Diversos expertos denuncian los delitos ambientales cometidos en estas zonas naturales, a pesar de contar con protección especial y de la reciente mejora legal.

Antonio Vercher, Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, afirma que la protección legal de estas áreas es "correcta y suficiente". Además, explica, la reciente ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, "que antepone la protección del medio ambiente frente a la ordenación urbanística, va a suponer un instrumento básico para salvaguardar las zonas naturales de valor ambiental."

Como prueba de ello, Vercher asevera que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo inició en 2006 "unas cuatro mil diligencias de investigación relativas a delitos medioambientales", y aunque la estadística de 2007 aún no está cerrada, "pensamos que la cifra de este año será aún mayor".

Hotel Algarrobico, en Cabo de Gata

Asimismo, detalla, en 2006 "el número de sentencias condenatorias ha sido muy superior al de las sentencias absolutorias. No tenemos constancia de ilegalidades referidas al cambio de protección de las áreas naturales, que hoy por hoy son intocables."

Sin embargo, hay quien no comparte el optimismo del Fiscal de Medio Ambiente. Desde Ecologistas en Acción, Joaquín Reina asegura que la especulación con estos espacios protegidos para distintos usos, como urbanizaciones, campos de golf, etc., "es una realidad en prácticamente todas las Comunidades Autónomas (CCAA), a veces de forma absolutamente descarada y otras con más disimulo y decoro".

La Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo inició en 2006 unas cuatro mil diligencias de investigación relativas a delitos medioambientales

Asimismo, denuncia, la obra civil de carácter público "no se queda atrás": "El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) afectará a numerosos espacios naturales protegidos, especialmente a LIC sin consolidar suficientemente, ya que parece más fácil dar salida a proyectos de infraestructura que apuestan por modelos de transporte absolutamente insostenibles".

María Ángeles López asegura que para que se construya una urbanización, un campo de golf o cualquier otro proyecto "basta con que su promotor realice un estudio de impacto ambiental a medida de sus necesidades y sin apenas posibilidades de fiscalización en vía judicial." Asimismo, sostiene, el gobierno autonómico también puede declarar el proyecto de Interés Regional "para que se lleve a cabo en cualquier tipo de suelo, aunque haya sido declarado ZEPA, LIC o ZEC, y por un procedimiento muy rápido, sin apenas tiempo para recurrir antes de que entren las máquinas."

La responsable de ACIMA subraya que esta situación está ocurriendo en varios lugares de España y pone como ejemplo Extremadura, donde ha estado recientemente: "La Junta ha reclasificado una ZEPA por las buenas, sin hacer informe que lo justifique ni solicitar la obligatoria desclasificación a la UE, para construir la consabida urbanización, golf, etc., y lo ha tramitado como Proyecto de Interés Regional."

Por otra parte, López Lax también ha observado en la comunidad extremeña que ciudadanos procedentes de Alemania y Reino Unido están construyendo viviendas en suelo rústico, ya que según las CCAA, es posible a partir de dos hectáreas y media.

En este sentido, esta experta recuerda que los propios informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente reconocen el fracaso de la implementación de las Directivas Aves y Hábitats: "Si este consumo de suelo rural es difícil de parar en toda Europa, en España es aún peor, al ser nuestra economía dependiente de la construcción y el turismo, y por el sistema de financiación de los municipios, que se basa en las licencias de obras e IBI, ingresos muy superiores a los fondos que la UE destina a la protección de la Red Natura."

Por su parte, los terrenos que se encuentran dentro de la Red Natura 2000 tampoco se salvan de este "boom urbanístico", según Cristina Rabadán, si bien recuerda que cualquier proyecto en Natura 2000 "debe ser evaluado y si le afecta negativamente no se puede llevar a cabo. Además, explica, "la nueva ley de suelo ha dificultado la realización de grandes urbanizaciones en estos espacios." No obstante, la experta de WWF/Adena reconoce que "hay muchos casos de urbanismo en Natura 2000 que actualmente están frente a los tribunales."

En cuanto a los parques naturales, la especialista de ACIMA afirma que estos abusos son más difíciles de cometer, porque cuentan con "normas muy concretas de protección, un detalle exhaustivo respecto a los usos permitidos, y disponen de órganos de vigilancia y control como es el Consejo, cuya opinión no se pueden saltar tan fácilmente las administraciones."