Desde
hace unos meses se ha presentado a la sociedad un nuevo problema que
afecta directamente a la salud del hombre; el conocido "mal de las
vacas locas", técnicamente denominado Encefalitis Espongiforme Bovina,
EEB, cuya versión humana se conoce por el mal de "Creutzfelst-Jacob".
Esta enfermedad fue reconocida por primera vez en 1995, y más de 35
personas han muerto por ella únicamente en Gran Bretaña.
En la actualidad, los cálculos de cuántas personas puedan estar afectadas
por el mal varían ampliamente. Este problema abarca a multitud de
países donde se han detectado estos casos; Gran Bretaña, Bélgica,
Holanda, Francia, Dinamarca, España, Portugal, Liechtenstein, Luxemburgo
y Suiza, y a otros muchos, sobre todo en Sudamérica y África, que
han realizado importaciones de animales desde estos países, principalmente
Gran Bretaña.
En España, en el mes de mayo se ha detectado el último caso de vaca
loca, |
concretamente
en Castilla-la Mancha, Cardiel de los Montes, Toledo. Con este se
eleva a 45 el número de casos en España. Como consecuencia directa,
el resto de las 704 reses de la explotación ganadera deben ser sacrificados,
y su propietario será indemnizado con 200 millones de pesetas.
La eliminación de los residuos creados en este tipo de acciones debe
realizarse según métodos adecuados; en planta de incineración o mediante
enterramientos controlados, si en la zona se carece de la misma. Las
políticas actuales son las de fomentar y construir instalaciones para
su correcta eliminación cumpliendo con todos los requisitos higiénico
ambientales.
Además de los riesgos sanitarios en la población vacuna y humana,
otro aspecto importantísimo es el impacto económico generado por una
crisis de semejante índole, donde una industria paralela y de apoyo
a la ganadera presenta pérdidas económicas importantísimas. La Comisión
Europea sugirió, como medida para la
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estabilización
de los precios del vacuno el sacrificio de todas las reses mayores
de 30 meses para frenar la caída de precios y recuperar la confianza
del consumidor. Aplicando esta medida, supondría el sacrificio de
dos millones de cabezas de ganado en todo el ámbito comunitario.
La Comisión Europea ha incrementado en unos 1.000 millones de euros
el presupuesto agrícola comunitario de 2001, con el fin de hacer
frente al gasto resultante de la crisis de afecta al sector. Esto
se refiere a las inversiones necesarias en pruebas de detección
de la enfermedad, intervención pública de excedentes, dispositivos
para la matanza y la destrucción de animales, subvención a la exportación
y almacenamiento privado de la carne de vaca.
En España, según la organización agraria UPA, la eliminación de
los MER, nombre con que se denomina a este Material Especifico de
Riesgo, ocasionará a los ganaderos un coste total de 11.300 millones
de pesetas anuales.
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