Manuel Vidal Suárez y María Dolores Vidal Mariño han comparecido en el juzgado de Truro en Cornualles (Reino Unido) junto con los armadores por "estar involucrados en la falsificación de documentación oficial”. La denuncia se realizó cuando en una inspección se detectó que los libros de registro y las declaraciones de desembarco de los dos buques habían sido falsificadas con el fin de ocultar las cantidades de pescado capturado en aguas del Reino Unido.

La sentencia señala que estas compañías “han abusado de manera sistemática, reiterada y cínica del sistema del cuotas de la Unión Europea (UE) durante unos 18 meses”. Además el stock de merluza, especie objetivo sobre la que se realizó la pesca ilegal, se encontraba al borde del colapso y el cumplimiento de las cuotas era una medida crucial para la supervivencia si la especie.

"Es alentador ver cómo se hace justicia contra aquellos que pescan ilegalmente como la familia Vidal. Sin embargo, este es un solo caso más de cómo las normas de pesca son una farsa en Europa”, ha declarado Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace. "Bajo la política actual, la familia Vidal es el ejemplo de cómo una armadora española se puede permitir pescar con sus barcos con pabellón del Reino Unido, con cuotas de Reino Unido, y con enormes subvenciones de la Unión Europea y del Gobierno español”.

Greenpeace ha denunciado en numerosas ocasiones la larga historia de actividades de pesca ilegal de las empresas de la familia Vidal, sus procesamientos y condenas y sus exitosos intentos para evitar la justicia, así como el continuo fracaso del Gobierno español para hacer frente a un problema que se ha denunciado en numerosas ocasiones. Esta empresa ha recibido en los últimos años cerca de 16 millones de euros en subvenciones y que, a pesar de ser denunciada en 2009 por pesca ilegal, la Xunta y el Gobierno le han seguido concediendo subvenciones, en concreto en 2010 una de 6,5 millones de euros para abrir una fábrica de aceite de pescado omega 3, a pesar de que al menos siete de sus buques han sido condenados.

Este ejemplo es una clara evidencia del fracaso de la anterior Política Pesquera Común (PPC), que no solo no es capaz de vigilar la sobrepesca en el Atlántico y el Mediterráneo, sino que además la fomenta a través de subsidios. Bajo esta normativa aquellos que incumplen las normas de conservación siguen recibiendo millones de euros en subsidios. La reforma de la PPC es una oportunidad para los océanos, las pesquerías y quienes viven de ellas. Los Gobiernos europeos deben fomentar la pesca artesanal y sostenible.

“Greenpeace demanda una completa investigación de la UE a las subvenciones concedidas al sector pesquero y exige que en la reforma de la política pesquera común (PPC) las subvenciones se otorguen a aquellas practicas pesqueras más sostenibles”, ha concluido Ojeda.