Ambientum - Revista Ecotimes Diciembre - La contaminación acústica y la responsabilidad de la administración en Cataluña

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El Espacio del lector es una sección abierta a todos nuestros lectores, para que expresen su opinión sobre todos aquellos temas medioambientales que están de actualidad, o que despiertan su inquietud. En esta ocasión Robert Álvarez Sastre nos ha enviado un interesante texto sobre la contaminación acústica y la legislación catalana al respecto.

Para Ambientum lo más importante son nuestros lectores; esperamos que esta sección sirva de plataforma para que todos tengan voz y sus opiniones sean un motivo más para la reflexión.

La contaminación acústica y la responsabilidad de la administración en Cataluña

Por Robert Álvarez Sastre
Abogado. Vocal de la Sección de Derecho
Ambiental del ICAB

redaccion@ambientum.com

Roberto

A raíz de la aprobación del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica catalana, muchas administraciones locales están aprobando los diversos instrumentos acústicos que se han arbitrado normativamente para la modificación, contención, mejora y previsión de la calidad acústica en las diferentes zonificaciones que hay establecidas. Es lógico, pues, pensar que muchos directivos y responsables políticos se puedan plantear cuál es la situación actual y futura hacia la apreciación de responsabilidad por un tratamiento de una situación acústica inadecuada según los nuevos mapas y planos confeccionados al respecto.

De responsabilidades posibles hay dos: la administrativa y la penal. Ambas igual de importantes desde el punto de vista que ahora estoy comentando y que, deliberadamente, no conduzco hacia la cuestión penal, ya que lo que me interesa destacar es el deber implícito de acción por parte de las administraciones que conlleva la aprobación del Reglamento, que es la clave de bóveda del sistema de prevención a nivel autonómico. Tanto las normas administrativas como penales defieren, o reenvían,  a la regulación específica la determinación concreta de la situación regulada: en el mapa y el plan están descritas las situaciones acústicas y las medidas que debe implementar la administración. Ahora la situación pasa a ser pública y conocida.

La responsabilidad en abstracto se infieren por la apreciación de una serie de factores implícitos (lesión efectiva, nexo causal, individualización) que conducen a determinar la inadecuación del funcionamiento de la administración, en mayor o menor grado. Evidentemente, cuando el conocimiento de la situación es más inexcusable y no se actúa, la responsabilidad de mantener una situación anómala según el marco normativo, que previamente ha sido claramente determinado en los instrumentos acústicos, crece, y es más evidente, en la medida de la gravedad que la omisión conlleva.

Esto es de sentido común, difícilmente se podrá alegar un desconocimiento previo de la situación, a partir de la aprobación de los mapas y planes la contaminación acústica es conocida por la administración y evaluada -cuestión esencial -, la situación además pasa a ser pública y la puede conocer cualquiera que consulte estos instrumentos. El único refugio posible -y tampoco- que quedará a la administración será la falta de presupuesto o la temporalidad que el plan de acción fije al respecto; pero lo que está claro es que con determinados niveles de ruido se está produciendo una conculcación de derechos fundamentales, y, por tanto, hay que actuar con prioridad sobre otras problemáticas.

El artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no trata de derechos teóricos o ilusorios, sino efectivos.

Un caso paradigmático de lo que puede pasar los próximos años lo encontramos en la Sentencia de 16 de noviembre de 2004 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto Moreno Gómez contra España, donde, cuando se determina la responsabilidad que tiene la administración en ese caso concreto, se dice que ya la propia administración había declarado ese ámbito como zona acústicamente saturada (en virtud de su propia ordenanza del ruido) y que no era admisible, pues, tolerar por parte de la administración un reiterado incumplimiento de sus propias normas, y, podríamos añadir, mucho menos alegar un desconocimiento de la situación. Dice el Tribunal, en esta y otras sentencias, que el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no trata de derechos teóricos o ilusorios, sino efectivos. Mutatis mutandis podemos inferir que el hecho de tener mapas acústicos y planes de acción aprobados puede ser un indicador muy claro para determinar que la administración ha fallado no sólo en el tratamiento adecuado de una fuente de ruido importante en el municipio, sino que también ha omitido de forma patente sus propias previsiones al respecto. Se hace difícil eludir así la responsabilidad cuando la propia administración ha señalado previamente cuál es la situación y cuáles son las medidas que hay que aplicar al caso concreto y no las ha actuado. El funcionamiento anormal de la administración es evidente.

Dos son las situaciones en que nos podremos encontrar a corto plazo. Una, aquellos municipios que no hayan aprobado mapas y/o planes de acción. En este caso la previsión y plazos de aprobación son muy claros en el Reglamento (por reenvío que se refiere al Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre) y, por tanto, el desconocimiento de la situación acústica inexcusable, ya que afronta directamente la aplicación de lo previsto en la norma. El segundo caso es que se tenga ya aprobado el mapa de capacidad y el estratégico y los planes de acción, o carezcan de estos planes.

Hay que dar cumplimiento lo antes posible a la aprobación de mapas y planes e implementar las medidas de reducción del ruido que se arbitren.

También en este caso la situación es a mí entender inexcusable, difícilmente con ya más indicios de baja calidad acústica se podrá alegar algo que soporte la inacción: al incumplimiento normativo se sumará el claro conocimiento y evaluación de la situación anómala.

La reflexión final al respecto no puede ser otra que hay que dar cumplimiento lo antes posible a la aprobación de mapas y planes e implementar las medidas de reducción del ruido que se arbitren. En otro caso, es previsible un incremento de responsabilidad de las administraciones en esta materia. La clave es que es necesaria la priorización por parte de las administraciones locales de este tipo de medidas contra la contaminación por encima de otras acciones, dada la importancia normativa que se le ha dado por parte de los diversos niveles normativos y jurisprudenciales en relación con la protección de derechos fundamentales. La conclusión, pues, es que hay que priorizar la lucha contra el ruido en las ciudades.

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