Las cifras siempre están ahí, siempre bailan, generan conflicto y en muchos casos desencantan, pero siempre recurrimos a ellas. ¿Cómo explicar si no con porcentajes que el 73, 3 % de las motivaciones por las que arden los montes en el noroeste peninsular son intencionadas? ¿Cómo dar a entender de otra forma que 2006 es el cuarto año más desfavorable de la última década en hectáreas quemadas y el que mayores incendios forestales registró del decenio?

Las cifras siempre bailan, decimos, según si consultamos las oficiales o las oficiosas. Aún así, ¿qué alivio nos queda sobre la tierra negra al escuchar que han ardido cien hectáreas menos que las que cuenta el vecino? ¿ Qué suspiro de consuelo al leer que entre las cuatro primeras causas de los incendios forestales en nuestro país se encuentran los rayos provocados por tormentas cuando el total de estos que derivan en incendios es el 4 % mientras el 80 % son provocados intencionadamente?

Las motivaciones de los siniestros intencionados que se han sucedido en España desde 1991 hasta 2004 van desde la quema agrícola a la de pastos, desde disputas por la titularidad del terreno al vandalismo, a la exigencia en la bajada del precio de la madera o para modificar el uso del suelo. No parecen faltar razones para dejar a nuestros montes en un continuo invierno…

Las paradojas siguen copando las conclusiones de los informes estadísticos que se realizan sobre esta materia. Si bien el número de siniestros con causa conocida va en aumento (2002 y 2004 son los períodos en los que más factores desencadenantes se identificaron de los últimos quince años), las razones desconocidas continúan estando en un segundo lugar de entre las motivaciones que provocan los fuegos, por detrás de las intencionadas y anteponiéndose a las negligencias.

Los expertos en el tema analizan entre los factores estructurales por los que se producen estos fuegos el abandono drástico de las actividades forestal, agrícola y ganadera que, en apenas 40 años, se ha visto agravado por el éxodo rural. Consecuencia de esto es el aumento de la biomasa en los ecosistemas, lo que los vuelve fácilmente combustibles. Pero el abandono rural conlleva además que la superficie con un plan de gestión forestal no alcance el 12 %. A ello añaden la conocida como “cultura del fuego” -quema de rastrojos y pastos-, que pervive en una parte importante de la población rural, y un caos territorial creciente y propio del presente.

Los analistas se afanan por ir más allá y determinan que una de las razones principales que han inducido a que los incendios forestales sean un problema ecológico importante en España por la frecuencia e intensidad en las últimas décadas es el enfoque dado a la lucha contra estos siniestros. Explican cómo los esfuerzos se han volcado de manera casi exclusiva en la extinción, dejando de lado la prevención y una adecuada planificación forestal. Actualmente las mayores inversiones en esta materia van destinadas a la extinción del fuego por lo que, concluyen, si existe algún negocio floreciente en torno a los montes, éste está asociado a apagar incendios y repoblar zonas quemadas.

Los efectos de esta hecatombe naranja son evidentes en esa madeja de problemas sociales, económicos y de gestión que se conforma tras toda catástrofe: situaciones de emergencia que derivan en evacuaciones, heridos e incluso muertos, carreteras y líneas férreas cortadas, interrupción de servicios eléctricos y telefonía, destrucción de hogares e industrias, del modus vivendi de muchas comunidades…, efectos, por otra parte, visibles a nivel ecológico: vegetación y fauna destruidas, impactos sobre el balance hidrológico, la calidad del agua y la atmósfera, pérdidas irreparables de tierra fértil, etc y erosión del suelo, efectos en el paisaje, etc.

Si algo parece traer implícito tanto desastre es un amplio acordeón de instrumentos técnicos y de planificación con los que paliar estas nefastas consecuencias. Así, a la sombra de las llamas se desarrollan motobombas y cisternas, se perfilan buldócer y pickups, se ultiman aviones Canadiar y Airtractor. También los medios humanos se movilizan: miembros del ejército, Guardia Civil, patrullas del Seprona…todos aúnan su solidaridad ante la barbarie.

En el ámbito de los incendios forestales las competencias jurídicas parecen estar sumidas en la devastación de sus cenizas. Eslabones de leyes, normas, decretos y reglamentos de todo tipo conforman una cadena legislativa opaca donde las responsabilidades no parecen esclarecerse y los culpables, mientras tanto, escapan inmunes entre las sombras de la ley.

