que fue un mal año hidráulico,
ya que la producción hidroeléctrica
fue un 23,3% inferior a la del año 2003,
y consecuentemente las centrales de ciclo combinado
de gas natural y las de carbón funcionaron
más horas (el consumo de carbón
aumentó un 3% respecto al año 2003,
y el de gas natural un 15,5%). El consumo de energía
primaria aumentó un 3,7%, y las emisiones
de CO2 por usos energéticos crecieron un
4,2% en 2004.
España es el país industrializado
donde más han aumentado las emisiones.
Con este escenario, incumpliría gravemente
el Protocolo de Kioto, el principal acuerdo para
proteger el medio ambiente y el clima. Según
los escenarios contemplados en los diversos planes
energéticos, elaborados en la anterior
legislatura, para el periodo 2008-2012 las emisiones
en España podrían ser superiores
en un 58% a las del año base. Con el nivel
alcanzado por las emisiones actuales, esta cifra
podría superarse ampliamente.
El Plan Nacional de Asignación de emisiones
de CO2 derivado de la aplicación de la
Directiva Europea de Comercio de Emisiones, elaborado
por el gobierno socialista, contempla un escenario
de crecimiento de las emisiones del 24% para ese
mismo periodo, es decir muy por debajo de la tendencia
señalada, lo que haría posible el
cumplimiento del Protocolo acudiendo a los mecanismos
de flexibilidad, pero no está aún
acompañado de la correspondiente corrección
de los planes energéticos, ni de un plan
de aplicación de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética, ni de una estrategia
española sobre cambio climático
y para la aplicación del Protocolo de Kioto,
por lo que tal objetivo podría no alcanzarse.
El consumo de energía primaria en España
ha pasado de 88 Mtep (millones de toneladas equivalentes
de petróleo) en 1990 a 141,56 Mtep en el
año 2004 (un 61% de aumento). En 2004 la
dependencia energética alcanzó el
77%, a pesar de que en la producción nacional
se incluye la energía nuclear. El grado
de dependencia energética fue del 66% en
1990. El documento del Ministerio de Economía
titulado Planificación de los sectores
de electricidad y gas 2002-2011, elaborado en
la época del PP, estimaba que el consumo
de energía primaria será de 175
Mtep en el año 2011, con un crecimiento
anual del 3,09% para el periodo 2000-2011. El
consumo de carbón disminuiría de
21,1 Mtep en el año 2004 (14,9% del consumo
de energía primaria) a 14,4 Mtep en 2011
(8,2%), el de petróleo pasaría de
70,8 Mtep en 2004 (50%) a 83,4 Mtep en 2011 (47,6%),
el gas natural de 24,55 Mtep (17,3%) a 39,3 Mtep
(22,5%), la energía nuclear se mantendría
en términos absolutos (de 16,55 Mtep a
16,6 Mtep) y disminuiría en términos
relativos (del 11,7% en 2004 al 9,9% en 2011),
las energías renovables deberían
alcanzar el 12% previsto en el año 2010,
algo difícil con el desarrollo actual,
pues sólo la eólica va a buen ritmo
(en teoría se pasaría de 8,87 Mtep
en 2004, incluida la hidráulica, a 21 Mtep
en 2011), y el resto corresponde al saldo de la
electricidad.
Si se cumplen estas previsiones del anterior
Gobierno del PP, las emisiones de dióxido
de carbono de origen energético aumentarán
entre un 78% entre 1990 y 2012 (según se
deduce del Plan citado), y un 58% en el escenario
más favorable de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética aprobada en 2003,
lo que haría difícil cumplir el
Protocolo de Kioto, y obligaría a adquirir
cerca de 100 millones de toneladas de CO2 equivalente
al año, unos 500 millones de toneladas
durante el periodo 2008-2012.
