La asociación Juristas contra el Ruido www.juristas-ruidos.org , formada por Abogados de las principales ciudades españolas, especialistas en la lucha contra el ruido, con motivo de su Asamblea anual celebrada el 14 de mayo de 2005, en Madrid, quiere hacer pública las siguientes consideraciones y propuestas:


1.— Como muestra el reciente informe del Defensor del Pueblo español, de marzo de 2005, la situación de contaminación acústica en las ciudades españolas es extremadamente preocupante, sin que este problema pueda considerarse de manera aislada, como algo que afecta únicamente a quienes directamente lo padecen.

A pesar de ello desde JcR queremos lanzar un mensaje de esperanza a todos aquéllos que padecen situaciones de contaminación acústica, pues día a día estamos consiguiendo ganar batallas en la guerra contra el ruido, ya sea en forma de sentencias favorables a los derechos fundamentales e intereses de los ciudadanos afectados, ya sea en mejoras de la normativa aplicable.

2.— Otro problema con el que los ciudadanos se dan de bruces a diario es la falta de sensibilidad de las distintas Administraciones Públicas, pero en especial de los Ayuntamientos en cuanto Administración más próxima al ciudadano, que hace que los vecinos, siempre la parte más débil y desamparada, no se consideren escuchados por los responsables democráticamente elegidos en sus ciudades.

Esta consideración debe también hacer reflexionar tanto al Poder Judicial en cuanto poder del Estado, como a sus miembros individualmente considerados dado que España es el único país europeo condenado dos veces por el Tribunal de Derechos Humanos, pues corremos el riesgo de volver a ser condenados por vulneración de los derechos fundamentales en esta materia.

3.— Las zonas acústicamente saturadas están resultando ineficaces y lo que han conseguido es arraigar y consolidar la mala situación existente, puesto que se han convertido en ineficaces declaraciones administrativas sin efectos reales, en la mayoría de los casos carentes de medidas efectivas para resolver el problema de la contaminación acústica.

4.— La compatibilización del derecho al ocio y al descanso es un sofisma que lleva a los poderes públicos a la inactividad y la indolencia y a una prevaricación omisiva que daña la salud de los ciudadanos.

5.— Se hace necesaria una decisión política mediante la adopción de una normativa que dote a las distintas instancias de instrumentos eficaces en la lucha contra la contaminación acústica, así como administrativa y judicial para comenzar a remediar la situación actual de admisibilidad y tolerancia hacia las actividades incumplidoras de la legalidad vigente.

Por todo ello desde Juristas contra el Ruido proponemos:

1.º Que la contaminación acústica no se considere y trate como un problema aislado que afecta únicamente a quienes lo padecen, sino como un problema que afecta a toda la sociedad.

2.º Que se cumpla por parte de las Administraciones Públicas implicadas el derecho de información en materia medioambiental que la legislación reconoce a los ciudadanos.

3.º La aprobación de las necesarias normas urbanísticas sobre incompatibilidad de usos y distancias mínimas que permitan avanzar en la resolución del problema de la contaminación acústica.

4.º Que la investigación y posterior intervención administrativa consecuencia de las denuncias ciudadanas se produzca con la inmediatez y eficacia necesarias que requiere la resolución de las situaciones denunciadas.

5.º Que se dote a los Ayuntamientos de los medios humanos y técnicos suficientes para que el control de la contamina ción acústica sea eficaz y resuelva de manera real los problemas derivados de la misma.

6.º La no autorización de nuevas licencias ni la subrogación en la titularidad de las existentes, así como el aumento de las exigencias de insonorización de las actividades existentes en las zonas de especial protección medioambiental declaradas como consecuencia de la concentración actividades contaminantes.

7.º La solución del uso de las vías públicas como espacio de concentración masiva para el consumo de bebidas alcohólicas.

Los derechos fundamentales de los afectados por la contaminación acústica no permiten hablar de convivencia entre quien contamina y quien es contaminado.