Nuestros montes tienen respaldo jurídico a niveles comunitario, estatal y autonómico, aunque la eficacia real de todo lo anterior se demuestra insuficiente. El Reglamento nº 21581 del Consejo Europeo relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios data de 1992, lo que le sitúa a quince años de la situación actual. En España, la Constitución ampara en el Título I en su Capítulo III el derecho a un “medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”, añadiendo que se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, para quienes violen este derecho (art. 45). Sin embargo, el número de detenciones vinculadas a los incendios es insignificante: 192 personas fue el balance final de detenidos vinculados a incendios forestales durante 2003 en todo el territorio nacional a pesar de que en este año se registraron, junto con 2002 y 2005, las mayores pérdidas de superficie forestal.

Esto se traduce en que únicamente en torno al 1 % de los incendios forestales termina con la detención de alguna persona, aunque queda por constatar el porcentaje de los que son acusados formalmente en los tribunales.

El Código Penal español dedica en su Título XVII, Capítulo Segundo, Sección 2 a los incendios forestales, determinando en el artículo 352 que “los que incendiaren montes o masas forestales serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses”, elevándose el castigo de diez a veinte años de prisión si dicho incendio comporta un peligro para la vida o integridad física de las personas.

Además, el C.P. establece como “incendio de especial gravedad” aquel en el que concurran circunstancias como que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos; cuando altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio natural protegido, entre otras. Los Jueces o Tribunales podrán aplicar las penas anteriores cuando el autor del incendio actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio.

Pero sobre el terreno estas políticas de protección y sanción no ofrecen resultados efectivos. Asociaciones y organizaciones ecologistas reconocidas por su labor ambiental reivindican mejoras en la legislación actual: le piden un mayor control de los canales de comercio de la madera quemada para evitar la depreciación y la especulación del precio, así como el endurecimiento de las acciones sancionadoras, tanto económicas como privativas de libertad de los culpables.

Quizás con ello deseen dar el rol de protagonista a las medidas de prevención por medio de políticas de educación ambiental, planes de previsión, alerta y vigilancia, divulgación de una información adecuada y corrección de hábitos. Tal vez aspiren con estas propuestas a una prevención social que se valga de mapas de riesgo o a enterrar definitivamente esas cifras que bailan al son de que uno de cada cuatro incendios forestales de 2006 fueron intencionados. Puede ser que quieran revalorar los espacios forestales o establecer un nuevo contrato entre los urbano y lo rural o, más allá de todo, quizás pretendan una investigación certera y rigurosa de los autores de este terrorismo forestal que convierte nuestro verde en un naranja infernal.

Lo cierto es, dejando a un margen las pretensiones de cada cual, que España ha de mejorar en el ámbito de la profesionalización de los medios de extinción, cuyo desarrollo está notablemente desequilibrado entre las distintas comunidades autónomas y, ante todo, deberá cambiar la perspectiva y adaptar los presupuestos destinados a la extinción de los incendios forestales a programas de prevención que combatan los 20.000 siniestros de media que se producen anualmente en nuestros parajes.

¿Incendios forestales concebidos como delito? (¿cómo en Galicia, una de las regiones españolas más húmedas y con menor período de sequía, se produce la mitad de los fuegos de toda la Península?)…; …¿como suceso? (un 14% se originan como consecuencia de negligencias, siendo éstas concebidas como accidentes en los que el causante incluso trata de apagar el fuego);…¿por qué no incendio como negocio? Añadir este término a la disyuntiva inicial no es ya tan descabellado: la opinión pública, sus votos, el cuarto poder, los beneficios económicos que conlleva la extinción de un incendio forestal mediante la construcción de infraestructuras asociadas son elementos que hacen muy goloso económicamente el panorama de montes arrasados y hectáreas calcinadas.

Intentar ver a través de las llamas de los incendios forestales para delimitar si entran más o menos en las lindes del suceso o el delito es una tarea ardua. Es, incluso, adentrarse en la boca del lobo, donde se confunden intereses políticos y económicos de diverso calado. A pesar de ello, no deja de ser necesario su estudio para indagar más profundamente en las motivaciones que mueven a arrasar la vida, ya que sin un análisis exhaustivo de los orígenes no se conocerán soluciones viables al problema.