El consumo de energía primaria, con la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética,
pasará de 141,56 Mtep (Millones de toneladas
equivalentes de petróleo) en el año
2004 a 165 Mtep en el año 2012, lo que
supone un incremento del 16,6%. El consumo final
pasará de 104,4 Mtep en el año 2004
a 126 Mtep en el año 2012, un aumento adicional
del 20,7%. Entre 2000 y 2012 el consumo final
en la industria crecerá un 35,4% (la industria
consumirá 46,5 Mtep en 2012), el transporte
un 48,8% (consumirá 48 Mtep en 2012) y
los usos diversos un 33,2% (consumirán
31,5 Mtep en 2012). El Plan de Acción que
elabora actualmente el IDAE podría y debería
mejorar este escenario.
En cuanto a los sumideros, con el Plan Forestal
en el mejor de los casos se podrían ahorrar
el 2,5% adicional de las emisiones actuales, y
un 7,5% para el año 2030. De hecho, el
Plan Nacional de Asignación prevé
un 2%, cifra realista y alcanzable.
Urge revisar tanto la planificación de
los sectores de electricidad y gas 2002-2011 como
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética,
tal y como pidió en su día el propio
PSOE en la oposición. También conviene
recuperar el borrador de la Estrategia Española
Contra el Cambio Climático, elaborado por
consenso en el Consejo Nacional del Clima en la
pasada legislatura, pero revisándolo para
complementar la Estrategia con un calendario y
una financiación, como demandaron en su
momento los representantes de las comunidades
autónomas de la oposición, las organizaciones
ecologistas y los sindicatos.
Las consecuencias del Cambio
Climático
El cambio climático global es uno de los
problemas más graves a los que se enfrenta
el mundo, y Cataluña en particular, con
sus secuelas de olas de calor, muertes directas
por hipertermia y por agravamiento de otras dolencias,
incendios forestales, subida del nivel del mar,
sequías y fenómenos meteorológicos
extremos, como la gota fría y las inundaciones,
con graves daños a la agricultura, los
bosques, los ecosistemas marinos y terrestres,
el turismo, los seguros y las infraestructuras.
El cambio climático agrava los procesos
de desertificación y erosión, la
escasez de recursos hídricos debida a la
deforestación, la sobreexplotación
de acuíferos y una pérdida generalizada
de biodiversidad en las zonas húmedas costeras
y en los bosques.
La temperatura media anual ha subido una media
de 1,5º C en el periodo 1970-2000 en España,
según datos del Instituto Nacional de Meteorología,
y se prevé un descenso medio de las precipitaciones
del 10%, un aumento de la evapotranspiración,
un descenso del 33% de la humedad del suelo y
una subida del nivel del mar, lo que acarreará
graves trastornos ecológicos, sanitarios,
económicos y sociales. Un reciente estudio
científico sobre las consecuencias del
cambio climático en España ha sido
presentado recientemente corroborando los efectos
adversos de la alteración del clima.
Tales efectos tendrán costes económicos
inconmensurables, pero en todo caso muy elevados,
algo que conviene recordar cuando se analizan
los posibles costes de cumplir con el Protocolo
de Kioto. El coste de no actuar sería muy
superior.
La herencia recibida
De 1996 a 2004 las emisiones aumentaron un 36%.
Los gobiernos del PP dejaron una grave herencia
que sin duda ha dificultado la elaboración
del Plan Nacional de Asignación de Emisiones
y dificultará el propio cumplimiento de
las obligaciones españolas dentro de la
Unión Europea.
Los gobiernos del PP no elaboraron ningún
plan para cumplir los compromisos adquiridos con
la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el
seno de la Unión Europea, compromisos que
establecen un tope del 15% de aumento entre 1990
y el 2010. Tampoco elaboraron el Plan Nacional
de Asignación, incumpliendo los plazos,
y dado el aumento de las emisiones, han dejado
un margen de actuación muy pequeño
al nuevo gobierno, que deberá recuperar
los ocho años perdidos, para poder cumplir
los compromisos de España en el marco del
Protocolo de Kioto y el reparto de la carga en
el seno de la Unión Europea, que fue ratificado
por unanimidad en el Congreso de los Diputados.
Se afirma, no sin razón, que las emisiones
por habitante en España en 2012 sin la
aplicación del Protocolo de Kioto serán
inferiores a la media de la Unión Europea
de 15 países, pero hay que recordar que
la media española es muy superior, más
del doble, de la media mundial. El aumento en
España es muy superior al del resto de
los países europeos, y nuestro sistema
energético es cada año menos eficiente,
necesitando más energía, y emisiones
de gases de invernadero, para producir la misma
unidad de PIB. España es el país
de la UE de los 15 que más se aleja de
sus compromisos dentro del Protocolo de Kioto.
