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Revista diciembre
 Los agentes forestales de Madrid se encuentran
 en "peligro de extinción"
Edición diciembre 2007


Ambientum ha entrevistado a Francisco J. Cabezos, coordinador Estatal Agentes Forestales/Medioambientales CCOO para comprender mejor la situación a la que se enfrenta su colectivo en Madrid, tras la aprobación de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, cuyo polémico artículo 9 dice que "Los Agentes Forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales".

Ley 3/2007: una ley contra el medio ambiente de la Comunidad de Madrid

Pregunta. En primer lugar nos gustaría que nos resumiese la problemática actual a la que se enfrentan los agentes forestales en Madrid.

Respuesta.
No podemos realizar informes de corta, poda y aprovechamientos de los montes, tampoco autorizar a los propietarios a quemar los restos vegetales producto de estas operaciones, sistema por el que opta la Comunidad de Madrid y que no es el más apropiado para evitar lanzar a la atmósfera CO2 contribuyendo de este modo al cambio climático; no podemos facilitar numerosos trámites burocráticos a ciudadanos del ámbito rural. La caza no está siendo controlada, por lo tanto furtivos y desaprensivos campan a sus anchas. No realizamos seguimientos de las poblaciones de especies de fauna y flora, muchas de ellas protegidas; tampoco realizamos los seguimientos de plagas y enfermedades que atacan a las masas forestales. Vertidos ilegales, captaciones de agua, construcciones… todo esto, entre otras cosas, ha dejado de estar sujeto a vigilancia y supervisión de los agentes forestales desde el 25 de julio

P. ¿Por qué ocurre esto en Madrid y no en otras Comunidades?

R. Todo parece indicar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tratado de preservar intereses particulares y unos falsos privilegios que algunos creen poseer y todo ello en contra del interés general de todos los ciudadanos. De igual modo la presidenta Aguirre, está defendiendo más allá de lo razonable la propiedad privada, situando este derecho, que nadie discute, muy por encima del derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado. También trata, manipulando descaradamente, de equiparar domicilio a propiedad privada.
En otras Comunidades no han confundido gobernar con hacer lo que les “pete”, como dijo públicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid.

P. En julio se aprobó la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Comunidad de Madrid que limita las competencias de los agentes forestales y les obliga a solicitar autorización judicial para entrar en fincas privadas, ¿cómo ha sido su trabajo desde entonces?

R.
Esta Ley prácticamente ha maniatado la labor de los Agentes Forestales en sus funciones de policía, inspección, vigilancia y control de medio ambiente, pues no hay que olvidar que aproximadamente el 74% de los montes y terrenos forestales de la región son de propiedad privada [ver mapa]. Otro aspecto a destacar es la absoluta indefensión jurídica a la que se han visto sometidos los guardabosques madrileños, que sienten sobre sus cabezas una especie de espada de Damocles que puede cercenar su profesión, su trabajo y su propia integridad.

P. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 23 de noviembre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ministerio de Medio Ambiente al artículo 9 de dicha ley, porque incumple la Ley estatal de Montes en cuanto a que ésta dota a los agentes forestales de la condición de agentes de la autoridad y de la policía administrativa forestal. Si esto prospera, ¿cuándo recuperarían su situación anterior a la Ley de Aguirre?

R. Extremo éste, el de agentes de la autoridad, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid trató de eliminar en el primer borrador de la ley y que logramos parar gracias a las movilizaciones. La ley 43/2003 de Montes, también es explícita en lo referente a la entrada en montes con independencia de su titularidad que dice “Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones”.

De momento la admisión a trámite ha encauzado el asunto y en cuanto se publique en el BOE volveremos a desempeñar todas nuestras funciones tal y como lo venimos haciendo desde hace 130 años. Confiamos que el auto definitivo, que puede producirse en un plazo no superior a 6 meses, sea claro y mantenga la paralización en tanto se sustancie el fondo del recurso.

Tribunal Constitucional admite recurso de agentes forestales

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