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Los recortes y la privatización en los parques naturales

La crisis afecta a los espacios naturales protegidos con una reducción de presupuestos que cambia el modelo de gestión hacia la privatización de los servicios públicos.

Por Carlos Ferrís Gil
Consultor ambiental
carlosferris@msn.com

Parque Nacional Ordesa

En España, los recortes no solo afectan a sectores como la educación, la sanidad y la justicia. Los impactos de la crisis ya tienen sus efectos en la conservación del medio ambiente y en la gestión de los espacios naturales protegidos.

La delicada situación económica de España y de las Comunidades Autónomas se ha traducido en una reducción drástica del gasto público y de las inversiones en derechos fundamentales como la salud, la educación y el medio ambiente.

El medio ambiente: derecho fundamental de la persona

Dentro de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, está el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, asi como el deber de conservarlo (art. 45). Las políticas de recortes y de cambio de modelo en los parques pueden poner en peligro estos derechos, en especial si se sigue reduciendo el gasto público en medio ambiente y si se plantean propuestas para externalizar los servicios públicos.

Desde algunas administraciones públicas con competencia en medio ambiente se están estableciendo tasas para entrar en determinados espacios naturales.

Por desgracia, las políticas del Gobierno de España y de algunas Comunidades Autónomas se han dirigido de forma prioritaria a reducir las partidas destinadas a la conservación del medio ambiente, la prevención y control de los ecosistemas forestales, la investigación en biodiversidad y en especial, a la gestión de los espacios naturales protegidos.

La libertad de acceso libre y gratuito al dominio público

Parque Nacional Albufera de Valencia

La Constitución también recoge el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional (art.19). En normativas sectoriales se incluye el derecho de todo ciudadano al acceso libre y gratuito al dominio publico marítimo-terrestre (art. 31 de la Ley de Costas 22/1988), tipificando como sanción grave la interrupción de los accesos públicos al mar (art.91.1 d). Esta legislación procura que el ciudadano pueda acceder de forma libre y gratuita al dominio público y a los espacios naturales a través de sus caminos públicos y servidumbres.

Por el contrario, desde algunas administraciones públicas con competencia en medio ambiente se están estableciendo tasas para entrar en determinados espacios naturales, mediante el pago por entrar en zonas de costa, cobro por tránsito por caminos públicos en espacios naturales y una serie de prestaciones de servicios que antes eran gratuitos para el visitante y que ahora se cobra por el mismo servicio a través de empresas privadas (Centros de Visitantes, visitas guiadas a grupos, etc.).

Una red de parques en crecimiento que sufre recortes

La red de espacios naturales protegidos en España alcanza una cifra superior a 1.600, según Europarc. Estos espacios naturales representan un importante patrimonio que debe tener unos medios adecuados para su conservación, y debe garantizar el acceso de la ciudadanía, sin entrar en la generalización del cobro de tasas por disfrutar de un medio ambiente, derecho fundamental de las personas. Un derecho que no debe de establecerse en función de los recursos económicos, y más cuando el disfrute del medio ambiente supone el ejercicio de un derecho a la salud, a la educación y al deporte recogido en la Constitución. Según Javier Gómez Limón, responsable de proyectos de Europarc-España “si se mejora la calidad ambiental de los espacios naturales, la economía local también podrá beneficiarse”.

Parque Natural Peña Lara

Como muestra, un estudio realizado por Eroski Consumer indica que los 137 Parques Naturales y los 14 Parques Nacionales españoles recibieron 24 millones de personas en 2011, casi un millón más que en 2010. Esto significa un aumento en el número de ciudadanos que visitan los parques, pero que se contradice con los recortes de personal y de medios en los espacios naturales. Si no se mantiene la inversión en parques y en su gestión, se podría perder calidad en el servicio público que pretende dar a conocer estos territorios valiosos de forma sostenible.

Y es que los ajustes realizados por las administraciones ambientales en España afectan de forma significativa a la gestión y mantenimiento de los parques naturales, no solo en relación a las inversiones en materia de conservación sino tambien en partidas relacionadas con el uso público, la educación ambiental, el turismo sostenible y los programas de desarrollo sostenible en los territorios protegidos.

El año 2012 ha sido especialmente significativo, ya que se dio una clara tendencia por parte de las administraciones públicas competentes en parques naturales a recortar las partidas dedicadas a personal, mantenimiento, uso público, vigilancia e investigación.

El recorte y la privatización se extienden por toda España

Parque Natural Peñón Ifach

Un caso a estudiar es el de Canarias. Científicos y entidades conservacionistas han advertido del peligro que corren los cuatro Parques Nacionales por la importante disminución de recursos destinados a ello. La denuncia se centra en el Proyecto del Ley de Presupuestos del Gobierno de Canarias para 2013, que reduce en más de un 75% las inversiones de los Parques Nacionales. Estos recortes supondrán, según los expertos, el despido de personal que trabaja en los parques y la reducción de los servicios públicos para los visitantes, así como un cambio en el modelo de gestión orientado a la privatización y cobro de determinados servicios.

En Castilla la Mancha, los parques naturales tambien han sufrido los recortes y un cambio en la gestión. Como muestra, la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel en Cuenca, donde la Junta ha cerrado desde hace un año el Centro de Visitantes y el acceso a la Reserva Natural. La Consejería de Medio Ambiente ha permitido el cierre del acceso al paraje de los Cuchillos y al rio Cabriel, autorizando sin embargo un coto cinegético a la propietaria del espacio, que ha dejado de recibir las ayudas económicas de la Junta que recibía desde la declaración de la Reserva a través de un convenio.

