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La Figura del Contrato Territorial, una herramienta para el desarrollo sostenible del medio rural

Por Javier Tejada,
Responsable de Servicios de Legislación Ambientum-Infosald
redaccion@ambientum.com

Las primeras referencias en nuestro país acerca de la figura de los contratos territoriales de zona rural,  se llevaron a cabo en la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, en cuyo artículo 16, relativo al apoyo a la agricultura territorial, define la misma como el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural.

También dice la Ley que la suscripción de estos contratos será requisito necesario para beneficiarse de las prioridades a los diferentes tipo de apoyo de fondos o normas comunitarias o nacionales relativas al sector agrario y desarrollo rural. La Ley remite a un posterior desarrollo reglamentario los requisitos, condiciones y efectos de los contratos territoriales.

En el caso concreto del Principado de Asturias, desde comienzos de este año 2011, han puesto en marcha la integración de las siguientes ayudas dentro de esta nueva figura contractual: la indemnización compensatoria en zonas de montaña; ayudas agroambientales; ayudas específicas para las zonas de la Red Natura 2000; ayudas para el fomento del bienestar animal en explotaciones lecheras de entornos periurbanos; y, por último, para razas ganaderas autóctonas.

Y con la reciente publicación de este Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural,  se da respuesta a la remisión normativa que se llevó a cabo en la mencionada Ley 45/2007, y se crea un marco de regulación más amplio y de carácter más general para la figura del contrato territorial, concibiéndolo como auténtica medida o instrumento de política económica general para el medio rural español, y cuyos beneficiarios podrán ser los siguientes:

  • Los titulares de las explotaciones agrarias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, incluidas las personas físicas que ostenten la titularidad compartida, siempre que actúen solidariamente y se encuentren inscritas en el registro autonómico correspondiente.
  • Los titulares de la gestión y aprovechamiento de montes o terrenos forestales.
  • Los titulares de terrenos cinegéticos.
  • Las agrupaciones y asociaciones de titulares, las comunidades de bienes y cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado de los tipos a), b) y c) anteriores que puedan llevar a cabo los compromisos del contrato.

La suscripción de estos contratos será requisito necesario para beneficiarse de las prioridades a los diferentes tipo de apoyo de fondos

Para que un contrato territorial de zona rural pueda ser considerado como tal deberá cumplir las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del referido Real Decreto así como las específicas establecidas en su Capítulo II.

Finalmente destacar que las ayudas y acuerdos equivalentes a los contratos territoriales que hayan sido suscritos entre las Administraciones competentes y los titulares de explotaciones agrarias que se enmarquen en los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas, mantendrán sus características y efectividad, de acuerdo con la normativa autonómica que los regula, tal y como se establece en su disposición transitoria única.

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