En las calles de nuestra ciudad nos encontramos, en múltiples ocasiones, con vehículos que han sido abandonados, tanto por sus dueños cuando a estos ya no le son de utilidad, como los que han sido robados. Se caracterizan por estar cubiertos de una capa de suciedad provocada por el desuso, atrayendo después actitudes vandálicas que se ceban en el vehículo; pinchazos, cristales rotos, golpes, etc, quedando en la vía pública un perfecto pedazo de chatarra.

El abandono de vehículos es un gran síntoma de incivismo con los demás ciudadanos; por un lado es una fuente de suciedad y contaminación, tanto física como visual y, por otro, está restando una plaza de aparcamiento a los demás coches, lo cual, en determinadas poblaciones es un auténtico problema.

Este problema, en el caso de abandono, no existiría si el propietario tramitase la correspondiente baja en su Jefatura Provincial de Tráfico y lo trasladase a un desguace.

Según lo dispuesto en el artículo 3 a) de la Ley de Residuos de 10/1998, de 21 de abril, los vehículos abandonados en la vía

Tráfico ciudadano.

pública son considerados como residuos sólidos urbanos y, como tales, son los entes locales quienes deben encontrar soluciones para su correcta recogida, tratamiento y eliminación. La ley, aplicando el precepto de quién contamina paga, establece multas entre 100.000 y 500.000 pesetas por abandonar residuos como la batería, el líquido, el aceite y demás fluidos que en un coche en estado de abandono son altamente contaminantes.

Por este motivo, son varios los ayuntamientos que ya han tomado cartas

en el asunto, poniendo en marcha diversos planes de actuación con el fin de evitar la acumulación de estos coches, ya sean robados o abandonados.

El primer paso es crear el marco legal de actuación, con el objetivo de prevenir futuras actuaciones legales de los dueños contra los propios ayuntamientos. Esto se consigue mediante la aprobación de ordenanzas municipales que definan a la perfección los pasos a seguir para la retirada y eliminación de estos residuos. Estos se agrupan en cuatro partes; identificación del vehículo, notificación al dueño de su retirada en un plazo de tiempo, métodos de retirada y depósito y, por último, sistemas de eliminación.

Cada ayuntamiento que se determina a actuar en este campo sigue sus propias pautas de actuación, pero básicamente son las siguientes: