En
España, al igual que en otros muchos países
en los que las precipitaciones son escasas e irregulares pero
el clima es muy apto para la agricultura, comienza a partir
de los años 50 la explotación de los acuíferos
subterráneos, debido principalmente a los avances tecnológicos
en esta materia. La aparición de pozos no respondió
a ninguna planificación previa, sino que los propios
agricultores son los que, apercibiéndose de las posibilidades
existentes, se dedicaron a abrir nuevos pozos junto a sus
cultivos.
Actualmente en España, la extracción de aguas
subterráneas supone el suministro aproximado de 5.500
hm3, de los cuales unos 1.500 se destinan al abastecimiento
de agua potable a las poblaciones, y el resto a riegos agrícolas
que abarcan una superficie de un millón de hectáreas.
Esta cantidad asciende a cerca de la tercera parte del total
de agua suministrada en el caso de urbanas e industriales
y a la cuarta parte de la agrícola, lo cual supone
un global de 12 millones de habitantes suministrados a partir
de acuíferos subterráneos.
Debido
a una serie de actuaciones incontroladas por parte de
algunos usuarios, algunos acuíferos se encuentran
sobreexplotados, dando lugar a diversos problemas como
agotamiento de las reservas, deterioro de la calidad del
agua, contaminación, etc. El problema de la sobreexplotación
afecta a un gran número de acuíferos utilizados
como fuente de suministro de agua potable. Las estimaciones
actuales cifran en 58 las unidades hidrológicas,
entre el 20 y 30 % de los recursos, que ven amenazada
su sostenibilidad.La protección de las aguas subterráneas
frente a usos indebidos y excesivos queda actualmente
contemplada en la Directiva Europea 80/68/CEE. Según
ésta, la integración de las aguas subterráneas
en la gestión hídrica, la preservación
de la calidad frente a la contaminación y la optimización
de los actuales aprovechamientos son las tres condiciones
para aumentar la disponibilidad de recursos hídricos
y, por consiguiente, para reducir el uso indiscriminado
de las aguas subterráneas.
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| Tablas
de Daimiel |
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La sobreexplotación de un acuífero se produce
por una diferencia entre el rápido consumo de agua
y la lenta capacidad de recarga del mismo, sobre todo en tiempos
de sequía. En acuíferos costeros provoca la
invasión de agua salada, como está sucediendo
en muchos puntos de la costa mediterránea, inutilizándolos
para el consumo tanto urbano como agrícola, además
de desequilibrar el ecosistema donde esté integrado.
Cabe citar el caso de las Tablas de Daimiel donde la sobreexplotación
de los acuíferos provocó hace pocos años
el secado de ciertas áreas, con el consiguiente impacto
medioambiental.
El otro problema principal es el generado por actividades
urbanas, industriales o agrícolas que polucionan los
acuíferos. La contaminación podrá aparecer
de forma difusa, lenta y continua en grandes áreas,
provocada por el empleo excesivo de fertilizantes, nitratos
y pesticidas, invasión de aguas salinas, etc. o, por
el contrario, de forma puntual junto a instalaciones potencialmente
contaminantes como vertederos de residuos urbanos o industriales,
balsas de minas, gasolineras, acumulaciones de purines, fosas
sépticas, etc.
En España, aproximadamente la mitad de los sistemas
acuíferos existentes presentan concentraciones puntuales
de nitratos superiores a los 50 mg/l, cifra que fija la reglamentación
para el agua de consumo humano. Los acuíferos más
dañados por este fenómeno son los de la costa
mediterránea, las cuencas de los ríos Guadiana
y Júcar, así como zonas puntuales de Badajoz,
Ciudad Real, Baleares, Tenerife y Gran Canaria. Por otro lado,
la salinización de acuíferos se está
produciendo en toda la vertiente mediterránea, desde
Gerona hasta Málaga y, de ahí hasta Huelva,
sumándose puntos concretos de Asturias, Cantabria,
País Vasco y los archipiélagos Balear y Canario.
En cualquier caso, la explotación incorrecta de las
aguas subterráneas se ve agravada por la dificultad
que conlleva el diagnóstico de la misma o porque el
problema no se hace evidente.
Para
cualquier planteamiento futuro en lo referente a las aguas
subterráneas el quinto programa comunitario en
materia de medio ambiente señala una serie de principios
básicos entre los que podemos citar los siguientes:
uso sostenible, de manera que los acuíferos tengan
una explotación equilibrada y que no de lugar a
una destrucción de los mismos, una gestión
integral que contemple tanto las aguas subterráneas
como superficiales, conservación del recurso, protección
frente a la contaminación, etc.
El primer paso en la gestión de las aguas subterráneas
es el control y seguimiento de su calidad y cantidad.
En España existen actualmente más de 11.000
puntos de análisis de los cuales 6.000 son empleados
periódicamente. En este sentido cabe citar la "Red
ICA Subterránea", inaugurada en 1995 por el
Área de Calidad de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, formada en la actualidad
por 154 puntos de control, con el objetivo de caracterizar
las aguas subterráneas de la cuenca y detectar
los posibles casos de contaminación.
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| Manantial
de afloramiento de aguas subterráneas |
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El
proceso de contaminación de un acuífero es lento,
principalmente debido al lento ritmo de renovación
de las aguas subterráneas. Además, una vez contaminadas,
su depuración es complicada, lenta y costosa. Los procesos
naturales de autodepuración son limitados, consisten
en filtrados a través del subsuelo, además de
procesos naturales de neutralización, oxidación,
reducción, etc. que degradan los agentes contaminantes,
los cuales siempre dependen de la geomorfología del
terreno. Por ejemplo, los terrenos arcillosos son más
resistentes a la contaminación que los calcáreos.
Por otro lado, los procedimientos forzados se basan principalmente
en extraer el agua para su depuración y posterior inyección
al terreno.
Ya que es imprescindible el empleo de estos recursos subterráneos
en muchas zonas, la mejor manera de preservarlos es a través
de una gestión coordinada que garantice una explotación
racional, realizando controles sobre la calidad de las aguas
y los posibles focos contaminantes.
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