Las nuevas normativas y la concienciación ambiental apuntan a la ampliación de los espacios naturales protegidos. Sin embargo, este incremento no se produce, porque, en opinión de Joaquín Reina, responsable de Ecologistas en Acción, las CCAA, quienes ostentan las competencias en este sentido, "siguen entendiendo que estos espacios pueden llegar a ser un obstáculo para el desarrollo socioeconómico."

Un ejemplo de ello son los espacios de la Red Natura 2000. Cristina Rabadán, de WWF/Adena, recuerda que la Comisión Europea ha detectado que algunos hábitats o especies en España no tienen suficientes LIC designados cómo para asegurar su conservación .

Hayedo de Montejo Foto: Cristina Martín

Por otra parte, y a raíz de un informe de SEO/BirdLife del año 2000, la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España porque no se habían designado suficientes ZEPA, que terminó en una sentencia condenatoria del tribunal de Luxemburgo el 28 de junio de 2007. En concreto, la sentencia indicaba que Canarias, Baleares y Andalucía habían designado una superficie demasiado pequeña en algunas ZEPA, y que Canarias, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Valencia no habían designado suficientes ZEPA.

Asimismo, Rabadán recuerda que España, como la mayoría de los estados miembros de la UE, va muy retrasada en la designación de los LIC y los ZEPA marinos , por lo que en su opinión se tendrán que declarar muchas en los próximos años.

El sistema judicial y procesal en España no dispone de herramientas ni personal adecuados para paralizar un proyecto que puede dañar a un espacio natural protegido

En opinión de López Lax, esta situación supone que al final la protección de estos espacios quede en manos de las asociaciones ecologistas y vecinales, "con la ayuda de los Tribunales, dependiendo del grado de sensibilidad, a quienes se les ha conferido la tarea nada fácil de concretar y aplicar a la realidad los mandatos de protección de la naturaleza y la biodiversidad".

En este sentido, la experta de ACIMA asegura que el sistema judicial y procesal en España "no dispone de herramientas ni personal adecuados para paralizar un proyecto que puede dañar a un espacio natural protegido mientras se sustancia el proceso, por lo que la protección de la naturaleza no depende tanto de las leyes ni de su exigencia ante los tribunales, sino de la voluntad política."

Cómo combatir los abusos

El responsable de Ecologistas en Acción considera que para impedir estos abusos "hay mucho trabajo por hacer". En este sentido, reclama para estos espacios "un salto cualitativo de una gestión pasiva a una activa", para la que hace falta "corresponsabilidad, recursos y voluntad política". Por otra parte, Reina recomienda ampliar la formación e información de la sociedad, para que se pueda controlar a las Administraciones Públicas.

El Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo cree en la eficacia de la combinación entre sanciones administrativas y castigos penales: "Junto con la vigilancia legislativa, la mejor defensa medioambiental se asegura mediante el cumplimiento rotundo de nuestro ordenamiento. Las normas medioambientales son susceptibles de completar la norma en blanco que es el Código Penal a este respecto. Ya hay un Proyecto de Ley de reforma del mismo, en donde está previsto un aumento de penas en delitos contra el medio ambiente."

Ya hay un Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, en donde está previsto un aumento de penas en delitos contra el medio ambiente

La experta de WWF/Adena añade que la conservación de hábitats y especies precisa de una gestión integral del territorio que contemple a los seres humanos y sus actividades como a un factor más que incide del sistema natural, que no siempre tiene que ser negativo.

La responsable de la asociación ACIMA apunta a medidas técnicas y sociales. Por un lado, solicita una legislación europea más concreta, restrictiva y coherente con el resto de las políticas, en la que los poderes públicos no tengan tanto poder discrecional. Por otro lado, reclama la aplicación y el desarrollo efectivo del Convenio de Aarhus , que implique una mayor información y participación social.