la Comisión Europea adoptó una serie de medidas para controlar el tráfico marítimo, un fondo de compensación para la contaminación por petróleo y una Agencia Europea para la Seguridad Marítima. A través de estas medidas se pretende que el medio ambiente marino y el litoral europeo queden protegidos.

Las medidas preventivas adoptadas por la Comisión Europea se encaminan hacia un control más estricto del tráfico marítimo, implantación de sistemas de notificación de los buques que naveguen por aguas europeas, incorporación de cajas negras similares a los aviones, sistemas automáticos de identificación, etc., mejora de las compensaciones por contaminación del litoral, creando un fondo de previsión financiado por las empresas europeas importadoras de petróleo que cubran hasta un billón de euros los daños ocasionados, actualmente 200 millones, y, por último, el establecimiento de una Agencia Marítima Europea de Seguridad, con el objetivo de elaborar normas de seguridad y velar por su cumplimiento, así como apoyar a los estados miembros en su aplicación y control.

Por otro lado, y para evitar los efectos devastadores de los naufragios, encallamientos, colisiones, etc. la normativa internacional básica obliga a partir del año 2015, actualmente solo lo recomienda, a la construcción de buques con doble casco, entre otras medidas de seguridad y calidad en la construcción.

Las medidas adoptadas por la Comisión Europea tienen una importancia notable si tenemos en cuenta que la flota mundial industrial está formada por unas 105.000 embarcaciones, de las que 40.000 son

mercantes que emplean hidrocarburos como medio de propulsión, a las que hay que sumar 22.000 unidades militares, siguiendo estas cifras en aumento.

A pesar de todas estas medidas, existen los países con las denominadas banderas de conveniencia; Liberia, Malta, Chipre, Panamá, etc. Estos no han suscrito los acuerdos internacionales en materia naval, siendo más económico y sencillo el conseguir en ellos las oportunas licencias de navegación para los barcos. De este modo, además de obtener contraprestaciones fiscales, las compañías navieras prescinden de la mayoría de medidas de seguridad en los buques.

Ante lo expuesto no cabe duda de que el mar está seriamente en peligro. Deben existir leyes internacionales que regulen el tráfico y el uso marítimo. Por el bien económico de unos, el efecto de un desastre puede ser muy perjudicial sobre una gran mayoría de población humana y, totalmente devastador sobre la comunidad animal y vegetal del entorno.

Redacción Ambientum