De los doce mil incendios intencionados que se producen cada año de media, dieciséis acabaron en condena durante 2005 y 2006. Son los datos de un delito que, a falta de culpables, se convierte en suceso.
En agosto de 1994 una extensión equivalente a casi dos veces la isla de Formentera ardió en Albacete. Los investigadores comprobaron que el incendio fue intencionado. Vecinos y ecologistas denunciaron que una avioneta con el distintivo "ICONA 73" lanzó bombonas blancas en zonas alejadas del incendio donde, al día siguiente, surgieron nuevos focos. Trece años más tarde las palabras “no resuelto” pesan sobre el caso. Esta calificación es la regla general del largo historial de incendios forestales que España arrastra.
Durante los años 2005 y 2006, se dictaron 16 condenas por el inicio intencionado de incendios forestales, cinco en 2005 y once en 2006. Estas cifras de dos dígitos contrastan con los datos del Ministerio de Medio Ambiente que muestran que un 59% de los más de veinte mil incendios que de media se produjeron entre 1991 y 2005 (esta proporción descendió al 55% en 2005) fueron intencionados. Los tribunales condenaron cada año de media a los responsables de dos de cada tres mil fuegos provocados anualmente.
En 2005, según estimaciones del Ministerio, más de 114.000 hectáreas , casi las necesarias para cubrir dos veces la isla de Menorca, se calcinaron en incendios provocados. Durante 2005 y 2006, se condenó a los culpables de quemar algo más de 496 hectáreas -en dos sentencias de condena no consta la superficie afectada por el siniestro. El mayor de los incendios por el que recayó condena afectó a 320 hectáreas . Ninguno de los 78 denominados Grandes Incendios –los que afectan a más de 500 hectáreas- ocurridos entre 2003 y 2006 y que, utilizando los porcentajes de Medio Ambiente para el periodo 1991-2004, habrían sido causados de forma intencionada, fue resuelto en los tribunales. En 2006, el número de estos incendios creció hasta 54.
Estos datos resultan de analizar la documentación reunida en una prestigiosa base de datos jurídica donde se contienen todas las sentencias dictadas desde 2001 por las Audiencias Provinciales en España. Estos órganos son los encargados de juzgar los delitos de incendios forestales intencionados. Cuando estos no pusieron en peligro la vida o la integridad física de las personas, las audiencias conocen de ellos a través del sistema de jurado.
Con esta escasez de sentencias están relacionadas l as especiales condiciones del escenario en este tipo de delitos, que se lo pone difícil a la policía judicial a la hora de investigar las causas. Las grandes extensiones que se deben explorar, la desaparición del agente que causó el incendio, la alteración de pruebas debido a la lluvia, el fuego o las labores de extinción son dificultades a las que apuntan portavoces del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Pero también denuncian otro factor más humano: “la escasa colaboración de posibles testigos por no considerarse afectados por el incendio o por temor a represalias”.
Miguel Ángel Soto, responsable del área de bosques de Greenpeace, también apunta a esta causa. “La permisividad social es muy amplia. Hay una complicidad social sobre los incendios. La gente sigue pensando: ‘Lo que se va al monte, se pierde'”.
La memoria de 2006 de la Fiscalía reconocía que “En el ámbito rural no son desconocidos entre vecinos, ni los orígenes de un determinado fuego ni, en ocasiones, la identidad del autor”. Pese a todo, afirmaba “es evidente que las denuncias no se producen y que los posibles testigos afirman desconocer quiénes puedan ser los autores del incendio”.
Pero, según Soto, hay además otra causa que dificulta la investigación: “Los incendios forestales son un delito. Para su investigación hacen falta medios técnicos, personas especializadas. Estos equipos están limitados. Faltan medios.”
Aún así, la Guardia Civil detuvo a 856 personas por delitos de incendios forestales (negligentes o intencionados) en el período que va de 2004 a 2006. Sólo en los tres primeros meses de este año se han producido 16 detenciones, el mismo número de personas que las condenadas en los dos años pasados por haber provocado intencionadamente un incendio.
La mayoría de los detenidos quedan libres y las actuaciones de los fiscales, archivadas, según admitió el Ministerio Fiscal en su memoria de 2006. Además, d e las condenas dictadas durante 2005 y 2006, sólo tres superaron los dos años de prisión, barrera por debajo de la cuál una persona sin antecedentes puede beneficiarse de la suspensión de la condena y eludir la cárcel. En nueve de los 16 casos, las penas fueron iguales o inferiores al año de prisión. Son penas que se mueven en las mitades más bajas que permite el Código Penal. Éste prevé castigos de uno a cinco años de prisión para los incendios intencionados, que se eleva a una horquilla de entre diez y veinte años si genera un riesgo para la vida de las personas y desciende a entre seis meses y un año si se el fuego no se propaga.
