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Real Decreto-Ley 17/2012, de 04/05/2012, de medidas urgentes en materia de medio ambiente

Por Inma Biezma
redaccion@ambientum.com

El pasado 5 de mayo se publicó el Real Decreto-Ley 17/2012, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, como medida indispensable que permita reactivar nuestra economía.

La reforma que acomete el presente Real Decreto-Ley se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces y, lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones públicas.

El presente Real Decreto-Ley introduce, por medio de su articulado, una serie de modificaciones en normas básicas estatales. El artículo primero modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, el presente Real Decreto-Ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca. Con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, en línea con la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, Marco del Agua, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas.

La nueva norma pretende eliminar aquellos mecanismos de intervención complejos e ineficaces.

El régimen introducido en el presente Real Decreto-Ley permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.

En la misma línea, este Real Decreto-Ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables.

Se incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos.

Por otra parte, este Real Decreto-Ley refuerza la potestad sancionadora en materia de aguas, lo que era de todo punto necesario y urgente tras la declaración de nulidad parcial de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales por la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de noviembre de 2011.

Las comunidades autónomas pierden sus facultades de policía del dominio público hidráulico

De esta forma, se incorporan al texto refundido de la Ley de Aguas los criterios generales que se tomarán en cuenta en la valoración del daño causado en el dominio público hidráulico, determinantes para calificar la infracción.

También deroga la disposición adicional decimocuarta, relativa a las “Competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico” que fue añadida por el Real Decreto-Ley 12/2011, de 26 de agosto. Así pues, se retira a las comunidades autónomas, en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, la competencia ejecutiva sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico, así como la tramitación de los procedimientos a que den lugar dichas actuaciones hasta la propuesta de resolución.

El artículo segundo modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, ya que su aplicación ha revelado ciertos desajustes que están generando retrasos innecesarios a los ciudadanos e inconvenientes difíciles de superar a las Administraciones públicas encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000.

Así, en aquellos casos en que se solapan varias figuras de protección, se dispone que se consoliden y unifiquen todas ellas en un único instrumento de protección. Al tiempo, se garantiza la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos a través, precisamente, de la planificación de los espacios naturales.

El artículo tercero acomete la reforma de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados con la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas para operadores y productores de residuos, que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma.

Asimismo, para eliminar la indeterminación e inseguridad jurídica, se delimitan las competencias sancionadoras de las entidades locales en esta materia, disponiendo que las ejerzan respecto de los residuos cuya recogida y gestión les corresponda.

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