Los técnicos de WWF en Doñana han dado la voz de alarma sobre una nueva balsa ilegal que se viene construyendo con total impunidad en el Arroyo de la Cañada. El agua captada serviría para el regadío de un cultivo no autorizado en una finca colindante. Esta mañana miembros del SEPRONA acudían a la zona para levantar acta y comenzar las investigaciones pertinentes.

La balsa afecta de manera directa al cauce del arroyo, uno de los principales corredores del plan de la fresa y que vierte a la marisma de Doñana. El arroyo se encuentra clasificado como Zona A ("zona de protección de recursos naturales") dentro del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (POTAD). Se trata del mayor nivel de protección, por el que queda completamente prohibida la transformación e implantación de nuevos usos agrícolas. 

Por otra parte, esta acumulación de agua pretendía servir para regar 5 hectáreas de una plantación cercana de caqui, un regadío completamente ilegal, ya que se localiza en una zona estipulada para cultivos de secano, que abarca parte de un terreno de Dominio Público Hidráulico y que, además, está dentro del ámbito de los Montes Públicos de Almonte, propiedad del Ayuntamiento.

Delito ambiental

La construcción de una balsa de estas características supone un delito ambiental. Lo más preocupante es el efecto acumulativo que este tipo de operaciones tienen sobre Doñana. El pasado año, WWF denunciaba la aparición de una gran balsa de riego sin autorización, en esta misma zona, a escasos 200 metros de la actual, también dentro del término municipal de Almonte (Huelva).

Según Eva Hernández, responsable del Programa de Doñana de WWF: "El arroyo de La Cañada es una de las principales propuestas de corredor ecológico para el futuro plan especial de la fresa, y sin embargo continúan apareciendo casos de graves delitos ambientales en su cauce. Es urgente que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto".

Hernández afirma: "Ni la Junta de Andalucía ni el propio Ayuntamiento de Almonte, en este caso propietario de los terrenos, controlan las ilegalidades en un entorno privilegiado como Doñana. Estas actuaciones demuestran la falta de vigilancia ambiental en la zona y el desinterés de las administraciones por proteger el futuro de uno de los mayores motores económicos de la región".