Existe una tendencia en la sociedad actual hacia una concienciación social en torno a la protección y conservación del medio ambiente, que se traduce en la modificación de acciones simples en la actividad diaria de muchas personas y que, en conjunto, redunda en algún tipo de beneficio a la naturaleza; ahorrar agua en los domicilios, contribuir al reciclado de los residuos, etc. En este sentido, desde hace unos años, han aparecido en el mercado una variada gama de productos que en su nombre o etiqueta cuentan con coletillas como “eco”, “bio”, “ecológico”, etc, los cuales, a la par que deben cumplir con la correspondiente regulación vigente, pretenden atraer a potenciales clientes comprometidos con la protección del medio ambiente a cambio de consumir un producto que, de algún modo, en su proceso de fabricación, elaboración, eliminación posterior, etc. se ha reducido el impacto sobre el entorno. De este modo, existe actualmente una polémica o controversia con un nuevo producto que desde hace unos meses las compañías energéticas están ofreciendo a los consumidores; la energía verde.

La compañía IBERDROLA fue la primera en España que, según se establece en la directiva europea 77, del 27 de septiembre del año 2001, ofreció la contratación de energía eléctrica procedente, exclusivamente, de fuentes 100% renovables, es decir, libre de emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Este nuevo producto se denomina “Energía Verde Iberdrola” y, según fuentes de la empresa, responde a la “coherencia con su posicionamiento y su clara apuesta por las energías renovables”, “dando así un paso más en la liberalización del mercado, ofreciendo la posibilidad de elegir un producto energético a los consumidores, sean o no clientes de la compañía” y a “su compromiso de cuidar el medio ambiente y ofrecer al consumidor la posibilidad de contribuir también a un mundo más limpio”.

Como se ha citado, en España este producto es relativamente nuevo, en parte debido a la reciente liberalización del mercado energético (enero 2.003), pero en la mayoría de países desarrollados, se comercializa desde hace más tiempo y la demanda de “energía verde” se multiplica para consumo particular, institucional, comercial, industrial, etc. En Holanda, por ejemplo, casi un millón de hogares recibe energía verde, obligando a importar un 30% de países limítrofes. En Alemania son cerca de 300.000 hogares y un elevado número de industrias. En Australia se reparte entre 60.000 hogares y varios miles de comercios y empresas, etc.

La polémica, iniciada en asociaciones de consumidores, grupos ecologistas, etc. surge al plantear una simple cuestión; ¿cuando un consumidor contrata este producto, compra realmente energía verde?. Y la respuesta es simple; no. Esto es debido a que las centrales generadoras de energía eléctrica, tanto renovable como de cualquier otro tipo, aportan su energía a la red de distribución nacional que cuenta con un flujo eléctrico que no diferencia el origen de la misma, ya que existe una “mezcla” de todos los flujos recibidos (nuclear, eólica, térmica, solar, hidráulica, etc.). Por otro lado, esta energía verde que se comercializa con un pequeño sobrecoste para el consumidor, se iba a vender de cualquier manera, ya que no se emplean nuevas infraestructuras específicas, si no que se aprovechan las existentes o las que ya estaban programadas o comprometidas con el Gobierno dentro del plan energético nacional.

Dentro de este ámbito, se entiende por energía verde aquella que ha sido generada sin emitir gases de efecto invernadero como el CO2, propio de procesos de combustión que se dan en centrales térmicas, de ciclo combinado, etc. y sin generar residuos peligrosos como es el caso de la energía nuclear. Entonces, se incluyen, como energías verdes, la eólica, solar, mareomotriz, geotérmica y, aunque resulte algo paradójico por el enorme impacto medioambiental provocado por la construcción de pantanos, la energía hidráulica y minihidráulica. Según datos recientes, el 21,5% de la energía que produce Iberdrola, 10,2% en el caso de Endesa y 13,4% para Unión Fenosa es energía verde. En los tres casos, la energía hidráulica es, con mucha diferencia, la que más destaca entre todas.

Ante esta situación, el Consejo de Consumidores y Usuarios, compuesto por todas las Organizaciones de Consumidores de ámbito nacional, aprobó en el 2.004 el "Informe sobre las campañas publicitarias de energía verde" que concluye que "determinados mensajes publicitarios analizados sobre la campaña de energía verde de Iberdrola, S.A. incluyen información que genera o puede generar confusión en el consumidor, al contratar un determinado producto en base a una información errónea sobre la naturaleza del mismo, como contraprestación al sobrepago que implica contratar dicha energía" y, por el que se insta a la compañía eléctrica Iberdrola a modificar la publicidad sobre "energía verde", por incluir contenidos erróneos que generan confusión en el consumidor. Remitido a los entes involucrados y con competencia en la materia, este informe fundamentó la demanda desestimada que la OCU presentó contra la publicidad de las compañías eléctricas.

Ratificando esta situación, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió un informe confirmando que “las campañas publicitarias de energía verde pueden considerarse engañosas tanto por lo que dicen como por lo que omiten”, ya que no garantizan que el consumidor reciba el tipo de energía contratada, todo ello y a pesar de las certificaciones aportadas por las empresas energéticas.

Ante toda esta situación, aparecieron en diversos medios de comunicación explicaciones de lo que realmente supone la contratación de “energía verde”, o sea, el simple compromiso por parte de la compañía energética de producir o comprar una cantidad de electricidad procedente de fuentes renovables equivalente al consumo contratado por el usuario.

La energía verde contratada hoy en día en España se respalda por las certificaciones internas de cada compañía y las emitidas y administradas por Red Eléctrica Española según los estándares internacionalmente establecidos mediante el sistema RECS (Renewable Energy Certificate System), mediante los cuales se garantiza el origen renovable de la energía. En los países con más experiencia en este mercado existe una asociación denominada EUGENE (en inglés, Red Europea de Electricidad Verde), integrada por grupos ambientales, consumidores e institutos de investigación que ha establecido unos criterios básicos que debe cumplir la energía verde, garantizando, además de su origen renovable, criterios de calidad ambiental.

Según el criterio de EUGENE, de aplicación en Alemania, Suecia, Inglaterra, Austria, Holanda, Australia y Estados Unidos, se contempla únicamente las fuentes energéticas naturales (solar, geotermal, eólica, mareomotriz); la combustión de biomasa (sin ningún tipo de residuo añadido) y la hidráulica y minihidráulica que contemplen planes de conservación del sistema fluvial afectado. Además, la compañía eléctrica deberá contribuir al aumento de la generación de energía verde. Finalmente, la electricidad contratada por el usuario recibe una etiqueta emitida por EUGENE que certifica que esta es realmente “verde”.

Sin este tipo de certificación, el ingreso extra de las compañías eléctricas con la venta de este producto no tiene porque ser invertido en aumentar la cantidad de energía renovable producida, por lo que siempre se plantea la cuestión de si la actual comercialización de la energía verde es en beneficio del medio ambiente o se trata tan solo de una simple, pero eficaz, maniobra económico-financiera de las empresas eléctricas basada en la conciencia “ecológica” de los usuarios.