España ya se acerca a la media de emisiones
europea y si sigue la tendencia superará
en pocos años la media de emisiones per
cápita de la UE 15.
La economía española ha registrado
los peores índices de intensidad energética
y de emisiones de la Unión Europea, lo
que perjudica nuestra competitividad y agrava
el déficit exterior, a causa de la subida
del precio del petróleo y del gas natural,
importados en su práctica totalidad.
Si en 1996 España partía de una
situación similar en cuanto a la intensidad
primaria respecto a la UE (220 kilogramos equivalentes
de petróleo por cada 1.000 euros de 1995
en España frente a 211 en la UE-15), en
el año 2002 España había
aumentado su intensidad energética hasta
229 kilogramos equivalentes de petróleo
por cada 1.000 euros de 1995, mientras que la
UE la había reducido a 191, datos que demuestran
la pérdida de eficiencia energética
en España respecto a la UE.
Las políticas europeas se orientan hacia
desacoplar el crecimiento de la actividad económica
del consumo de energía, tanto final como
primaria, lo que permite aumentar el PIB y el
empleo, disminuyendo al mismo tiempo el consumo
de energía y las emisiones.
Ha habido una ausencia de políticas de
ahorro, eficiencia energética y promoción
de la movilidad sostenible, y las políticas
existentes han incentivado los consumos energéticos,
con lo que esto tiene de pérdida de competitividad
de nuestra economía, situación que
habrá que subsanar en el futuro. Nuestra
obligación es invertir la tendencia sin
dañar el nivel de actividad y la competitividad,
y aprovechar Kioto como una oportunidad de modernización
para nuestra economía.
Dadas las consecuencias del cambio climático
en España (inundaciones y sequías,
desaparición de playas, incendios forestales,
daños al turismo, la agricultura, la salud
y a la diversidad biológica) el Gobierno
ha iniciado una política encaminada a frenar
las emisiones, minimizar el impacto del cambio
climático en España y jugar un papel
activo dentro de la Unión Europea, aunque
dicha política requiere aún de un
completo desarrollo para ser efectiva y corregir
la tendencia dominante que se ha mantenido a lo
largo de 2004 y sigue el mismo curso en los primeros
meses de 2005, sin que aún se pueda observar
corrección alguna de tendencia.
Con el escenario actual, España incumpliría
gravemente el principal protocolo para proteger
el medio ambiente y el clima. Lo razonable no
es lanzar una campaña alarmista sobre los
costes, multiplicando por diez su incidencia en
el PIB, sino poner los medios, las políticas
y los presupuestos para cumplir el Protocolo de
Kioto, lo que significa promover las energías
renovables, la eficiencia energética y
el transporte colectivo. Esa es una estrategia
de ganar-ganar, o doble dividendo, porque es buena
en términos ambientales (menos emisiones),
tecnológicos (innovación), económicos
(mayor competitividad, menor déficit comercial,
menos compra de derechos) y sociales (más
empleo).
El Plan Nacional de Asignación
de Emisiones (PNA)
El PNA apuesta por la eficiencia energética
y las energías renovables, parte de la
voluntad de cumplir el Protocolo de Kioto, afecta
a todos los sectores emisores (incluidos los “difusos”,
como transporte y usos residenciales), implica
a todos los agentes sociales (Administraciones,
empresas, sindicatos y ONG) y a las diversas administraciones
(diversos Ministerios, Comunidades Autónomas
y Municipios), y abre un proceso participativo.
Los mecanismos de flexibilidad del Protocolo
de Kioto van a jugar un papel importante (el 7%
de las emisiones del periodo 2008-2012), por la
dificultad de conseguir las reducciones deseadas
sin afectar al empleo y a la actividad económica.
El PNA hace hincapié en el MDL (Mecanismo
de Desarrollo Limpio), dada la presencia de empresas
españolas en Latinoamérica. El periodo
base para el PNA son las emisiones de los años
2000, 2001 y 2002, y afecta a unas 1.000 instalaciones.
