Además de considerarla “ilegal”, la asociación ecologista no entiendo como Coalición Canaria “puede defender una desprotección de la fauna y flora sin ningún informe técnico que demuestre que esta acción no supondrá un riesgo para la extinción de estas especies”.

“Errores”

A la hora de realizar esta nueva propuesta de ley, el Gobierno canario, afirma la organización científica, se ha olvidado de algunos de los puntos básicos que indican la ley estatal y la europea.

Según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, no se pueden rebajar las categorías actuales de los taxones incluidos en el catálogo estatal hasta que no ocurra su revisión. Pero el proyecto de ley rebaja la categoría de protección de nueve especies de aves. Entre ellas, la avutarda hubara, el paíño pechialbo, el corredor sahariano o la tarabilla canaria. Y deja fuera a casi una veintena de especies.

Otro de los “fallos” que achacan desde la asociación a la reclasificación de las especies amenazadas es que crea una nueva categoría llamada de Interés para los ecosistemas canarios. En esta nueva clase se deberían incluir las especies no amenazadas, pero que sí necesitan una atención particular por su importancia ecológica en la red canaria de espacios naturales protegidos o de la red Natura 2000.

El problema de esta nueva designación, afirma SEO, viene al señalar que la protección de dichas especies sólo se aplicará en esos espacios protegidos, contraviniendo con ello la Ley estatal, que no especifica ni limita el ámbito de aplicación.

"Así, las especies incluidas en este listado que se encuentren fuera de espacios protegidos, como es el caso de la seba en Granadilla de Abona (Tenerife), quedarán desprotegidas" y, por tanto, expuestas a desaparecer ante proyectos como el puerto de Granadilla. Para los ecologistas, “se da el caso de que la protección de un ave irá variando dependiendo en cada momento de si se encuentra sobrevolando o no un espacio protegido”.

Motivos de esta Ley

Para SEO, “lo que pretende Coalición Canaria es rebajar un número importante de especies actualmente amenazadas y que en muchos casos son un “obstáculo” para la ejecución de grandes proyectos de interés público y privado”.

También han declarado que “la fórmula utilizada para aprobar este catálogo hace pensar en la poca o ninguna voluntad de hacer de este catálogo una herramienta flexible para variar la categoría de las especies”. Así, cualquier tipo de modificación deberá hacerse mediante la figura de decreto de Gobierno, sin dar la posibilidad a los ciudadanos u organizaciones de iniciar cualquier tipo de procedimiento al respecto.

SEO/BirdLife se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente para solicitar que en caso de que la proposición de ley sea aprobada, el Gobierno de España la recurra ante el Tribunal Constitucional.