Esta normativa, presentada a finales de enero por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, supondrá dejar de primar a las energías renovables con cargo a los presupuestos, lo que conllevará un ahorro a las arcas del Estado de unos 7.220 millones de euros destinados a las primas al régimen especial en 2012.

Según detalló Soria, esta suspensión evitará la instalación con primas de 500 megavatios (MW) renovables que se encontraban a la espera de entrar en el registro, lo que evitará el pago de incentivos por 160 millones de euros al año sin perjudicar con ello ni al sistema eléctrico, que tiene suficiente capacidad instalada para hacer frente a la demanda, ni al cumplimiento de los objetivos renovables de la UE, según el ministro.

El objetivo que persigue la moratoria es contribuir a la reducción del déficit marcado por el Ejecutivo central, al poner "un freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico", y forma parte, según el titular de Industria, de una reforma más amplia del sector energético.

Retirar la medida

Sin embargo, desde el PSOE critican que esta decisión afectará a unos 50.000 empleos directos y a todo el empleo inducido que se genera alrededor del sector de las renovables, por lo que exigirán al Gobierno que retire el real decreto y que abra un proceso de diálogo con comunidades autónomas, ayuntamientos, sindicatos, ONG y el sector, tanto en su vertiente energética como en la industrial".

De esta manera, aseguran los socialistas, se podrá negociar para consensuar una estrategia de país sobre el modelo energético sin "poner en riesgo" las "estrategias territoriales vinculadas al desarrollo económico y al empleo" y sin perder la posición "estratégica" de España a escala internacional.

Decisión irresponsable

Tampoco a la Izquierda Plural le gusta la decisión adoptada por el Gobierno. La diputada de ICV y portavoz del grupo, Laia Ortiz, calificó de "aberración" e "irresponsabilidad" la decisión del Gobierno, tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el económico.

Además, criticó el carácter "unilateral" de la decisión y consideró que supone una "involución" para el país y seguir apostando por un modelo energético basado en los combustibles fósiles, lo que a su juicio sólo se explica por la voluntad del Ejecutivo "popular" de mantener los privilegios tanto a las eléctricas como al sector nuclear e hidráulico.

Por su parte, UPyD no apoyará la iniciativa, aunque desde el Grupo han indicado a Europa Press que aún está por decidir si votarán en contra o se abstendrán.