Las emisiones tienen su origen tanto en las actividades
industriales, como en los sectores difusos (agricultura,
sector comercial y los consumos de energía
de los ciudadanos). El Gobierno exigirá
de las empresas industriales el esfuerzo correspondiente
de limitación de sus emisiones, pero asume
que no es la industria quien debe hacer frente
al exceso de emisiones “difusas”.
El esfuerzo de cumplimiento debe basarse en el
principio de “quien contamina paga”,
y el Gobierno debe poner los medios para que dicho
principio se aplique de forma equitativa.
El PNA ha asignado derechos de emisión
a 146 instalaciones. En 2005 la central termoeléctrica
de carbón de Cercs podrán emitir
0,43 Mt de CO2, y en 2007 0,34 Mt de CO2. Las
4 centrales de ciclo combinado podrán emitir
2,3 Mt de CO2 en 2007. Las 2 refinerías
de petróleo de Tarragona podrán
emitir 2,93 Mt de CO2 anuales entre 2005 y 2007
y las 6 fábricas de cemento podrán
emitir 6,3 Mt de CO2. El transporte representa
el 26,8% del total de las emisiones de Cataluña,
habiendo experimentado un aumento de más
del 36% entre 1990 y 2004; el 25% del aumento
experimentado en Cataluña se debe al transporte.
Las emisiones, con el PNA, aumentarán
un 24% en el periodo 2008-2012 respecto al año
base 1990 (con la salvedad de los 3 gases industriales,
que parten de 1995). Ello supone una reducción
del 22% respecto a las emisiones de 2004 (46%)
y del 30% respecto a las emisiones tendenciales
según los planes dejados por el anterior
gobierno del PP. Alcanzar tal objetivo no va a
ser una tarea fácil, y sólo se podrá
lograr con un gran consenso de la sociedad española,
las diferentes administraciones públicas
(gobierno, Comunidades Autónomas y municipios)
y las empresas, que deben tomarse el cambio climático
en serio, y comprender que la reducción
de emisiones, más que un sacrificio, es
una oportunidad de modernización y de equidad
generacional.
La diferencia entre ese 24% y el 15% se cubre
con sumideros (2%) y la adquisición de
derechos en el exterior merced a los mecanismos
de flexibilidad (7%, 20 Mt anuales). Los mecanismos
citados son la Aplicación Conjunta (proyectos
de reducción entre países industrializados),
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (proyectos en
los países en desarrollo) y el comercio
de emisiones. El coste de adquirir ese 7% irá
de 100 a 200 millones de euros anuales, aunque
todavía es muy pronto para hacer estimaciones
fiables, pero tal cantidad es asumible y muy inferior,
por ejemplo, al incremento del precio del petróleo.
Aumentar la eficiencia y la participación
de las energías renovables ayudará
tanto a reducir las importaciones energéticas,
como las emisiones. Los instrumentos actualmente
en vigor son la Planificación de los Sectores
de Electricidad y Gas 2002-2011, el Plan de Fomento
de las Energías Renovables de 1999 y la
Estrategia de Eficiencia y Ahorro Energético
en España (E4). El IDAE contempla nuevos
objetivos al alza de las energías renovables,
y un Plan de Acción que complemente la
E4.
Para abordar anticipadamente tanto los efectos
sociales adversos como las oportunidades que puede
representar para cada uno de los sectores afectados
por la aplicación del PNA se han constituido
una Mesa General y sendas Mesas Sectoriales, de
carácter tripartito, que son un instrumento
de diálogo básico para cumplir con
el Protocolo de Kioto con el necesario consenso
social y de forma socialmente responsable.
Políticas para frenar
el cambio climático
Las diversas administraciones deben establecer
planes claros para reducir las emisiones, incluyendo
instrumentos fiscales (impuestos sobre las energías
no renovables, incentivos a las renovables y a
la eficiencia), supresión de las subvenciones
a los combustibles fósiles y los presupuestos
para llevarlos a cabo. Entre otras medidas se
deben reducir los incendios forestales y la emisión
de gases de invernadero, como el metano y el óxido
nitroso, así como la producción
y consumo de cemento, una de las principales fuentes
de emisión de CO2, agravada por la construcción
de autovías, carreteras y otras infraestructuras.