Es más difícil dar datos precisos sobre los casos de incendio originados por una negligencia. Estos casos son juzgados por los juzgados de lo penal, cuyas sentencias no se registran en ninguna base de datos. Una parte llega en recursos hasta las Audiencias Provinciales cuyas sentencias sí que se recogen. En total, las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo han dictado durante 2005 y 2006 dieciséis condenas y cuatro absoluciones en respuesta los recursos. La mayoría de las condenas imponen una pena de cárcel igual o inferior a seis meses.
Fiscalías como las de Ciudad Real y Sevilla denunciaban en la memoria del Ministerio Fiscal de 2006 “la escasa valoración de la importancia y peligrosidad de actuaciones negligentes, tanto activas como pasivas, en la generación del fuego” dentro de una tendencia “de los órganos judiciales a la minimización de la gravedad de las conductas que exponíamos en general respecto a la delincuencia medioambiental.”
La falta de datos adquiere grandes proporciones. Se desconocen las causas de alrededor de un cuarenta por ciento de los siniestros. Se sabe que algo más de la mitad de estos fueron provocados a propósito, pero se desconocen las causas.
Sin embargo, a la hora de presentar a los principales culpables que escapan de los tribunales, ecologistas y Guardia Civil coinciden. “Los principales agentes causantes de incendios son los cazadores, agricultores, ganaderos…”, afirma Soto. Atribuye a las quemas agrícolas y de rastrojos o para la obtención de pastos el primer lugar dentro de los responsables. Afirma que el uso cultural del fuego está muy arraigado en España y que “es muy difícil hacer cambiar de opinión a los agricultores, ganaderos… que hacen las cosas como se las vieron hacer a sus padres”.
Entre 1998 y 2003, el 31 por ciento de los incendios habrían tenido su origen en quemas agrícolas o para obtención de pastos, en los que el agricultor o ganadero se habría comportado negligentemente o directamente habrían abandonado el fuego, según el análisis que un informe Adena hace de los datos aportados por Medio Ambiente. Esto supone la mitad de los incendios con causas conocidas y la proporción es especialmente importante entre los incendios motivados por negligencias. Sin embargo, cuando la superficie afectada es grande, la incidencia de los incendios generados por este tipo de quemas disminuye. Sólo el siete por ciento de los grandes incendios ocurridos entre 1991 y 2004 estarían relacionados con quemas agrícolas o ganaderas. Según esos mismos datos, el 5 por ciento de los fuegos habrían sido causados para facilitar la caza y otro cinco por ciento se habrían prendido de la mano de pirómanos.
Los agricultores y ganaderos se defienden. Jose Antonio Miguel Mallestín, responsable del área de Medio Ambiente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón afirma que los agricultores son los mayores cuidadores del medio ambiente. “Son los más preocupados por los incendios y los más eficaces en extinguirlos cuando estos se producen”, asegura.
Para Miguel Mallestín, “e l principal responsable de los incendios forestales es la sequía. Después son responsables la falta de pastoreo y la falta de limpieza de nuestros montes”. Asegura que las quemas controladas además de limpiar para prevenir incendios, aportan materia orgánica y eliminan las plagas.
Los ecologistas también reclaman más inversión en el monte. Soto afirma “la climatología no tiene la culpa de los incendios, la culpa es de quien quema” pero pide que “se disminuya la biomasa del monte, que el monte se aproveche más y sus productos se hagan más rentables”. Denuncia que “el monte no recibe ayudas ni compensaciones por los beneficios que aporta. La sociedad no invierte en conservarlo.” Afirma que, por ejemplo, si la Administración aplicara el desbroce mecanizado de los montes, se evitarían muchos siniestros.
Soto afirma: “Es cierto que en el caso de los rayos, es un origen natural, pero si el monte no estuviera tan abandonado…” Alrededor del tres por ciento de los incendios tienen este origen.
La Guardia Civil apunta otras causas: las negligencias de los fumadores o en la quema de basuras y, dentro de los intencionados, los producidos por venganzas personales y los incendiarios. También presentes se encuentran otras causas como el vandalismo, hogueras negligentes, chispas generadas en las líneas de ferrocarril, motores o líneas eléctricas o para modificar el uso del suelo.
Según los ecologistas, en materia de legislación antiincendios no sólo el castigo penal deja que desear en materia de aplicación. Para Miguel Ángel Soto, al menos hasta ahora, las prohibiciones de edificar en terrenos arrasados por el fuego también ha sido burlada fácilmente. Considera una medida positiva que la nueva Ley de Montes prevea la prohibición de recalificar en 30 años suelos incendiados. Sin embargo, alberga dudas en cuanto al cumplimiento de esta norma. “Cuando pasan tres, cuatro o cinco años, ya nadie se acuerda de qué se ha quemado. El Ayuntamiento no hace cumplir la Ley. Haría falta que la Fiscalía y el Ministerio supieran que el terreno se quemó. ¿Quién va a acordarse?”
La aplicación de la ley y el castigo penal de los responsables, que los incendios dejen de ser sucesos para convertirse en delitos es algo fundamental, según los ecologistas, para frenar los siniestros que se producen cada año en España. Estos ámbitos, afirman, dejan bastante que desear; como en el caso de Yeste.
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