El
sector de la agricultura es el más relevante, tanto en ocupación del
terreno como en consumo de agua, cercano al 80 %. El regadío español
presenta un futuro incierto, muy ligado a la rentabilidad, la competitividad
y la apertura de mercados, y el agua es un factor clave en
este
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conflicto de intereses. España es uno de los países mas áridos de
Europa y en estas condiciones el agua es un valor escaso y codiciado,
por lo que, histó-ricamente, su reparto y su gestión han sido un
tema polémico entre los agri-cultores, propietarios, administración,
etc.
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La
gestión pública del agua está muy condicionada por los parámetros
naturales de nuestros territorios. Mientras en la cornisa cantábrica
el valor medio de escorrentía anual supera los 700 mm/año, el resto
de cuencas no supera los 250 mm/año y la cuenca del Segura no llega
a 50 mm/año. A estas diferencias geográficas hay que añadir las
diferencia estacionales de las precipitaciones y de la evaporación,
etc. Todo ello pone de manifiesto la importancia de replantearse
el papel de esta agua en la planificación hidrológica, principalmente
en las cuencas que presentan los mayores problemas. El Plan Hidrológico
Nacional ha sido estudiado hace ya muchos años, pero no ha sido
hasta ahora en que ha tomado carta de naturaleza, avanzando estadios
de discusión, análisis, etc. al de aprobaciones, leyes y decretos.
Creo
que, desde el punto de vista esencial nadie cuestiona la necesidad
de equilibrar los recursos y crear riqueza en el país. El problema
se centra en los medios a utilizar, la sistemática, compensaciones
de las áreas que ceden recursos sobre las que los reciben, amén
de problemas secundarios de cierta gravedad, aunque de pequeña extensión
que se generan.
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