Cada tonelada de cemento consumida causa la emisión
de 498 kilogramos de CO2.
Una política de repoblaciones forestales
con especies autóctonas de árboles
y arbustos, en las zonas adecuadas, retiraría
de la atmósfera grandes cantidades de CO2,
frenaría la erosión, las inundaciones
y las sequías, dado el efecto esponja de
los bosques. Pero los bosques y los mares, aún
actuando como sumideros, son incapaces de retirar
la cantidad actual de CO2 emitida anualmente.
La reducción del consumo de carne, del
empleo de fertilizantes, de las fugas de metano
en la minería de carbón y en la
red de gasoductos, y de la cantidad de residuos,
y una política forestal que reduzca la
superficie afectada por incendios forestales,
permitirá cumplir los objetivos de reducción
de CH4 y N2O. La fabricación de nailon
y la de ácido nítrico son responsables
de gran parte de las emisiones antropogénicas
de óxido nitroso.
La eliminación de los HFC no plantea ningún
problema, pues hay alternativas viables y baratas,
como el butano y propano (tecnología greenfreeze).
Residuos
Las emisiones de metano son las más importantes.
La reducción de la producción de
residuos, el reciclaje, la prohibición
de la incineración, el aprovechamiento
de la materia orgánica para producir compost
y el aprovechamiento del metano, son algunas de
las medidas de una política de residuos
adaptada al cambio climático.
Política de transportes
El Plan Estratégico de Infraestructuras
de Transportes (PEIT) contradice los esfuerzos
iniciados para intentar cumplir el Protocolo de
Kioto por parte del gobierno socialista. En el
2010 el transporte supondrá cerca del 40%
de las emisiones de CO2, frente al 30% actual.
Las medidas en el sector del transporte en España
son sólo cosméticas, pues la política
real sigue siendo la de favorecer el transporte
por carretera de mercancías y de viajeros
y el uso del automóvil y el camión.
El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos,
y algunos programas para emplear gas natural,
hidrógeno y biocombustibles en algunos
autobuses urbanos, sólo reducirán
en un pequeño porcentaje el aumento previsto
de las emisiones. La reducción de los consumos
unitarios de los vehículos, actuando sobre
ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria
pero insuficiente. Tanto o más importante
es la reorientación hacia los modos más
eficientes, como el ferrocarril, el transporte
público y los modos no motorizados, y las
actuaciones encaminadas a la gestión de
la demanda y la moderación de la movilidad.
El gobierno español no contempla una política
encaminada a traspasar mercancías de la
carretera a otros modos más eficientes
como el ferrocarril. Los AVE no permiten el tráfico
de mercancías, pero sus consumos específicos
por viajero/km son inferiores a los del automóvil
privado y el avión, como demuestran los
datos de RENFE sobre el corredor Madrid-Sevilla.
La política municipal debe ir encaminada
a reducir la demanda, promoviendo la ciudad mediterránea
densa, compacta y con mezcla de actividades, con
barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén
próximos en el espacio, aminorando la segregación
espacial y social de las ciudades, y limitando
el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas.
El planeamiento urbanístico y territorial
debe ir encaminado a promover la mezcla de actividades,
y no la segregación, y a posibilitar la
movilidad en transporte público, evitando
los crecimientos urbanos y turísticos que
consumen gran cantidad de espacio.
El ferrocarril debería elevar su participación,
hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías
y el 25% de viajeros antes del año 2010.
Tal participación puede alcanzarse, pero
para ello se requiere una clara voluntad política,
materializada en las inversiones necesarias para
mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la
gestión y los servicios, elevando las tarifas
en una proporción inferior al del Índice
de Precios al Consumo. Una política decidida,
clara y bien estructurada, para reducir la necesidad
de desplazarse, que no su posibilidad, y para
orientar la demanda hacia los modos más
eficientes de transporte, significaría
una sensible reducción del consumo de energía,
de la contaminación atmosférica
y del ruido, menor ocupación de espacio,
reducción del tiempo empleado en desplazarse,
menor número de accidentes, inversiones
más reducidas en la infraestructura viaria
y una mejora general de la habitabilidad de las
ciudades.