Las consecuencias de la privatización pueden ser irreversibles para la conservación de los espacios naturales.

Para Ecologistas en Acción de Cuenca, es grave que “los espacios naturales se consideren un gasto a recortar en lugar de una inversión de futuro. La crisis está sirviendo como coartada para profundizar en el deterioro ambiental, como se puede observar con algunas de las acciones aprobadas o en trámite por el Gobierno de Castilla La-Mancha, tales como ofrecer privilegios a los cotos intensivos de caza en zonas de especial protección para las aves por la Unión Europea o descatalogación de refugios de fauna para sacar a subasta la caza el terrenos públicos protegidos”.

En la Comunidad Valenciana, los recortes han supuesto una reducción importante de personal e inversiones en los 22 parques naturales. La Generalitat Valenciana va a recortar 3 millones a los parques naturales, y ha presentado un ERE en su empresa pública ambiental que supone una reducción de más de 400 personas de una plantilla de 1.440 trabajadores dedicados a la gestión ambiental. Esta importante reducción de técnicos que atienden los parques naturales de Castellón, Valencia y Alicante puede poner en peligro los programas de conservación de los espacios, la gestión de los Centros de Visitantes y los programas de vigilancia e investigación ambiental.

Parque Natural Posets-Maladeta

Otras comunidades autónomas, como la Balear, van más allá en sus propuestas de reducción del gasto en espacios naturales. Los recortes y la nueva filosofía del Gobierno balear han reducido al mínimo las plantillas de vigilantes y de educadores de los parques de Cabrera, Ses Salines de Ibiza y Formentera, Albufera, Llevant y Mondragó de Mallorca, Es Grau de Menorca, Sa Dragonera y el ámbito de la sierra de Tramuntana de Mallorca, patrimonio de la humanidad

La estrategia gubernamental propuesta por el Gobierno balear, en la que se enmarca la privatización de la gestión de los espacios naturales, pasa por la explotación turística, a través de concesionarios, de la red de parques. Esto implicará el cobro de actividades hasta ahora gratuitas, algo que ya se ha empezado a aplicar al implantarse tarifas por amarrar barcos en el parque de Cabrera o por participar en excursiones con monitores. Según el Grup Ornitològic Balear, “se pone en riesgo la conservación de los más valiosos espacios naturales de las islas”.

Cataluña sigue la estela de otras comunidades autónomas con la reducción de personal y de medios en los parques. Desde el año 2010, los consorcios de los espacios naturales en Cataluña han sufrido recortes del 50 al 60%. Como ejemplo, los recortes al servicio de informadores ambientales de los Espacios Naturales del Delta del Llobregat, con una reducción de personal del 75%. El número de informadores se ha reducido a su mínima expresión, generándose problemas de atención a los visitantes. Para los técnicos que se mantienen en el parque, a partir del último concurso público, la nueva empresa ha bajado precios para ganar el concurso gracias a rebajas en los salarios del personal de más de un 20%.

Otras Comunidades Autónomas se siguen el mismo proceso de reducción del gasto público en los parques, y de privatización de los servicios de uso público de los espacios naturales. No se trata solo de un problema de reducción del gasto público en los parques naturales, sino de un cambio en el modelo de gestión, donde la administración pública deja en manos de empresas privadas la gestión de determinados servicios y programas. Esta tendencia, que se ha ido incrementando en 2012, plantea serias dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 y de los programas de desarrollo y uso sostenible, donde se deja en manos de la iniciativa privada una materia tan importantes como el medio ambiente.

Inglaterra, un modelo pionero en privatizar los parques

Pero esta tendencia no solo se da en España, sino que países como Inglaterra vienen desarrollando desde hace años una política de recortes en parques y de privatización de los servicios públicos. El gobierno conservador pretende reducir en un 40% el presupuesto a la protección del medio ambiente y privatizar parcial o totalmente los parques nacionalesreservas, bosques, ríos y canales, y hasta el servicio meteorológico. Los grupos medioambientales han denunciado el impacto que las medidas podrían tener para la protección de la naturaleza, y el enorme peligro que a su juicio significa dejar la gestión de playas, ríos, bosques, caminos costeros y otros espacios naturales a inversores privados con ánimo de lucro y cuya prioridad no es preservar la flora y la fauna sino ganar dinero.

Un nuevo escenario en la política ambiental de España

Esta situación de reducción del gasto público en parques y de procesos de privatización de los servicios públicos de gestión ambiental, plantea un nuevo escenario de la gestión ambiental en España. Estas decisiones políticas dejan claro que no es prioritario la inversión pública en medio ambiente, optando por formulas de gestión en la que se externalizan o se cede la gestión de los parques al sector empresarial, despidiendo a un importante porcentaje de personal que trabajaba en empresas públicas con amplia experiencia profesional y vocación de servicio público.

Las consecuencias pueden ser irreversibles para la conservación de los espacios naturales, dejando en manos de la iniciativa privada una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas que deben velar y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este escenario supone un perjuicio para el medio ambiente y las personas, que merece como mínimo una reflexión urgente y un cambio de postura por parte de los responsables ambientales, si no se quiere seguir el camino que ha tenido la educación, la sanidad y la justicia en España, donde se ha optado por el recorte y la privatización como única fórmula de gestionar y garantizar un servicio público.

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Los comentarios de los lectores

21/02/2013 16:56:11
El medio ambiente no es un derecho fundamental, es un principio rector
Celia

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