El pasado 11 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Contratación Pública Verde con el que se pretende implantar paulatinamente en la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, prácticas respetuosas con el medio ambiente en la contratación pública. En el Plan se establecen diversos objetivos a alcanzar para ocho grupos de productos diferentes.

Desde el año 2004, la Comisión Europea está fomentando la implantación de la “Compra Verde” en las compras públicas de los Estados Miembros mediante la convocatoria de reuniones de trabajo y de divulgación de experiencias a las que ha asistido el Gobierno español a través del Ministerio de Medio Ambiente. Entre los años 2005 y 2006, la Comisión desarrolló el estudio “Green Public Procurement in Europe 2005 Status Overview”, realizado en los entonces 25 Estados Miembros. El estudio, después de analizar una amplia documentación, apuntó que siete países, Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Suecia y Reino Unido incorporaban un mayor número de criterios ambientales en sus contrataciones.

Este estudio situaba a España en un lugar intermedio. Además, la revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible del año 2006 marca como finalidad y objetivo operativo “Aspirar a alcanzar para 2010 en toda la Unión Europea un nivel medio de contratación pública ecológica igual a la que han alcanzado hasta ahora los Estados Miembros más sobresalientes”. A través de todos estos estudios y recomendaciones, la Unión Europea quiere conseguir que cada Estado Miembro elabore su propio Plan Nacional de Compras Públicas Verdes, más teniendo en cuenta que en el marco de la UE, las compras públicas suponen el 16% del PIB.

Recibida esta recomendación y teniendo en cuenta que el Gobierno español manifestó siempre dentro de la UE su voluntad de incorporar los criterios ambientales en sus contrataciones, en mayo de 2006, el Consejo de Ministros acordó la creación de la Comisión para la Incorporación de Criterios Medioambientales a la Contratación Pública en la que están integrados representantes de todos los Ministerios. Su cometido último era la elaboración de un Plan de Contratación Pública Verde con el objetivo de articular la conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Este objetivo queda plasmado en el Plan que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero (ver documento).

El plan de Contratación Pública Verde implica a la Administración General del Estado y a sus Organismos Públicos y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social

El Plan de Contratación Pública Verde implica a la Administración General del Estado y a sus Organismos Públicos y a las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y responde a los objetivos comunitarios recogidos en los diferentes informes realizados. Asimismo, se enmarca en la Directiva europea sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministro y de servicios, que regula la introducción de criterios ambientales en los pliegos de contratación, y, a su vez, en la reciente Ley de Contratos del Sector Público, que traspone la anterior Directiva. En el reglamento que se elabore para esta Ley se incluirán los requisitos de solvencia medioambiental que deberán cumplir las empresas que opten a los concursos públicos.

A partir de ahora comienza un camino de concienciación interna en cada uno de los Ministerios. El Plan se irá incorporando poco a poco, de hecho, concede plazos dilatados para la incorporación de los objetivos, y, además, como comenta Concepción Toquero, subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, para orientar a cada Ministerio en la aplicación del Plan, la Comisión Interministerial encargada de poner en marcha el plan y velar de su paulatina introducción, elaborará protocolos y manuales de aplicación.
Aunque se prevé que algunos objetivos propuestos para determinados productos se alcancen antes de la fecha indicada y sean aún más ambiciosos, en el año 2010 la Comisión realizará una evaluación para conocer el grado de cumplimiento y revisar aquellos aspectos que no se hayan podido alcanzar. Todo ello para lograr el objetivo final: que en el año 2015 se haya conseguido implantar al cien por cien el Plan de Contratación Pública Verde, tal y como afirma Toquero.