Ahorro y eficiencia energética
Hasta la propia Agencia Internacional de la Energía,
en sus informes sobre España, ha criticado
los resultados y los escasos esfuerzos del gobierno
español para aumentar la eficiencia energética,
y para ello no hay más que analizar el
escaso grado de cumplimiento del PAEE (Plan de
Ahorro y Eficiencia Energética) en el pasado,
o la insuficiente Estrategia de Ahorro y Eficiencia
Energética.
La eficiencia energética es la obtención
de los mismos bienes y servicios energéticos,
pero con mucha menos energía, con la misma
o mayor calidad de vida, con menos contaminación,
a un precio inferior al actual, alargando la vida
de los recursos y con menos conflictos. Al requerirse
menos inversiones en nuevas centrales y en aumento
de la oferta, la eficiencia ayuda a reducir la
deuda externa, el déficit público,
los tipos de interés y el déficit
comercial. La eficiencia energética debería
incrementarse en un 2,5% anual.
Las tecnologías eficientes, desde ventanas
aislantes o lámparas fluorescentes compactas
a vehículos capaces de recorrer 100 kilómetros
con tres o menos litros de gasolina, o la cogeneración,
permiten ya hoy proporcionar los mismos servicios
con la mitad del consumo energético, a
un coste menor.
La cogeneración (producción simultánea
de calor y electricidad), la mejora de los procesos
y de los productos, el reciclaje y la reorientación
de la producción hacia productos menos
intensivos en energía, con mayor valor
añadido, menos contaminantes, generadores
de empleo y socialmente útiles, deben ser
desarrollados. Las tecnologías hoy ya disponibles
permitirán a la industria ahorrar entre
el 10% y el 27% de su consumo actual de energía,
según sectores, con una media del 16%.
Los ahorros posibles en los usos domésticos
y en los servicios podrían reducir a la
mitad los consumos, con medidas como el aislamiento
térmico, electrodomésticos más
eficientes y las lámparas fluorescentes
compactas.
Para aumentar la eficiencia es necesario que
los precios energéticos reflejen todos
sus costes, lo que no sucede en la actualidad.
La implantación de ecotasas, cuya recaudación
se destine a mejorar la eficiencia y el empleo
de energías renovables, es una necesidad
acuciante. La imposición de un etiquetado
energético obligatorio de los aparatos
eléctricos, y la reforma de las normas
de edificación para mejorar el aislamiento
térmico, pueden reducir el consuno de energía
en el sector residencial.
Se deben promover los programas de Gestión
de la Demanda, encaminados a aumentar la eficiencia
y a prestar los mismos servicios con un consumo
menor, más negavatios y menos kilovatios.
La Planificación Integrada de Recursos, o
Planificación al Menor Coste, tiene como
fin evitar el crecimiento del consumo energético
al tiempo que se satisfacen los servicios que precisa
la sociedad, y se debe implantar de forma real,
especialmente en el sector eléctrico.
A un coste medio de 0,04céntimos de euro
por kWh se puede ahorrar hasta el 65% de la electricidad,
proporcionando los mismos servicios, aunque con
equipamientos más eficientes. La electricidad
debe ser utilizada sólo en aquellas aplicaciones
en las que resulta insustituible, como la iluminación
y los electrodomésticos, y en el resto
de los usos se debe emplear gas o energía
solar.
Energías renovables
Las energías renovables podrían
solucionar muchos de los problemas ambientales,
como el cambio climático, los residuos
radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación
atmosférica. Las energías renovables
podrían cubrir algo más de un tercio
del consumo de electricidad en el 2010, y a largo
plazo permitirán reducir las emisiones
de dióxido de carbono, avanzando hacia
un modelo energético “descarbonizado”.
El potencial de las energías renovables
en España, aún con las limitaciones
actuales de tecnología y costes económicos,
es muy elevado. En el año 2010 se debe
llegar a 23.000 MW eólicos y 1.000 MWp
fotovoltaicos.
