El día 3 de diciembre se cumplieron 25 años de uno de los peores accidentes tóxicos de la historia. Ocurrió en 1984 en Bhopal (India) muriendo miles de personas y habiendo aún miles de afectados.

El accidente fue consecuencia de una incorrecta gestión de las tareas de limpieza y mantenimiento en la planta química que la multinacional estadounidense Union Carbide poseía en la ciudad india de Bhopal, ya que diferentes productos químicos entraron  en contacto con el agua en uno de los tanques. El gas tóxico derivado de la  fuga de 42 toneladas de un producto utilizado en la elaboración de plaguicidas, el metil isocianato, entró en contacto con la atmósfera invadiendo la zona y matando  y lesionando a miles de personas.

Posteriormente la fábrica fue comprada por Dow Chemical, pero el lugar, 25 años después de la catástrofe, sigue contaminado.  Los materiales tóxicos siguen amontonados sin control,  a pocos metros donde viven personas, juegan niños y pastan animales.

El coportavoz de la organización ecologista y de Berdeak-Los Verdes, Florent Marcellesi, afirma que “una segunda generación de víctimas, los hijos de Bhopal, recuerdan a las personas que defienden los derechos humanos, ambientales y laborales que ésta es una lucha global y sin fin en contra de la impunidad de quienes dañan, por lucro, a otros seres humanos, a la bioesfera en general y al medio ambiente del que depende la vida. Dow Chemical está obligada a resarcir a las víctimas, a procurarles la atención médica que necesiten así como a sus hijos nacidos con afectaciones y a limpiar el lugar de los productos tóxicos que aún existen allí y que continúan contaminando el entorno, como los acuíferos que necesita la población”
 
Para la Coordinadora Verde, casos como el de Bhopal exigen la creación de un organismo internacional que vele por el cumplimiento y el control de medidas medioambientales preventivas iguales en cualquier parte del mundo, para que las empresas transnacionales no puedan abusar de la falta de legislación o la laxitud en su cumplimiento en países del Sur. Ese mismo organismo debería exigir el cumplimiento de responsabilidades a las corporaciones causantes de tragedias humanas y ambientales allí donde se encuentren, con independencia del país en que estén implantadas.