Emisiones de contaminantes en
la producción de electricidad: todo el
ciclo de combustible (toneladas por GWh)
Fuente: US Department
of Energy, Council for Renewable Energy Education
y José Santamarta.
TR: trazas. Las emisiones de la biomasa presuponen
la regeneración anual de la cantidad consumida,
lo que raras veces sucede. La hidráulica
y la biomasa tienen graves consecuencias para
la diversidad biológica, y los residuos
radiactivos plantean graves problemas de seguridad
durante más de 200.000 años. Otros
impactos son la minería a cielo abierto
en el caso del carbón, los vertidos de
petróleo y la seguridad de las centrales
nucleares.
Cuando se aborda el impacto ambiental de una
fuente de energía debe estudiarse el ciclo
completo y analizar todas las repercusiones. Entre
todas las fuentes energéticas, la eólica,
junto con la solar directa, es la menos dañina
para el medio ambiente. Los impactos sobre el
paisaje y la avifauna son pequeños. Los
grupos conservacionistas, que con tan buena voluntad
critican el desarrollo de la eólica, harían
bien en destinar sus esfuerzos a otros enemigos
infinitamente más dañinos para el
medio ambiente.
La colisión de algún ave contra
un aerogenerador, no es nada comparada con los
afectos de las lluvias ácidas, el ozono
troposférico y el cambio climático
en la avifauna, por no hablar de otras especies
y los propios seres humanos, efectos que la eólica
ayuda a mitigar. El California, donde existen
7.300 aerogeneradores, sólo se registra
la muerte de un ave por molino cada 26 años.
La mortandad mayor en Tarifa se debió a
que un parque estaba situado junto a un vertedero,
y en menor medida al paso de aves migratorias.
Las aves se acostumbran rápidamente a los
aerogeneradores, y hasta las aves migratorias
desvían su trayectoria. En cuanto al paisaje,
depende de gustos, igual que con los molinos de
La Mancha o de Holanda. La eólica es la
vía más clara para reducir las emisiones
y frenar el cambio climático. Tratar de
frenarla en nombre de la defensa del medio ambiente,
es un contrasentido.
La reducción del impacto ambiental del
sector energético se logra de varias maneras.
En primer lugar reduciendo el despilfarro y el
consumismo, adoptando un modelo menos intensivo
en energía. En segundo lugar aumentando
la eficiencia y el ahorro energético. En
tercero abandonando y clausurando las centrales
nucleares, sin lugar a dudas la peor de todas
las fuentes energéticas, a la vez que se
paralizan proyectos sin sentido, como el ITER
(reactor internacional de fusión nuclear).
En cuarto limitando, en este orden, la aportación
del carbón, el petróleo y el gas
natural, causa del cambio climático. En
quinto, frenando la construcción de grandes
embalses para producir electricidad, y los proyectos
de monocultivos energéticos, que pueden
tener graves repercusiones en la diversidad biológica,
clausurando las plantas de incineración
de residuos. Y en sexto, desarrollando la eólica,
la geotérmica y todos los usos directos
de la energía solar, como la fotovoltaica
y la solar térmica, con el debido cuidado
ambiental. La eólica es parte de la solución,
no del problema.
La producción de hidrógeno es un
proceso aún inmaduro tecnológicamente
y cuya viabilidad económica es necesario
demostrar, lo que requerirá enormes inversiones
en investigación; cuando se logre producir
hidrógeno comercialmente, a precios competitivos,
y a partir de dos factores tan abundantes como
son el agua y la energía solar, los problemas
energéticos y ambientales quedarían
resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia
de otros combustibles, no es contaminante. En
cualquier caso en las próximas décadas
entraremos en una economía basada en el
hidrógeno como combustible secundario.
El hidrógeno servirá para almacenar
la energía solar y eólica cuando
no haya sol o no sople el viento, y alimentará
a las pilas de combustible hoy en desarrollo,
y que en un futuro no muy lejano puede llegar
a ser una importante fuente de producción
descentralizada de electricidad a pequeña
escala, sin apenas impactos ambientales. Las pilas
de combustible también sustituirán
a los motores de combustión interna de
los automóviles.
